La emblemática condena a prisión perpetua dictada este miércoles por la justicia Argentina al ex dictador Jorge Rafael Videla marcó el fin de un año signado por la aceleración de los procesos contra jefes y represores de la última dictadura.
"Desde las dos condenas que hubo en 2006 hasta el número inédito de este año, que estará alrededor de 150, para nosotros éste fue el año de los juicios", destacó a IPS Lorena Balardini, del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esta organización humanitaria especializada en cuestiones jurídicas sigue de cerca los procesos legales sobre los crímenes dictatoriales perpetrados entre 1976 y 1983, pero es también querellante en diversas causas y patrocinante de muchos de los sobrevivientes de los campos de concentración y familiares de detenidos-desparecidos.
Videla fue sentenciado en esta oportunidad por las torturas y el fusilamiento de 31 presos políticos en 1976 en la Unidad Penitenciaria San Martín, de la central provincia de Córdoba. También recibió prisión perpetua por los mismos cargos Luciano Benjamín Menéndez, quien era entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, con asiento en ese distrito.
Por unanimidad, el tribunal federal oral que los juzgó consideró que los delitos de imposición de tormentos y homicidios fueron agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas. Ordenó, además, que Videla sea recluido en una cárcel común.
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De este modo, Videla recibe la segunda condena a prisión perpetua. La primera fue en 1985 en el juicio a los jefes de la dictadura, aunque cinco años después el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) lo indultó junto a otros militares y civiles condenados.
Pero estuvo en libertad por poco tiempo. En 1998 volvió a quedar detenido, esta vez en su domicilio, acusado de apropiación de menores, y en 2008, cuando ya había sumado varias causas en su contra, la justicia ordenó su traslado a un penal en Campo de Mayo, un cuartel de Buenos Aires.
El ex hombre fuerte de la dictadura, que encabezó el golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (1973-1976), dijo en su alegato que, con este juicio, "la Constitución Nacional guarda luto por la república desaparecida".
"No fue una guerra sucia sino una guerra justa en la que salvamos al país de los jóvenes idealistas que quisieron imponer una cultura ajena a nuestro tradicional estilo de vida, occidental y cristiano", justificó.
Menéndez en cambio, quien también gozó del indulto, volvió a ser juzgado y desde 2008 lleva ya cinco condenas a reclusión perpetua.
Antes de escuchar su sentencia, Menéndez también justificó su actuación. "Los argentinos sufrimos el asalto de los subversivos marxistas que por orden y cuenta de la Unión Soviética y de Cuba se proponían someter a nuestro país", dijo.
Según su argumento, las personas que fueron víctimas de la dictadura pretendían que los argentinos "dejáramos de ser libres para pensar, expresarnos o poseer bienes ( ) y todo sería manejado por un Estado totalitario".
Con Videla sentado cerca suyo y asintiendo con la cabeza, Menéndez, de 83 años, se jactó de que el régimen que integró hizo en poco tiempo lo que a Colombia le está llevando 60 años, en alusión al conflicto armado interno de ese país. Agregó que Argentina es "el primer país de la historia y del mundo que juzga a sus soldados victoriosos".
En este mismo juicio, que culminó este miércoles en medio del júbilo y la emoción de un numeroso público ubicado dentro y fuera del recinto del tribunal, fueron también condenados a prisión perpetua 14 uniformados más, y a penas de entre seis y 14 años de cárcel a otros siete, entre ellos una mujer policía, mientras que fueron absueltos por no contar con pruebas suficientes siete acusados.
ACELERACIÓN DE LOS JUICIOS
En su informe anual, el CELS reporta avances y demoras en estos juicios reabiertos en 2006, luego de que el parlamento, a instancias del gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner (2003-2007) anuló las leyes de amnistía, dictadas a fines de los años 80, y de que la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales junto a los indultos que habían beneficazo a los jefes de la dictadura.
"En nuestro próximo informe vamos a decir que 2010 fue el año de los juicios. En 2009 hubo 11 que finalizaron y este año culmina con 15 concluidos y 10 que se definirán en los próximos meses", contabilizó Balardini.
Para la abogada, si estos procesos fueran más ágiles habría el doble de condenados. En ese sentido recordó que son unos 1.600 los responsables o involucrados de distintas formas en la represión dictatorial y sólo 1.200 de ellos están bajo investigación judicial.
Remarcó que han finalizado 30 de las 350 causas abiertas en distintos tribunales del país y 10 más están a punto de culminar. Pero eso implica que aún hay más de 300 que todavía no llegaron a juicio oral, apuntó.
"Es necesario acumular casos por centro de detención ilegal o por otros criterios que disponga el juez, porque sino va a ser difícil resolver tantos en el corto plazo, y en esto hay un límite biológico que es la edad de los imputados", advirtió la abogada del CELS.
Sólo este año murieron 30 imputados, entre ellos el ex almirante Emilio Massera, integrante de la primera junta militar de la dictadura y máximo responsable de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el emblemático y mayor centro ilegal de detención del régimen por donde pasaron más de 2.000 prisioneros, mucho de los cuales fueron arrojados vivos al Río de la Plata.
Pero si se cuenta desde que se cometieron los delitos, el número de presuntos responsables que fallecieron sin sentencia asciende a 256. Hay además 16 declarados incapaces y 40 prófugos.
También los testigos de los crímenes contra la humanidad y familiares más conspicuos de víctimas tienen una avanzada edad y exigen que se aceleren los plazos. Este mes murió Adriana Calvo, la primera sobreviviente que se animó a declarar en el juicio de 1985 en el que Videla y otros ex comandantes militares fueron condenados a cadena perpetua.
"En Tucumán y en Mendoza se sumaron varios procesos en una misma causa para agilizar, pero también tuvimos otra provincia, La Rioja, que hizo un juicio con un solo acusado y una sola víctima", cuestionó la abogada.
Balardini también destacó que por primera vez la justicia consideró como un delito de lesa humanidad el ataque sexual a una prisionera ilegal, además de que se esté actuando contra civiles cómplices de la dictadura, como empresarios, religiosos y otros implicados en la represión.
Del mismo modo, Jorge Auat, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, recordó a IPS que los jueces tienen potestad para unificar los procesos si así se lo proponen.
Auat valora que hubo una aceleración este año de las sentencias y que hay muchos más procesados que cuando comenzaron los juicios, pero también advirtió que hay una mayoría de encausados sin prisión preventiva.
Ante este panorama de avances, fallas y demoras, la sentencia a Videla, un símbolo de la dictadura, fue celebrada por familiares de víctimas, sobrevivientes de la represión, y también por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que nunca cejaron en su lucha por justicia.
