Once militares chilenos y tres uruguayos fueron condenados este viernes en primera instancia por los delitos de asociación ilícita, secuestro y posterior homicidio en Uruguay del químico Eugenio Berríos, ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet.
"Es sin duda un fallo histórico porque de una u otra manera viene a cerrar un capítulo de la transición democrática chilena", dijo a IPS el periodista Jorge Molina Sanhueza, autor del libro "Crimen Imperfecto. Historia del químico DINA Eugenio Berríos y la muerte de Eduardo Frei Montalva", publicado en 2002.
"En el caso Berríos de alguna u otra manera confluye todo el accionar de una época. Es como si nosotros quisiéramos hablar por antonomasia de todo el poder en las sombras de la dictadura militar", señaló.
"Constituye todo eso: robos de identidades, pagos clandestinos, homicidios, encubrimientos, redes de protección", agregó.
Berríos fue un químico que trabajó en la fabricación de armas letales, como el gas sarín, a las órdenes de la hoy desaparecida DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), el primer cuerpo represivo de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
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El fallo de primera instancia del juez Alejandro Madrid confirmó que Berríos fue secuestrado y asesinado por militares en servicio activo de Chile y de Uruguay, en lo que se considera uno de los últimos episodios del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América en las décadas del 70 y 80, organizado con el aval de Estados Unidos.
Lo particular del asesinato de Berríos es que se perpetró cuando ya Uruguay y Chile habían recuperado la democracia y Pinochet, fallecido en 2006, ostentaba el cargo de comandante en jefe del ejército.
El dictamen de Madrid indica que los militares "se apartaron de las funciones propias de sus cargos, formando una organización paralela a la estructura regular".
Disponiendo de recursos económicos, sostiene el fallo, los uniformados chilenos establecieron "vínculos con militares extranjeros a los que invitan a participar en esta organización delictiva, quienes en algunos casos actúan directamente, y, en otros, colaboran en la perpetración de delitos".
La pena más alta, de 10 años y un día como autor del secuestro con homicidio de Berríos, la recibió el oficial retirado del ejército chileno Arturo Silva Valdés. Por asociación ilícita, en tanto, fue condenado a tres años y un día.
Jaime Torres, Manuel Provis, Raúl Lillo y el general retirado Hernán Ramírez, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE), fueron sentenciados a cinco años y un día por secuestro, y a tres años y un día por asociación ilícita, excepto Lillo quien obtuvo 100 días por este último delito.
También fueron condenados por secuestro Eugenio Covarrubias, Pablo Rodríguez, Marcelo Sandoval y Nelson Román, quienes recibieron tres años y un día de pena. Por asociación ilícita el primero recibió 541 días y los tres restantes 60 días.
Como cómplice de secuestro fue sentenciado a tres años y un día Manuel Pérez, con el beneficio de la libertad vigilada. El ex fiscal militar Fernando Torres Silva recibió una pena de tres años y un día por asociación ilícita.
Los militares uruguayos extraditados en 2006, el coronel retirado Tomás Casella y el teniente coronel Eduardo Radaelli, fueron condenados a cinco años y un día como autores de secuestro, sin beneficios. El primero recibió, además, tres años y un día por asociación ilícita y el segundo 61 días por ese mismo delito.
El juez Madrid condenó a coronel Wellington Sarli, también uruguayo, a tres años y un día por su responsabilidad en el secuestro de Berríos y a 60 días por asociación ilícita, con el beneficio de la libertad vigilada.
Todas las condenas se suman. Sin embargo, ya la defensa de los militares uruguayos dijo que esta sentencia será apelada ante un tribunal de segunda instancia.
Otras cinco personas fueron absueltas por el juez Madrid, quien debió recibir protección policial en julio de 2009 durante las audiencias públicas del caso, tras sufrir extraños llamados telefónicos y que desconocidos vigilaran su casa.
En 1991, un año después de la recuperación de la democracia en Chile, el científico Berríos fue sacado clandestinamente del país hacia Argentina y luego retenido en Uruguay, donde estuvo custodiado por militares de ese país y chilenos. El objetivo de la operación de inteligencia militar fue evitar que Berríos declarara en el juicio por el caso de Orlando Letelier, el ex canciller del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973) asesinado en un atentado con explosivos en 1976 en Washington.
La última vez que se vio con vida a Berríos fue el 15 de noviembre de 1992, cuando acudió a una comisaría del balneario de Parque del Plata, cercano a Montevideo, a denunciar que había sido secuestrado. De ahí fue retirado por Casella y Radaelli.
El cadáver de Berríos, con impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en 1995 en la playa El Pinar, vecina de Parque del Plata.
El homicidio de Berríos también está relacionado con la muerte del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien falleció en 1982 por una extraña septicemia después de una operación rutinaria, caso que también es investigado por el juez Madrid.
El fallo tendrá impacto en el caso Frei "en la medida en que las Cortes (de Apelaciones y Suprema, en segunda y última instancia) confirmen el accionar del juez" Madrid, indicó Molina Sanhueza, quien hoy trabaja en el diario electrónico El Mostrador.
"Gracias a Berríos, el ministro Madrid descubrió el Laboratorio de Guerra Bacteriológico (del ejército), donde se preparaban los venenos que se supone fueron a parar a Frei, se encontró la autopsia de Frei, se pudo conocer el caso de los miristas (integrantes del izquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR) envenenados en la cárcel pública en 1981", recordó.
"Es algo positivo que se haya condenado a los procesados, toda vez que es la única forma de reparar el mal causado no solamente a los familiares, a quienes represento, sino que también a la sociedad chilena", dijo por su parte a la radio Cooperativa el abogado de los parientes de Berríos, Thomas Ehrenfeld.
Pese al tiempo que ha pasado, saludamos el fallo porque indica que la justicia chilena no está aplicando la prescripción en casos de violaciones a los derechos humanos, comentó a IPS Leonardo Aravena, abogado de la no gubernamental organización humanitaria Amnistía Internacional, capítulo chileno.
Los condenados también fueron sentenciados a pagar millonarias indemnizaciones a los querellantes.
