EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ

Costa Rica reclama apoyo al mundo para ejercer su derecho de vivir en paz. La causa del respeto al derecho internacional y a las instancias multilaterales como instrumentos de paz y soberanía, ha recibido un importante impulso en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Su impacto inmediato es respaldar a Costa Rica en su inquebrantable lucha pacífica contra la violación a nuestro territorio y soberanía por parte de fuerzas militares nicaragüenses. Pero su trascendencia rebasa el ámbito de este grave problema y se proyecta, con esperanza, hacia todo el hemisferio.

Sin embargo, para que este impulso se convierta en realidad sobre el terreno, aún existe un importante escollo que superar: la intransigencia del gobierno de Nicaragua a retirar sus tropas del territorio costarricense.

Por esto, la siguiente prueba para el Derecho Internacional y, especialmente, la OEA, será lograr que el retiro de las tropas invasoras se produzca. De lo contrario, la esperanza que se ha abierto podrá convertirse en un fracaso de muy serias consecuencias para la Organización y para el principio de soberanía de los estados del hemisferio.

La esperanza surge de la resolución aprobada el viernes 12 de noviembre, al filo de la media noche, por el Consejo Permanente de la OEA, por 22 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Su texto “acoge y hace suyas” las recomendaciones del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en torno al conflicto.

El hecho que lo generó es la presencia, desde finales de octubre, de fuerzas militares nicaragüenses en una parte de la isla Calero, indiscutido territorio costarricense, junto a la frontera común. Costa Rica, como país soberano, no puede aceptar bajo ningún concepto esa ocupación militar.

Frente al conflicto, el Secretario General planteó cuatro recomendaciones:

-Reactivar las reuniones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua. -Concluir el proceso de demarcación de la frontera entre ambos países. -Evitar la presencia de fuerzas militares o de seguridad “en el área donde su presencia podría generar tensión”. ·-Reforzar los mecanismos de cooperación para combatir el crimen organizado.

Como las únicas fuerzas militares presentes en la zona son las nicaragüenses, esta recomendación implica, claramente, el retiro de estas, como exigen Costa Rica y los otros países que la respaldaron: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Sin embargo, en un claro desafío a la OEA, a los países que apoyaron la resolución y al derecho internacional, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dicho que no acatará lo que establece la resolución.

En un largo discurso pronunciado el sábado 13 en Managua, cargado de frases insultantes contra Costa Rica y otros países, Ortega afirmó textualmente: “Nosotros por principio no nos estamos retirando de ningún sitio en territorio fronterizo con Costa Rica”. Es decir, además de desacatar la resolución, insiste en negar lo que los propios mapas oficiales de Nicaragua reconocen: que la isla Calero es costarricenses. Su embajador en la OEA, Denis Moncada, fue aún más allá al declarar, según lo cita el Nuevo Diario, de Nicaragua, en su edición del 14 de noviembre: “Nosotros consideramos que esta resolución no tiene ninguna validez”.

Es decir, la peculiar interpretación del gobierno nicaragüense sobre el derecho internacional es que solo tiene legitimidad lo que lo beneficia, y que, por tanto, se debe tolerar la ocupación armada de un territorio de otro país.

De aquí la importancia de la etapa que se abre ahora, tras el logro obtenido el viernes 12 en la OEA por Costa Rica y la legalidad internacional. Es indispensable que el gobierno nicaragüense abandone su agresividad y su retórica de confrontación e irrespeto, y que acate lo que sus compromisos multilaterales y un elemental sentido de corrección, lo obligan a hacer.

Nuestro país no cejará en su esfuerzo por lograrlo, como no cejará en rechazar la violación a su soberanía e integridad territorial. Esta causa que estamos impulsando, con el derecho internacional en una mano y con nuestra adhesión a los mecanismos multilaterales en la otra, es, en el fondo, la causa de todos los latinoamericanos. (FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) René Castro Salazar, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

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