La victoria del izquierdista Gregorio Santos en las elecciones para renovar el gobierno de Cajamarca, una de las regiones mineras más ricas de Perú, puso en guardia a las empresas que operan en la zona y que mantienen una relación tensa y conflictiva con los lugareños.
"Es una de las peores noticias. Santos es un reconocido antiminero", dijo a IPS Hans Flury, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el poderoso e influyente gremio empresarial privado.
Flury cree que la llegada de Santos al gobierno, uno de los líderes populares que organizó movimientos de rechazo a proyectos mineros que no contaban con la aprobación de las comunidades locales, puede paralizar la inversión en la norteña región de Cajamarca.
La normatividad obliga a las empresas a acordar con las comunidades de la zona para poder operar en minería, pero la falta de una fiscalización eficiente de parte del gobierno nacional, que teme espantar las inversiones, hace que muchas veces esa instancia no se cumpla y estallen así los conflictos.
"Si cumplen las leyes, no tienen por qué tener miedo", dijo Santos a IPS en respuesta a Flury. "El pueblo nos ha dado su voto porque confía en que nosotros haremos respetar sus intereses. De lo contrario, habría votado por otros candidatos que apoyan a las empresas mineras", añadió.
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Santos, del Movimiento de Afirmación Social (MAS), es el claro ganador de la primera vuelta electoral del 3 de octubre, con casi 31 por ciento de los votos cuando falta contar apenas tres por ciento de las actas, seguido de Beltina González, de Fuerza Social Cajamarca, con 12,8 por ciento. Sólo se convoca a una segunda ronda si el ganador no supera el 30 por ciento de los sufragios.
Las corporaciones mineras estimaban, y así lo expresaron, que triunfaría con holgura Absalón Vásquez, quien fue ministro de Agricultura del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Pero las autoridades lo inhabilitaron cuatro semanas antes de los comicios tras confirmar que aún no había cumplido con la sentencia de cuatro años que un tribunal le impuso en 2007 por el delito de corrupción, que la cumple en prisión domiciliaria.
En Cajamarca está ubicada Yanacocha, el mayor yacimiento de oro de América del Sur, operado principalmente por la firma estadounidense Newmont Mining Corporation, que ha sostenido numerosos conflictos con las poblaciones de las áreas donde desarrolla sus actividades.
Al anunciar en 2004 la explotación del cerro Quilish, donde se calcula la existencia de 3,7 millones de onzas de oro, estalló un fuerte enfrentamiento entre esa empresa y los pobladores, porque estos últimos consideran que la actividad minera contaminaría el agua del área. Santos fue uno de los notorios dirigentes contra el proyecto que finalmente quedó paralizado.
Santos, de una comunidad campesina de la provincia de San Ignacio y maestro de escuela, se inició como dirigente de las rondas campesinas, oponiéndose a la explotación de los recursos naturales sin la consulta previa de las comunidades.
Cajamarca es una de las 25 regiones del país que más fondos recibe por concepto de canon minero. En 2006 ocupó el primer lugar con 98,7 millones de dólares y entre 2008 y 2009 obtuvo en total 116 millones. Sin embargo, en el mismo periodo la pobreza creció en la región de 53,4 a 56 por ciento, según reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Este año esta región andina, donde desarrollan actividades alrededor de 33 compañías mineras, percibió 115 millones de dólares.
"Pero el problema no es solo el dinero", afirmó Santos. "La distribución es muy mala y no beneficia a la población, además no hay capacidad de ejecución. Lo que pasa es que en Cajamarca todo gira alrededor de lo que hacen o no hacen las mineras. Pero eso acabará muy pronto", auguró.
Para Flury, en cambio, "el problema de la elección de Santos es su ideología". "Él es un comunista convencido", afirmó.
El MAS que postuló a Santos es una agrupación que aglutina a organizaciones populares, campesinas y de ronderos que participaron en las movilizaciones masivas contra empresas mineras a las que atribuía cometer abusos o envenenar el medio ambiente.
Entre sus integrantes se encuentra el Movimiento Nacional de Izquierda (MNI), que tiene como columna vertebral al Partido Comunista del Perú-Patria Roja, de tendencia maoísta, constituido en 1969.
"Patria Roja tiene una oposición feroz en contra de la minería y esta actitud perjudica principalmente a la población que representa", apuntó Flury.
"Si se oponen a la minería lo que van a lograr es que definitivamente las mineras que trabajan en la zona tengan un enfrentamiento político con el gobierno regional, mientras que las mineras que proyectaban ingresar finalmente se irán a otro lugar. Con ese panorama la población va a sufrir porque no se van a generar ganancias para el desarrollo de la zona".
Además de Newmont, en Cajamarca operan, entre otras compañías mineras de dimensión global, la sudafricana Gold Fields y la británica Anglo American Michiquillay.
"La historia de la industria minera en Cajamarca es conocida: violaciones de los derechos humanos y medioambientales de la población, pobreza extrema de las comunidades campesinas, uso del Estado como gendarme represor, en fin, las empresas tienen una larga tradición de imponerse a la mala", acusó Santos.
Entre los hechos a lo que hace referencia Santos está la aprobación en 2004 por el gobierno de la evaluación ambiental para explotar el cerro Quilish como parte de un proyecto aurífero, sin que la población fuera consultada. También la utilización de delincuentes comunes por una firma brasileña como fuerza de choque contra los campesinos.
"Por supuesto que estamos a favor de la inversión minera, pero sin pisotear a la población, sin ensuciar el ambiente, respetando a los campesinos. Si respetan la ley, las mineras no deben sentir miedo", apuntó el virtual presidente regional.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, la región Cajamarca es la que más conflictos socioambientales registró en Perú hasta septiembre.
El especialista José de Echave, director ejecutivo de la no gubernamental Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción), indicó que la elección de Santos es la expresión de una población que ha elegido a alguien que le ofrece seguridad como interlocutor válido ante las empresas mineras.
"He escuchado quejarse a voceros de los gremios empresariales mineros por la elección de Santos. Por el contrario, yo creo que facilitará el diálogo entre las comunidades que él representante y las compañías mineras que operan en Cajamarca", sostuvo.
Santos no va a empeorar la situación, más bien puede actuar como garantía de los acuerdos que existen entre los pobladores y las empresas", dijo a IPS.
"Además, las elecciones en Cajamarca no fueron ideológicas, como creen algunos empresarios. Cualquiera haya sido el ganador, los conflictos ambientales subsistirán. Que no haya ganado el candidato de la preferencia del gremio empresarial minero no implicaba el término de los desencuentros entre las comunidades y las mineras", precisó.
