El miskito Edgard Walters, de la Asociación de Buzos Lisiados y Activos de la Costa Atlántica de Nicaragua, tiene 32 años y está confinado a una silla de ruedas desde 2003, cuando se hundió por última vez en las aguas del mar Caribe en busca de langostas.
Walters supo que no debía sumergirse más de cuatro veces por jornada ni pasar los 18 metros de profundidad después de que quedó paralítico. Sólo entonces se enteró de que necesitaba traje térmico, manómetro, equipos de visión marina y medidores de profundidad y oxígeno.
Las orientaciones que recibía de su fiscal de buceo indicaban al menos 10 entradas al mar por día y a profundidades de 100 brazadas, equivalentes a 100 metros, según el método de medición que usan los buzos de esta zona del noreste del país.
"Ahí ya no se veía mucho el suelo, hacía mucho frío y la presión del agua me impedía moverme", narró. La última vez "sentí mucha asfixia y presión en el pecho, se me estaba acabando el tanque, salí a como pude al bote y me desmayé apenas respiré. Cuando desperté, estaba en el hospital y ya no podía mover las piernas".
El ex pescador vive en el barrio de El Muelle en Puerto Cabezas, capital de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), donde la pesca submarina de langosta sostiene a miles de familias de la etnia miskita.
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Durante ocho meses, Walters recibió tratamiento en el hospital Nuevo Amanecer, que tiene la única cámara hiperbárica para extraer las burbujas de gases del cuerpo de los 400 buzos miskitos del sindicato que, como él, han quedado lisiados y sin respaldo económico de las empresas que los contrataron.
Los miskitos son un pueblo asentado a lo largo de la costa atlántica nicaragüense y del sur hondureño, en el que predomina la mezcla de los nativos caribes con africanos traídos a América como esclavos en los siglos de la conquista.
Una investigación gubernamental estimó en 2005 que más de 1.250 miskitos menores de 35 años padecían el síndrome de descompresión, que se produce por la caída brusca de la presión atmosférica cuando el buzo sale rápidamente a la superficie.
Los gases disueltos en la corriente sanguínea retornan a su estado gaseoso formando burbujas de aire en los tejidos y los músculos, explicó el médico Chuz Herranz, de la brigada de Solidariedade Galega, una organización no gubernamental española que asiste a buzos de Puerto Cabezas, afectados por pescar a pulmón la langosta Panulirus argus.
De acuerdo a Herranz, el problema obedece a la falta de medidas preventivas, de equipos adecuados, de entrenamiento y de asistencia médica inmediata, que deberían proveer los empresarios pesqueros.
Según datos no oficiales, unas 350 personas habrían muerto desde 2000, cuando se empezó a tomar nota del síndrome de descompresión, que cuando no mata puede causar diversos grados de discapacidad por aeroembolia y embolia cerebral, como la paraplejia o la hemiplejia.
Los accidentes ocurren porque los pescadores indígenas son forzados por sus empleadores a sumergirse a mayores profundidades, ya que el pago que reciben es de un dólar por libra (450 gramos) de langosta extraída con arpón, explicó Alfredo Alvarado, presidente de la Federación de los Trabajadores del Mar de la Costa Atlántica.
Hay que ir más y más hondo porque la langosta se explota sin control y sin respeto de la talla mínima desde la década de 1990, llevando a la especie a refugiarse cada vez más lejos de la superficie, dijo Alvarado.
Los huracanes Mitch (1998), Beta (2005), Félix (2007) e Ida (2009), entre otros ciclones tropicales, también han afectado el hábitat y las migraciones de la langosta, según Alvarado.
Las autoridades de la RAAN estiman que cada año mueren unos 10 buzos y otros 250 son atendidos por las secuelas del síndrome de descompresión.
El presidente de la patronal Asociación Pesquera del Atlántico Norte, Mario Mora, desmintió que las empresas dejen en el abandono a los pescadores lisiados.
Mediante un convenio con los ministerios de Salud y del Trabajo y con el Instituto Nicaragüense de Seguro Social, los afectados reciben un subsidio mensual de 1.500 córdobas (unos 67 dólares) y el pago de sus gastos médicos de por vida, aseguró.
Mora reconoció que los equipos de buceo no son los más adecuados. Algunos empresarios no invierten en equipamiento pues los desincentiva la inminente vigencia de la Ley 613, alegó.
La pesca submarina de langosta quedará prohibida por la Ley 613 de Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas a la Actividad del Buceo, aprobada en febrero de 2007 y que entrará en vigencia el 7 de febrero de 2011.
La ley obliga a los empresarios a suspender la inmersión de trabajadores para la captura de cualquier producto de mar, a modernizar los equipos de trabajo y a emplear nasas (redes con forma de embudo invertido) para la pesca. Además, establece multas, decomisos y clausuras para las empresas que violen sus disposiciones.
Los empresarios presionaron a las autoridades regionales para que convencieran al Congreso legislativo de postergar al menos por tres años más la vigencia de la norma, que dejaría en la quiebra a varias empresas y sin sustento a miles de familias, argumentan.
El sector pesquero de la RAAN no está preparado para hacer frente a esta ley, dijo a IPS el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del órgano legislativo de la región, Reynaldo Francis Watson.
Hay unas 40.000 personas, o 6.300 familias, que se benefician de la pesca submarina, y la RAAN no tiene recursos para atenderlas si la actividad desaparece en una zona donde la pobreza alcanza a 85 por ciento de la población, alegó.
El órgano legislativo de la RAAN propuso también modificar el período de veda de la langosta, establecido por las autoridades nacionales para preservar los recursos marinos.
De acuerdo a estadísticas oficiales, el buceo en la RAAN genera 6.306 empleos directos. Hay 2.198 buzos, 848 cayuqueros o remeros, 1.074 tripulantes, 364 trabajadores de empresas acopiadoras y 1.822 mujeres dedicadas a la compra y venta informal de langosta.
La exportación de este alimento dejó al país 24, 6 millones de dólares en 2007.
Aunque se prohíba la pesca a pulmón, la explotación ilegal de langostas continuará pues a ella se dedican artesanalmente los pobladores locales y los barcos piratas, advirtió el empresario Mora.
La marina de guerra estima que este país pierde unos 10 millones de dólares anuales por la piratería internacional en sus aguas.