Masivo rechazo a premio humanitario a Álvaro Uribe

Decenas de organizaciones no gubernamentales y personalidades locales e internacionales convocan a manifestarse este miércoles en el centro de la capital española, para expresar su rechazo a la entrega al ex presidente colombiano Álvaro Uribe de una distinción por labor humanitaria.

El premio es otorgado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU "por su apoyo a las víctimas de la violencia" y su trabajo por la "convivencia de todos los colombianos".

Esa entidad, creada en 1933, es obra de la derechista Asociación Católica de Propagandistas y cuenta con más de 25 centros en el país, entre ellos tres universidades.

La manifestación se convoca bajo el lema "Álvaro Uribe Vélez, persona non grata! ¡Que sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional!" y se concentrará frente al Casino de Madrid, ubicado a un centenar de metros de la histórica plaza de la Puerta del Sol y en el que está programada la entrega del premio.

Uribe fue presidente de 2002 a 2010, periodo en el que, afirman los dirigentes de la convocatoria, hubo una sistemática violación de los derechos básicos de las personas y se cometieron crímenes de lesa humanidad "desde las más altas posiciones del Estado colombiano", con "apoyo directo y complicidad de otros poderes y gobiernos locales".
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Entre los firmantes de la convocatoria están el argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganador en 1980 del premio Nobel de la Paz por su compromiso en la lucha por los derechos humanos durante la dictadura en su país (1976-1983), y José Goyes, dirigente del Consejo Regional Indígenas del Cauca, departamento del sudoeste de Colombia.

A ellos se suman Paul Nicholson, dirigente de la Coordinadora Europea de Vía Campesina, y Nuria del Viso, coordinadora del área de Paz y Seguridad del Centro de Investigación para la Paz y el Centro Internacional para la promoción e investigación de los Derechos Humanos (Cinproindh).

También firmaron organizaciones no gubernamentales como Campaña por la Abolición de la Deuda Externa ¿Quién debe a quién?, que agrupa a un centenar de asociaciones en el mundo, la Asociación Iberoamericana pro Derechos Humanos, el Ateneo Popular de Solidaridad entre los Pueblos y la Asamblea contra la Globalización Capitalista y la Guerra.

Asimismo la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, la Asociación Francia-América Latina, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina y el Servicio Paz, Justicia en América Latina y variadas organizaciones defensoras de los derechos humanos de países de la región.

Los convocantes señalan que basan su acción contra Uribe "en los probados vínculos con bandas de paramilitares y de narcotraficantes, así como en su historial que lo compromete a lo largo de su carrera en la realización de numerosas estrategias y campañas de guerra sucia contra organizaciones sociales".

Además, consideran al ex presidente "el máximo responsable político y operativo de asesinatos políticos, detenciones-desapariciones, genocidio, masacres, desplazamiento forzado y torturas" en el marco del enfrentamiento armado interno que se arrastra desde comienzos de los años 60.

Hechos éstos "que han dejado sembrada a Colombia de grandes sufrimientos e injusticias, reconocidas por diferentes órganos e informes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y prestigiosos organismos internacionales de derechos humanos".

El premio pretende ignorar que el gobierno colombiano de Uribe mantuvo una generalizada actitud de ignorar el lavado de dinero sucio, señaló a IPS el abogado Mauricio Valiente, responsable de Justicia por Colombia.

El activista añadió que no le sorprende la entrega de este premio "cuando la Unión Europea y en especial el gobierno español no se pronunciaron nunca sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por Uribe, a quien apoyaron y con quien mantuvieron relaciones normales".

Tampoco se manifestó extrañado respecto de que el premio lo otorgue la Fundación Universitaria San Pablo CEU, porque es una institución cercana a la prelatura del Opus Dei, el sector más conservador de la Iglesia Católica "y lobby de las posiciones más reaccionarias".

Al mismo tiempo que se prepara la manifestación, este martes dos ciudadanos colombianos residentes en Madrid, cuyos nombres no han sido revelados, interpusieron una querella ante la justicia contra Uribe y dos ex directivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia que depende directamente de la Presidencia de Colombia.

La demanda se presentó en Madrid debido a que parte de los delitos que se le atribuyen al DAS habrían sido cometidos en España, explicó luego Valiente en rueda de prensa.

Al menos dos decenas de residentes en España habrían sido víctimas de seguimiento ilegal, según la investigación abierta por la Fiscalía General colombiana por el caso de "las chuzadas del DAS", como le llamó la prensa de ese país en alusión a la intervención ilegal de líneas telefónicas y al espionaje contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, legisladores, periodistas y hasta un precandidato presidencial.

Además de Uribe, los activistas informaron que son acusados Jorge Aurelio Noguera, quien fue director del DAS, y Germán Villalba, uno de sus subdirectores de entonces y que se afirma estuvo en España participando en las labores de espionaje.

En la querella presentada se requiere que el tribunal cite a los acusados mediante una solicitud cursada conforme al convenio de cooperación en temas penales "firmado por el Reino de España y la República de Colombia el 29 de mayo de 1997".

El tema se extiende más allá de España y Colombia, pues el grupo de inteligencia colombiano habría actuado en varios otros países europeos, coordinado, según los acusadores, por Villalba.

Los querellantes avalan su reclamo invocando el Código Penal de España, que establece penas de uno a cuatro años de cárcel para quien, "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artefactos técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación".

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