Ante duras críticas generalizadas que trascendieron fronteras, el parlamento de Perú, a instancias del propio gobierno, derogó el decreto ley que habilitaba la prescripción y archivo de causas por delitos de lesa humanidad. En medio del escándalo renunció medio gabinete ministerial.
La decisión del Congreso legislativo fue precedida este martes por la modificación del Decreto Legislativo 1097, con arreglos que flexibilizaban su aplicación, y luego por el desplazamiento en cadena de nueve de los 18 ministros del gobierno de Alan García.
Tras casi tres horas de debate, finalmente 90 legisladores votaron a favor de la derogación y sólo se opuso el diputado y también vicepresidente de Perú, Luis Giampietri, procesado por el motín de guerrilleros presos en 1986 en la isla penal El Frontón, frente a Lima, que dejó más de 200 muertos. García ejercía entonces su primera presidencia, que fue de 1985 a 1990.
El proceso que llevó a la marcha atrás del gobierno comenzó el lunes, cuando por la tarde se convocó a un consejo de ministros de emergencia para aprobar el texto del proyecto de derogación, que fue enviado al parlamento de inmediato. Se solicitaba dejar sin efecto la norma en resguardo de la "vida constitucional y democrática del país".
El decreto 1097 emitido el 1 de este mes por García, gracias a facultades legislativas especiales otorgadas por el parlamento, disponía archivar los procesos judiciales contra militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos si habían transcurrido más de 36 meses sin dictar sentencia.
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También reconocía la imprescriptibilidad de estos delitos sólo desde el 9 de noviembre de 2003, cuando Perú ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
Lo potestad para legislar pedida por el Poder Ejecutivo el 12 de marzo era para dictar normas en relación al Código de Justicia Militar y Policial por 60 días. Pero el 1 de junio se ampliaron tales facultades, a instancia del partido del ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Mientras el Congreso debatía este martes la derogatoria de la norma, García tomaba juramento a los nueve ministros que reemplazaron, en medio de las críticas por el decreto, a quienes dejaron sus cargos con el argumento de que vencía el plazo legal para poder presentarse como candidatos en las elecciones generales de 2011.
Uno de los que dejó su puesto fue Rafael Rey, quien como ministro de Defensa fue el promotor de la polémica norma.
RECHAZO A DIESTRA Y SINIESTRA
Las organizaciones de derechos humanos, juristas y opositores no cejaron en estas dos semanas de sostener que el decreto ley era una "amnistía encubierta".
A ellos se sumaron el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martín Scheinin, en misión especial en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jerarquía de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
Yonhy Lescano, de la Alianza Parlamentaria, respaldado por diversas bancadas de la oposición, presentó también el lunes un proyecto para derogar el decreto 1097.
Pero el gobierno terminó de desistir de sus planes iniciales luego de la súbita renuncia del escritor peruano Mario Vargas Llosa, radicado en España, quien lideraba la comisión de Alto Nivel del Lugar de la Memoria, en homenaje a las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000).
La norma "a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a un buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos asesinatos, torturas y desapariciones—, entre ellos al propio ex dictador (Fujimori) y su brazo derecho (Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia)", señaló Vargas Llosa en su carta de renuncia dirigida a García.
En el debate parlamentario, los únicos que defendieron el decreto fueron los representantes fujimoristas. Mientras éstos hablaban, en el hemiciclo circuló un volante suscrito por el Ministerio de Defensa en el que se defendía la norma. Rey parecía luchar hasta el final.
El ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, Iván Montoya, explicó a IPS que el decreto era inconstitucional y constituía un grave peligro, porque "atentaba contra disposiciones que provienen del sistema interamericano de protección de derechos humanos y contra principios generales del derecho penal internacional".
El jurista entiende que lo más cuestionable era el otorgamiento de facilidades extraordinarias para cambiar el mandato de detención provisional de procesados por delitos de lesa humanidad por una orden de comparecencia, "con el riesgo de que estos militares se puedan fugar y evitar la justicia".
LA TRAMA SECRETA
En la primera línea de defensa del decreto se había ubicado el ahora ex ministro Rey. Junto a parlamentarios fujimoristas, argumentaba que la norma no beneficiaría a sentenciados como el ex mandatario ni a aquellos procesados que se encuentran en la etapa de juicio oral.
Sin embargo, los uniformados acusados por las masacres de 15 pobladores del limeño Barrios Altos (1991) y de otras 10 personas de la también capitalina Universidad La Cantuta (1992), por las cuales Fujimori ha sido condenado, ya habían pedido la prescripción de esos delitos, argumentaron los alcances del decreto ahora derogado.
IPS pudo conocer que Rey y sus asesores trabajaron en la elaboración de la norma mucho antes de que el Congreso le delegara las facultades al Poder Ejecutivo.
Sólo el viernes 10 se puso al descubierto las secretas intenciones del Ministerio de Defensa. Un informe del no gubernamental Proyecto de Investigación IDL-Reporteros reveló que Rey se había reunido para la corrección final de la norma con el abogado Sergio Tapia, defensor del vicepresidente Giampietri, el vicealmirante en retiro acusado por la masacre de El Frontón.
El encuentro se produjo el 24 de agosto, un día antes de que el decreto fuera presentado en el Consejo de Ministros.
Según la nota periodística, también había sido consultado previamente César Nakasaki, abogado de Fujimori y varios militares denunciados y procesados por casos de derechos humanos.
Nakasaki incluso acudió el 6 de este mes al Ministerio de Defensa para revisar la exposición de motivos del decreto 1097.
"Había un claro conflicto de intereses, no se podía permitir que personas extrañas al Estado elaboren normas por lo bajo en coordinación con el ministro de Defensa. Por eso tenía que ser derogada", dijo a IPS el diputado Lescano.
