Camboya debe garantizar protección a solicitantes de asilo y refugiados, dijeron grupos de derechos humanos, preocupados por la decisión del gobierno de cerrar un centro administrado por la Organización de las Naciones Unidas en el que se albergaban decenas de montañeses vietnamitas.
Setenta y cinco personas de las etnias montañesas de Vietnam (tho, hoa, tai, jemer, muong y nung) se alojaban en esa instalación temporal de Phnom Penh desde hacía seis años. El gobierno había ordenado la clausura del centro a fines de 2010, señalando que los montañeses no podían permanecer en ese limbo y debían ser reubicados o deportados a Vietnam.
Las autoridades camboyanas le dieron plazo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) hasta esta semana para encontrarles un hogar definitivo.
Acnur informó que 55 de los montañeses ya habían sido reubicados en Canadá y Estados Unidos. Otros 10 aún esperan su traslado y el resto, por no cumplir los criterios para ser considerados refugiados, serían deportados a Vietnam.
Pero todavía hay preocupación por la seguridad de futuros solicitantes de asilo. La organización Human Rights Watch señaló que el desempeño reciente de Camboya en esta materia era "pésimo". Además, indicó que las regulaciones de este país de Asia sudoriental sobre los refugiados no garantizaban su seguridad.
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"Es muy posible que en el futuro veamos más montañeses solicitando asilo en Camboya", dijo Phil Robertson, subdirector de la división para Asia de Human Rights Watch. "Y la pregunta es: ¿Qué clase de recibimiento van a tener?", añadió.
Grupos de derechos humanos señalaron que las tribus montañesas vietnamitas sufrían acoso y persecución. La mayoría son hostigadas por su fe cristiana, indicó HRW, además de por el hecho de haber apoyado a Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam (1964-1975).
HRW estima que actualmente hay 300 montañeses cristianos encarcelados en Vietnam por sus convicciones religiosas y políticas.
Camboya firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, que obliga a los estados parte a proteger a los extranjeros que llegan solicitando amparo y establece la definición de refugiado.
Sin embargo, críticos señalan que los refugiados no siempre son tratados en forma justa por las autoridades camboyanas.
A fines de 2009, el gobierno emitió un subdecreto atribuyéndose la última palabra para determinar qué persona podía recibir el estatus, y no Acnur. HRW cree que las nuevas regulaciones permiten una amplia interpretación.
"Tenemos miedo de que (futuros solicitantes) no reciban una justa audiencia", dijo Robertson.
Críticos señalan que hay un precedente que justifica esta preocupación. Días después de que el gobierno emitiera el subdecreto, repatrió a China a 20 solicitantes de asilo de la etnia uighur, medida que fue duramente criticada por grupos defensores de los derechos humanos, ya que ese grupo étnico es perseguido por Beijing.
El destino de esos uighurs aún es incierto. China ha ordenado largas condenas a prisión e incluso la pena de muerte a otros miembros de esa etnia, acusándolos de participar de disturbios a comienzos de 2009.
Beijing y Phnom Penh luego anunciaron acuerdos comerciales por unos 1.200 millones de dólares.
Mientras, el gobierno camboyano insiste en que el centro para refugiados montañeses ya cumplió con su propósito. Koy Kuong, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que el albergue había procesado casi 1.000 solicitudes de asilo desde que fue creado como parte de un acuerdo con Acnur en 2005.
"Ahora necesitamos cerrarlo", dijo. "No queremos que se mantenga más abierto. Cuando más tiempo esté abierto, más problemas tendrá".
Koy Kuong rechazó las afirmaciones de que los montañeses serían perseguidos en Vietnam.
"Vietnam es un país legítimo, no de bárbaros", dijo. "Millones de personas viven allí y su economía crece muy rápido. Vietnam no está en guerra civil en este momento".
El grupo Servicio Jesuita para los Refugiados (JRS) ha trabajado extensamente con los montañeses y otros solicitantes de asilo en Camboya.
La directora de JRS, Denise Coghlan, dijo que el cierre del centro era un paso positivo, y explicó que los que allí vivían estaban en un limbo legal pues no se les había aún reconocido su estatus. "Algunas personas estuvieron en un lugar cerrado durante seis años, así que pienso que es muy bueno que haya llegado a su fin", señaló.
Coghlan fue una de las principales voces críticas cuando las autoridades deportaron a los uighurs a fines de 2009. Ahora dice esperar que el gobierno les conceda el debido proceso a los nuevos solicitantes de asilo.
"Como la mayoría de las leyes, (el Convenio) es algo escrito y debemos ver cómo se implementa", indicó. "Espero que sea aplicado de forma humana y de acuerdo con los principios y el espíritu de las convenciones de la ONU".
