Mientras los países de América Latina y el Caribe retoman la senda del crecimiento y de la reducción de la pobreza previa a la crisis económica global, la mejora de la educación y las transferencias monetarias a hogares con niños aparecen como claves para empezar a derrotar la desigualdad.
Aunque "en todos los países de la región ha habido una fuerte discusión sobre reforma educativa desde hace muchos años", en términos de calidad "no se ha logrado prácticamente nada", afirmó a IPS el director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Martín Hopenhayn.
Las políticas educativas seguidas por los países de la región tampoco han logrado "reducir las brechas de aprendizaje" entre alumnos de hogares pobres y ricos, urbanos y rurales e indígenas y no indígenas, enfatizó el experto, tras la presentación este martes del informe anual Panorama Social de América Latina y el Caribe de la Cepal.
Mientras la media de 49 por ciento de hombres y 55 por ciento de mujeres de entre 20 y 24 años han completado su educación secundaria en la región, en el área rural sólo lo hacen 26 por ciento y 31 por ciento, respectivamente, y 22 y 23 por ciento en la franja de jóvenes indígenas.
Esto ocurre pese a que la educación es la "principal herramienta de la que disponen los estados para disociar los orígenes sociales de los individuos de sus logros en términos de bienestar a lo largo de la vida", sentencia el documento difundido en la sede de Santiago de este organismo de la Organización de las Naciones Unidas.
Algunas de las recomendaciones concretas de la Cepal son la ampliación de la cobertura de la enseñanza inicial y preescolar, la extensión de la jornada escolar en la enseñanza primaria y la incorporación de la tecnología digital en todas las escuelas.
También urge mejorar la calidad de la educación pública y cerrar la brecha respecto de la educación privada.
Del mismo modo, la entidad plantea fomentar el ingreso de estudiantes de escasos recursos a la educación superior y apoyar a las familias que tengan hijos con programas de transferencias condicionadas que aseguren que éstos culminen el ciclo escolar.
"Mientras en muchos países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, en la cual están todos los países industrializados) el consumo de las personas hasta 19 años se nutre por partes casi iguales de transferencias públicas y familiares", las transferencias estatales en América Latina para este grupo no superan en promedio el 20 por ciento, dice el estudio.
En cuanto a los traspasos de ingresos fiscales en las etapas tempranas del ciclo vital para combatir la desigualdad, la Cepal propone tres esquemas:
El primero supone "transferencias monetarias a los hogares con hijos, que aumenten las posibilidades de las familias de contar con un entorno adecuado para la socialización del niño (nutrición, vivienda, vestimenta)". Este subsidio debería abarcar entre los 0 y 14 años.
En segundo lugar, el organismo plantea financiar políticas que cubran los costos de incorporar a quienes no están siendo atendidos por los servicios educativos y de cuidado.
Finalmente, llama a los estados a aplicar otro conjunto de transferencias relacionadas con los servicios de empleo y formación para jóvenes de entre 15 a 24 años.
Como ejemplo, Hopenhayn destacó "la asignación universal por hijo que aplica desde hace un año en Argentina" el gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández.
"El efecto combinado de las tres transferencias planteadas tendría un impacto sustancial sobre la pobreza", asegura el estudio. "Por ejemplo, en Nicaragua, la incidencia de la pobreza descendería de 61,8 por ciento a 34,6 por ciento, y en Guatemala bajaría de 45,7 por ciento a 29,9 por ciento", apunta.
Para algunos países como Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, y en alguna medida Brasil, los costos adicionales de este esfuerzo educacional se ubica en torno al dos por ciento del producto interno bruto (PIB), plantea la Cepal.
"Hay otros países en una posición intermedia, como México, Panamá, Venezuela, Colombia y Perú, que requieren un esfuerzo mayor porque tienen baja carga tributaria y necesitan mantener un nivel de crecimiento importante", indicó Hopenhayn.
"Y después hay países más pobres, como Bolivia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, que requieren aumento de la carga tributaria y movilizar la cooperación internacional", acotó.
Mejorar la calidad y equidad de la educación son dos desafíos de Chile, uno de los países de la región que se encuentra en medio de una nueva reforma educativa, impulsada por el presidente derechista Sebastián Piñera, quien asumió en marzo tras 20 años de gobiernos de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia.
El gobierno de Piñera se propone, entre otras cosas, crear liceos públicos de excelencia, promover el ingreso de los mejores estudiantes a las carreras de pedagogía, mejorar los sueldos de los profesores, aumentar las horas de lenguaje y matemáticas en desmedro de las de historia, y dotar de mayor autonomía a los directores de escuelas municipales.
"No hay calidad si no hay igualdad y en Chile tenemos los resultados más desiguales del mundo, según la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), porque tenemos el sistema educativo más segmentado del mundo", aseguró a IPS Rodrigo Cornejo, del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la estatal Universidad de Chile.
Para Cornejo, las medidas impulsadas por Piñera son solo "efectistas", porque no resuelven el problema de fondo que es la grave segmentación del sistema chileno en establecimientos municipales, colegios subvencionados por el Estado y cofinanciados por los padres, y otros totalmente privados.
Una de las buenas noticias surgidas del Panorama Social de la Cepal es que este año la pobreza en la región disminuiría un punto porcentual en relación a 2009, de 33,1 a 32,1 por ciento de la población regional, lo que equivale a 180 millones de personas.
En tanto, la indigencia caerá 0,4 puntos porcentuales, lo que significa una baja de 74 a 72 millones de personas.
Lo anterior se debe a las medidas contracíclicas adoptadas por los países latinoamericanos y caribeños en el ámbito laboral y social para enfrentar la recesión internacional surgida en 2008 en Estados Unidos.
Según los datos de 2009 entregados por algunos países, una de las situaciones más complejas la vive Paraguay, donde 56 por ciento de su población es considera pobre, y 30 por ciento indigente.
Otros países con alta población vulnerable son El Salvador, con 47,9 por ciento de pobres y 17,3 por ciento de indigentes, Colombia, con 45,7 y 16,5 por ciento, respectivamente, Ecuador, con 40,2 y 15,5 por ciento, y República Dominicana, que marcó el año pasado 41,1 de personas en situación de pobreza y 21 por ciento de indigencia.
