El avance de un severo proyecto de ley para controlar la inmigración en Alabama dispara los temores de que el resto de Estados Unidos siga el mismo camino.
El polémico proyecto de ley en Alabama le da autoridad a la policía local para exigir a extranjeros pruebas de estar autorizados legalmente para trabajar, y pueden castigar a sus empleadores si cuentan con indocumentados en sus empresas.
En entrevista con IPS, Marc Rosenblum, analista del independiente Instituto de Políticas sobre Migraciones, explicó cómo el proyecto de Alabama probablemente afecte la política migratoria en otros estados también, posiblemente desencadenando una nueva ola de prejuicios raciales en toda la nación.
IPS: ¿Qué consecuencias tendrá la legislación a punto de ser aprobada en Alabama?
MARC ROSENBLUM: La Cámara de Representantes de Alabama aprobó el proyecto de ley HB56, inspirado en la ley SB1070 de Arizona. Si es aprobada por el Senado de Alabama y firmada por el gobernador, como se espera, convertiría en delito federal la presencia indocumentada (de un extranjero) y obligaría a las fuerzas de seguridad a investigar el estatus de las personas que sospechen no tienen autorización.
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La ley también impondría nuevas penas estaduales contra las personas que contraten o transporten a inmigrantes indocumentados.
IPS: ¿Cree que este proyecto de ley podría llevar a que se incurra en racismo a la hora de hacer el perfil de un sospechoso?
MR: La ley de Alabama requerirá a los oficiales de seguridad que determinen el estatus inmigratorio de cualquier persona que demoren o detengan "cuando existan sospechas razonables de que es un extranjero sin autorización", así como de cualquier otro arrestado en el estado.
Aunque la ley establece las condiciones bajo las cuales no se debería sospechar de una persona, no especifica los parámetros para una sospecha razonable.
La ley prohibiría a los funcionarios caer en los perfiles raciales, pero su amplio mandato permitirá que algunos tengan en cuenta, al menos en parte, la raza o cuando decidan investigar o el estatus inmigratorio de una persona. IPS: ¿Se pueden esperar similares leyes en grandes polos de inmigración, como Nueva York?
MR: Alrededor de una decena de estados ya están considerando medidas inspiradas en la ley SB1070 de Arizona. La mayoría de los esfuerzos legislativos están concentrados en el sudeste, incluyendo Alabama, que ha experimentado un auge en la nueva inmigración durante las últimas dos décadas.
Aunque ya se han redactado leyes inmigratorias en destinos más establecidos como California (sudoeste), Texas (sur) y Florida (sudeste), la oposición a medidas como las de Arizona por parte de la comunidad de inmigrantes y empresarios impedirá que pasen a esos estados.
IPS: ¿Cuáles son los temas más importantes en relación a la inmigración en Estados Unidos?
MR: El debate sobre inmigración se ha concentrado en tres asuntos fundamentales durante la mayor parte de la última década: qué hacer con los alrededor de 11 millones de inmigrantes no autorizados que viven hoy en Estado Unidos, cómo prevenir nueva inmigración ilegal y cómo asegurar que el sistema brinde las oportunidades adecuadas para que empleadores contraten a los trabajadores necesarios y para que los ciudadanos estadounidenses y residentes legales soliciten la admisión de sus familiares que viven en el exterior.
Si bien toda la actividad política y legislativa actualmente se desarrolla en los congresos estaduales, estos temas tan importantes no serán resueltos hasta que los políticos en Washington diriman sus profundas diferencias filosóficas.
IPS: Algunos arguyen que las leyes antiinmigración son una política perjudicial para la economía.
MR: Estados Unidos se beneficia económicamente de la inmigración. Mientras los extranjeros altamente calificados hacen las contribuciones económicas más importantes, incluyendo emprendimientos e innovación, los poco calificados también hacen importantes aportes estimulando el consumo y las inversiones, y proveyendo la necesaria flexibilidad del mercado laboral.
Pero la inmigración también tiene efectos distributivos, y una inmigración excesiva agota los servicios públicos y presiona a la baja los salarios. El desafío es, por tanto, diseñar políticas que admitan e incluso estimulen el ingreso de inmigrantes, pero prevengan la inmigración no deseada.
IPS: El Congreso legislativo se resistirá a tratar cualquier tema polémico en 2012 debido a que se celebrarán elecciones presidenciales. ¿Podemos esperar una significativa reforma migratoria nacional este año?
MR: Los miembros del Congreso y el presidente (Barack) Obama sufren presiones opuestas sobre el tema de las políticas migratorias. Por un lado, hay un propagado apoyo público a una justa y práctica reforma migratoria. Muchos votantes hispanos en particular consideran que una "completa reforma migratoria", incluyendo provisiones en la legislación, es una prioridad de cara a las elecciones de 2012.
Por el otro lado, una minoría de votantes se oponen fuertemente a cualquier legislación que favorezca medidas más severas contra la inmigración, incluyendo un más amplio papel para el estado y las agencias del orden, como establece el proyecto en Alabama.
El respaldo a los controles a la inmigración está especialmente propagado entre votantes conservadores, y la mayoría de los congresistas republicanos seguramente se opondrán a casi cualquier proyecto, lo que hace improbable una reforma significativa este año.
