«No tenemos dónde cosechar maíz, no tenemos nada», dijo a IPS el campesino Jorge Chocoj, mientras aguardaba junto a sus tres hijos y su esposa que la policía los expulsara de la finca San Pablo Pamoxan, en el noroccidental departamento guatemalteco de Alta Verapaz.
Los desalojos policiales comenzaron nueve días antes.
En la madrugada del 15 de marzo, más de 1.000 policías y soldados llegaron al Valle del Polochic, en el municipio de Panzós, Alta Verapaz, para expulsar a más de 3.000 indígenas kekchíes que ocupaban fincas reclamadas como propias por empresarios agrícolas.
Las fuerzas de seguridad quemaron o derribaron con topadoras las humildes viviendas y destruyeron con machetes y tractores las siembras de subsistencia. En la refriega, una decena de agricultores fueron heridos, y murió Juan Antonio Beb Ac, de 30 años, lo cual provocó una ola de repudios.
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El desplazamiento de campesinos en Alta Verapaz expone la intensa conflictividad agraria de Guatemala, ante la cual el gobierno de Álvaro Colom sólo anuncia más desalojos.
No hay certeza de que los empresarios que reclaman predios en el Valle del Polochic sean sus propietarios. Desde tiempos de la colonia española se mantiene allí la práctica del colonato, con sucesivas generaciones de campesinos reivindicando derechos sobre esos suelos.
"Se debe interrogar sobre la legitimidad de las propiedades, de la historia bajo la cual se crea la figura de propiedad privada sobre posesiones históricas", dijo a IPS la investigadora Laura Hurtado, de la filial guatemalteca de la organización no gubernamental ActionAid.
En cambio, desde 2005 es evidente la presión para ampliar los cultivos de caña de azúcar destinados a obtener alcohol carburante (etanol), que han experimentado un verdadero boom en el sur y buscan expandirse a otras áreas del país.
La caña es el segundo mayor cultivo de Guatemala después del café, y ocupaba 28,4 por ciento de las siembras permanentes de acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario, de 2003.
"En el Valle del Polochic los empresarios quieren más terrenos para sembrar caña", se quejó Carlos Barrientos, dirigente del Comité de Unidad Campesina. Esto "lleva a una situación muy difícil a las familias, porque ahora escasean los granos básicos y para sobrevivir se ven obligadas a ocupar tierras", dijo a IPS.
Para el director del Instituto de Estudios Interétnicos de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala, Eduardo Sacayón, "estamos viendo una política de gobierno que trata de responder a algunos intereses de los sectores hegemónicos".
Pero la fiebre coyuntural de los agrocombustibles exacerba un problema añejo.
Casi 80 por ciento de las tierras productivas guatemaltecas están en manos de cinco por ciento de los 14 millones de habitantes. Mientras, la mitad de la población es pobre y 17 por ciento indigente, indican cifras de las Naciones Unidas.
Los acontecimientos de Alta Verapaz reflejan ese "postergado e histórico" conflicto agrario, según Sacayón.
El reparto de la tierra mereció medidas extremas en el pasado y dio pie a sangrientas guerras y golpes de Estado.
En 1952, el entonces presidente Jacobo Árbenz (1951-1954) puso en marcha una reforma agraria mediante la expropiación de tierras ociosas a grandes terratenientes para cederlas a campesinos desposeídos. Pero solo dos años después, Árbenz fue derrocado con la activa participación de Estados Unidos.
Pocos años después, la concentración agraria fue una de las causas de la guerra civil (1960-1996), que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos.
Para darle respuesta, los acuerdos de paz firmados en 1996 por la izquierdista e insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno incluyeron un capítulo de compromisos sociales, económicos y agrarios, hasta ahora sin resultados tangibles para los campesinos.
Para Sacayón, una reforma agraria "sería posible si lográramos una visión estratégica y articulada de campesinos, sindicalistas, incluso de algunos partidos políticos, pero por ahora solo se favorece a los grupos dominantes".
El desalojo en Alta Verapaz tiene ese "claro propósito", según el experto, pues "se plantea de manera muy evidente en el ámbito del proceso electoral que se avecina". Las elecciones generales se celebrarán en septiembre.
El gobierno "trata de decirle a la clase dominante del país, nosotros estamos con ustedes y no nos interesa resolver la demanda del campesinado, particularmente indígena", agregó.
De hecho, las autoridades no han ofrecido ninguna alternativa a las familias expulsadas. Algunas de ellas improvisaron refugios al costado de la carretera más cercana y piden víveres para subsistir, mientras la amenaza de más desalojos pende sobre otras comunidades.
Para Hurtado, la falta de voluntad gubernamental determinó que duerma en el parlamento el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral, así como la creación de un código y de tribunales agrarios para dirimir diferencias.
"Lo que más me preocupa es que se está dando un tratamiento exclusivamente penal a un problema social investigado y analizado por el Estado", agregó.
El dirigente campesino Barrientos recordó que los acuerdos de paz "hablan de democratizar el uso de la tierra pero, por el contrario, (ésta) se está reconcentrando como sucede en el Valle del Polochic".
Se requiere diálogo, el cese de los desalojos y solidaridad para los desamparados, reclamó.
