La demanda insatisfecha de agua potable en la central ciudad boliviana de Cochabamba no tiene salidas a la vista, 11 años después de que esta urbe ganara notoriedad internacional por una rebelión popular que frenó la privatización del servicio.
Mientras, el saneamiento cubre a 53 por ciento de los habitantes según el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa).
La empresa produce 20,6 millones de litros diarios y garantiza un servicio que no llega a 16 horas por día en esa ciudad de clima y topografía de valle, situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar.
Muchas veces el líquido es extraído de manera irregular del propio Semapa y luego vendido en camiones cisternas en los barrios más alejados, se quejó a Tierramérica una vecina que pidió guardar su identidad.
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Este estado de cosas en la tercera ciudad más importante de Bolivia, con una población de 680.597 habitantes, es resultado de una serie de experimentos fallidos que se iniciaron con un modelo de privatización que, tras un rechazo sin precedentes, derivó en el retorno del estatal Semapa.
La empresa del municipio local "requiere del apoyo del gobierno departamental y nacional" porque su economía, afectada por una pesada deuda, no puede asumir el desafío de invertir unos 170 millones de dólares requeridos para ampliar el servicio en los próximos cinco años, dijo a Tierramérica el gerente general del Semapa, Julio Vargas.
En 2010 la empresa logró remontar su situación deficitaria, pero "todavía no podemos decir que es una economía solvente", expresó.
En 2009, el déficit de caja de Semapa llegó a tres millones de dólares. Algunas de las irregularidades que generaron esas pérdidas fueron el robo de materiales, las compras de insumos con sobreprecios y la presencia en planillas de una cantidad de empleados que sin embargo no iban a trabajar.
Para equilibrar las finanzas fue necesario despedir a 150 personas, dijo Vargas. La empresa tiene hoy algo menos de cinco empleados por cada 1.000 conexiones domiciliarias, por encima del parámetro que se considera adecuado para la eficiencia operativa de los servicios hídricos en América Latina, de tres trabajadores por 1.000.
Bolivia tiene una de las coberturas de más bajas de la región: 85 por ciento de los habitantes tienen agua potable y 46 por ciento algún servicio de alcantarillado, indican datos de 2004 recabados por las Naciones Unidas.
Para este 22 de Marzo, Día Mundial del Agua, las Naciones Unidas eligieron el lema "Agua para las ciudades". Cada mes, cinco millones de personas se suman a las poblaciones urbanas en los países en desarrollo.
En Cochabamba, la única opción para satisfacer parcialmente la demanda de agua, es un proyecto para represar tres ríos de la cuenca del Misicuni, la construcción de un embalse que alimentará el consumo humano y el riego, y una central para generación hidroeléctrica.
El proyecto se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad y es administrado por la Empresa Misicuni, una entidad "público social" cuyo directorio se conforma con representantes del gobierno, de las alcaldías de la zona y de los usuarios del agua. Pero no entraría en funciones hasta 2013.
"En el caso boliviano, los modelos privado y estatal han fracasado", dijo a Tierramérica el investigador del Centro de Estudios Superiores Universitarios, Carlos Crespo, quien propone un sistema de administración descentralizado y dirigido por los propios consumidores.
La presencia del Estado imprime una centralización que se suma a una "forma de corrupción terrible" y que en Cochabamba terminó absorbiendo el control social de los ciudadanos, convirtiéndolos en clientes de esta irregular administración, opinó.
Crespo recoge una propuesta efectuada por vecinos de la zona sur de Cochabamba que quieren establecer una asociación, comprar el agua al Semapa o Misicuni y administrar ellos mismos el recurso, distribuyéndolo por cañería a los asociados.
Se trata de un modelo de administración más democrático y cara a cara, un rasgo que puede ser más eficiente que los anteriores, dijo Crespo.
La tendencia en el mundo es a la descentralización, apuntó, pero se necesita buscar modelos alternativos y combinados que eliminen la discrecionalidad.
El Semapa fue creado en julio de 1967 para prestar servicio en la provincia de Cercado, de la cual Cochabamba es capital, con una administración autónoma y descentralizada.
En 1999, el gobierno de Hugo Banzer (1971-1978 y 1997-2001) entregó en licitación el servicio que administraba el Semapa al consorcio Aguas del Tunari, conformado por International Water Limited, de Gran Bretaña, Edison, de Italia, Bechtel, de Estados Unidos, Abengoa, de España, y dos firmas bolivianas, ICE Ingenieros y Soboce.
El contrato de privatización, por 2.500 millones de dólares, preveía que Aguas del Turani proveería de agua potable y saneamiento a toda la población de Cochabamba, duplicando el área de cobertura, y produciría también energía eléctrica y riego para la zona.
Pero las autoridades aprobaron el contrato mediante una ley que concedía amplias facultades a la empresa para administrar recursos hídricos que ni siquiera tenía el Semapa, como las redes comunales de agua.
Ese factor y un elevado aumento de las tarifas de agua desataron la rebeldía popular en enero de 2000. Las protestas se prolongaron hasta abril, adquirieron repercusión nacional, con manifestaciones y bloqueo de carreteras, y fueron repelidas con la imposición del estado de sitio.
La represión terminó con un muerto y 30 heridos, pero al final los ejecutivos de Aguas del Turani dejaron el país y la polémica ley fue derogada por el Congreso legislativo.
El Semapa volvió a renacer de la mano del Estado, pero sus administradores priorizaron el pago de altos salarios al personal, no cumplieron el pedido popular de manejo transparente y olvidaron la creciente demanda.
En Cochabamba los usuarios pagan unos 80 centavos de dólar por metro cúbico de agua, según informó la empresa con datos del tercer trimestre de 2010. Pero los más pobres pagan precios varias veces superiores.
En el debate que se libra en diferentes círculos, algunos proponen la creación de una cooperativa. Para Vargas es inviable este camino, por la ausencia de una entidad que asuma la deuda del Semapa.
* Publicado originalmente el 19 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
