Un sistema de vigilancia con cámaras de video a bordo de los barcos pesqueros comenzará a operar el 1 de enero en el sur del océano Atlántico para frenar el colapso de la merluza en una de las mayores reservas mundiales para abastecer el mercado de pescado blanco.
"Argentina será el primer país en aplicar esta medida en forma obligatoria en el mundo. El que no la cumpla tendrá sanciones", advirtió a IPS el subsecretario de Pesca y Agricultura, Norberto Yauhar.
Las cámaras, que tendrán carácter de inviolable como las cajas negras de los aviones, informarán sobre aspectos cruciales para detener la merma de la especie: si se utiliza o no el arte de pesca selectivo para dejar escapar ejemplares juveniles, la talla de lo que se captura y si se descarta pescado al mar.
El dispositivo incluye un sistema de localización que permite conocer si el barco está ingresando en zona de veda permanente, un área de 180.000 kilómetros cuadrados donde está prohibido pescar Merluccius hubbsi, el nombre científico de este popular pescado.
Unos 40 barcos de mayor porte serán parte de la prueba piloto que comenzará con el año nuevo. Luego de 90 días el sistema se extenderá al resto de las flotas con la única excepción de la artesanal.
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La medida generó rechazo entre empresarios y reacciones cautelosas de parte de organizaciones que bregan por la pesca sustentable, quienes desconfían, en algunos casos, de que el anuncio sea parte de una política integral para frenar la sobreexplotación de los recursos marinos.
Entidades como la no gubernamental Fundación Vida Silvestre Argentina alertan desde hace dos años sobre el riesgo de que la pesquería deje de ser rentable por la disminución del recurso, una situación a la que se llega por pesca exagerada y la falta de control.
La Fundación advirtió que la merluza, que es el primer producto de exportación pesquera de Argentina, se redujo 80 por ciento en las dos últimas décadas y ante eso las empresas se volcaron a la captura de ejemplares juveniles.
A mediados de este año, la organización informó que más de 60 por ciento de las capturas de merluzas correspondían juveniles, una tendencia que, de proseguir, atentará contra la reproducción de esta especie.
En respuesta a las críticas, la Subsecretaría adoptó nuevas medidas de control, entre ellas, la obligación de usar un arte de pesca selectivo para el escape de juveniles. Pero no todas las empresas aceptan utilizarlo.
Ante este panorama, la obligación de utilizar cámaras podría contribuir a aumentar el control y a sancionar excesos. Los armadores serán responsables de que las cámaras funcionen y si se interrumpe la grabación deben volver al puerto.
Sin embargo, la medida no conforma del todo a organizaciones ambientalistas que reclaman una pesca sustentable y un mayor procesamiento del pescado en tierra. El 90 por ciento de la merluza se exporta y, la mayor parte, tal como se extrae.
"Obviamente que será un avance como mecanismo de control", dijo a IPS Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre, aludiendo a las cámaras. "Pero después hay que hacer algo con las imágenes", remarcó.
Según Yauhar, el seguimiento de las imágenes no será complicado porque solo se requiere revisar momentos claves como el ascenso de la red, la especie que se captura, el tamaño y lo que se descarta.
Pero Cañete no se entusiasma. "El problema no es el instrumento. Podemos tener el mejor sistema, pero si no hay una política sustentable integral las cámaras van a documentar cómo se llega al colapso de la pesquería", alertó.
El escepticismo se basa en la captura máxima permitida este año, un volumen apenas inferior al de 2009, pese a las alarmas. El tope, fijado en 300.000 toneladas para 2009, bajó a 290.000 para este año.
Pero, según Yauhar, se pescaron 230.000 toneladas, es decir, menos de lo permitido. Esa merma, dijo, se debe al sistema de cuotas, según el cual se fija la captura máxima y se reparte entre las flotas.
Pero Cañete sostuvo que dentro del total permitido, que es muy superior a lo que indica el principio precautorio, los armadores siguen capturando juveniles. "Las cámaras van a mostrar eso, como se sobrepesca la merluza", vaticinó.
También reaccionó con cautela la organización no gubernamental latinoamericana Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (Cedepesca), con sede en Argentina.
La encargada del Programa Merluza, Mariela Cuello, dijo a IPS que "está muy bien que se busque un modo objetivo de hacer cumplir las normas sobre artes de pesca y descarte".
"Esta es una clara demostración de lo que Cedepesca venía afirmando por años, que el sistema de inspectores embarcados estaba viciado y no cumplía su cometido", recordó.
Pero para que la nueva metodología sea efectiva, advirtió, se debe estar atento a las trampas con las grabaciones, y a establecer de antemano cuál es el porcentaje normal de descarte que se va a aceptar.
Su entidad hizo conocer estas inquietudes a la Subsecretaría, donde respondieron que para detectar fraudes con las cámaras se contrastarán algunas imágenes al azar con las que se registren por satélite en tiempo real.
La Subsecretaría informó que en este año que culmina se llegó a un récord de exportaciones, no por el volumen de las capturas, sino por los buenos precios. El total, que últimamente rondaba los 1.100 millones de dólares, superó los 1.300 millones de dólares.
"Es un muy buen número teniendo en cuenta la crisis en Europa, sobre todo en España, que es nuestro principal importador", dijo.
Yauhar defendió también la política que se lleva adelante en este sector. Aseguró que la depredación fue la constante en los años 90, cuando se pescaba merluza sin control, y que "ahora se apunta a la recuperación de todas las especies del mar".
