Organizaciones ambientalistas de Argentina denunciaron dilaciones para aplicar la ley de protección de glaciares sancionada a fines de septiembre de 2010. María Eugenia Testa, de Greenpeace, dijo a Tierramérica que “falta reglamentar” la norma y se demora la respuesta del procurador general de la Nación (ministerio público fiscal) ante tres medidas cautelares de la justicia que suspendieron la ley en la noroccidental provincia de San Juan, por presunta inconstitucionalidad.
La aprobación de la norma fue resistida por autoridades y empresas de las provincias mineras. Ahora hay “gran presión” para que no se aplique, según el grupo de entidades ambientalistas que controlan su cumplimiento.
El gobierno nacional debe “asumir su responsabilidad” y reglamentar la ley, lo que permitirá dotar de recursos al instituto encargado de hacer un inventario de los glaciares y autorizar inversiones mineras, dijeron los activistas.
