Expertos legales consideran inusual la manera como un tribunal federal de Estados Unidos rechazó por seis votos contra cinco la demanda presentada por cinco hombres que denuncian haber sido torturados bajo el programa de «entregas extraordinarias» de prisioneros de la CIA.
El hecho se apartó de la práctica tradicional al sugerir otras varias maneras de que las víctimas obtengan justicia.
Algunos ven esto como una señal de hasta qué punto el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en la occidental ciudad de San Francisco, "quedó angustiado por el trato" que dicen haber recibido los demandantes, según Mike Doyle, periodista experto en temas legales que trabaja en McClatchy Newspapers.
En su blog, "Suits and Sentences" ("Demandas y sentencias"), Doyle agrega que otro aspecto destacable de esta decisión fue que los cinco denunciantes decidieran "publicar un apéndice de 58 páginas, detallando las evidencias públicamente disponibles".
Los cinco sospechosos de terrorismo fueron arrestados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
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La demanda fue objeto de litigios ante varios tribunales federales durante años. Tras el rechazo del miércoles, ahora el caso avanza hacia la Corte Suprema. Han pasado más de 50 años desde que el máximo órgano judicial federal emitió por última vez un dictamen importante sobre el privilegio de los secretos de Estado.
El texto acusa a la firma Jeppesen DataPlan, Inc., subsidiaria de Boeing, de participar en el "programa de entregas extraordinarias" de prisioneros del gobierno de George W. Bush (2001-2009). Bajo el mismo fueron secuestrados sospechosos de terrorismo en un país y entregados a los servicios de inteligencia en otro, donde fueron encarcelados, abusados y torturados.
La demanda denuncia que Jeppesen "participó a sabiendas en estas entregas brindando servicios cruciales de planificación de vuelos y apoyo logístico a los aviones y tripulaciones utilizadas por la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) para hacer desaparecer por la fuerza a estos cinco hombres en torturas, detenciones e interrogatorios".
Según informes citados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), "Jeppesen tenía un conocimiento real de las consecuencias de sus actividades. Un ex empleado de Jeppesen informó a la revista The New Yorker que, en una reunión corporativa interna, un alto funcionario de Jeppesen declaró: Nosotros hacemos todos los vuelos de las entregas extraordinarias; usted sabe, los vuelos de las torturas. Enfrentémoslo: algunos de estos vuelos terminan de esa manera".
El gobierno de Bush intervino en el caso, reafirmando el privilegio de los "secretos de Estado" en un intento por lograr que la demanda fuera rechazada y por impedir que las evidencias —entre ellas algunas que ya eran de dominio público— llegaran a tribunales.
En abril de 2009, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, de alcance federal, dictaminó que el gobierno debía invocar el privilegio de los secretos de Estado con respecto a evidencias específicas, no a una demanda entera.
El gobierno de Barack Obama, siguiendo exactamente el mismo razonamiento legal que su predecesor, apeló ese veredicto, y en diciembre la apelación fue atendida por un panel integrado por los 11 jueces del Noveno Circuito. El resultado fue la decisión del miércoles.
La ACLU considera que ese dictamen impide que se haga responsable al programa ilegal e intenta que la Corte Suprema vuelva a evaluarlo.
La decisión de la mayoría, redactada por el juez Raymond Fisher, declara: "Esta demanda requiere que abordemos el difícil equilibrio que la doctrina de los secretos de Estado (impone) entre los principios fundamentales de nuestra libertad —incluídas la justicia, la transparencia, la responsabilidad— y la seguridad nacional. Aunque como jueces nos esforzamos por honrar todos estos principios, hay veces en que circunstancias excepcionales crean un conflicto irreconciliable entre ellos".
Sin embargo, Fisher continuó: "Que el Poder Judicial pueda haber respetado el reclamo de privilegios del Ejecutivo en interés de la seguridad nacional no impide que el gobierno honre los principios fundamentales de la justicia".
La resolución también sugirió que el Congreso debería investigar las denuncias de torturas, recordó a los demandantes que el órgano legislativo tiene la potestad de aprobar proyectos de ley particulares que ayuden a individuos y observó que también puede aprobar legislación reparatoria.
Ben Wizner, abogado de la ACLU que expuso el caso ante el Tribunal de Apelaciones, dijo que la organización estaba decepcionada con el fallo.
"El mundo está mirando de cerca para ver si las víctimas de torturas tienen alguna posibilidad de reparación en tribunales estadounidenses. Si la respuesta es no, y se permite que esta decisión se mantenga, entonces los jueces y fiscales extranjeros casi seguramente reforzarán sus propias investigaciones penales sobre prácticas ilegales de Estados Unidos", dijo a IPS.
"Hasta la fecha, ni una sola víctima del programa de torturas del gobierno de Bush" fue llevado a la justicia, señaló.
"Eso convierte a éste en un día triste, no sólo para los sobrevivientes de torturas, que buscan justicia en este caso, sino para todos los estadounidenses a quienes les importa el imperio de la ley y la reputación de nuestra nación en el mundo. Si esta decisión se mantiene, Estados Unidos habrá cerrado sus tribunales a las víctimas de torturas, mientras brinda una completa inmunidad a sus torturadores", agregó.
Otrora poco utilizada, la doctrina de los secretos de Estado se convirtió en una táctica favorita del gobierno de Bush para impedir que sus casos de seguridad nacional llegaran a tribunales.
Cuando Obama era senador, y luego como candidato a presidente, fue muy crítico sobre este tema. Ahora, muchos creen que las acciones de su gobierno buscan reafirmar una mayor autoridad del Poder Ejecutivo.
