VENEZUELA: Huelga de hambre, herencia de problema agrario

Franklin Brito mide 1,90 metros y ya pesa menos de 35 kilogramos. Permanece en estado crítico en el Hospital Militar de la capital venezolana, como consecuencia de largas huelgas de hambre en reclamo de derechos sobre un establecimiento rural de su propiedad.

"Está muy mal. Dejó la huelga de sed y recibe hidratación, pero no puede moverse ni hablar. Tiene deficiencia respiratoria, pulmonía, hipotermia y daños en órganos como hígado y riñón", dijo a IPS el viernes su hija, Ángela Brito.

Desde 2005, Brito ha hecho seis huelgas de hambre. Al cabo de la primera se amputó un dedo y así llamó la atención del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien ordenó atenderlo. Otro ayuno lo hizo a las puertas de la oficina en Caracas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se ha interesado en su caso.

Durante la penúltima huelga, en diciembre de 2009, un tribunal acogió el pedido de la Fiscalía General de la República, que consideró a Brito "inhabilitado desde el punto de vista médico", con una "disminución de su capacidad", y ordenó llevarlo, contra su voluntad, de las cercanías de la OEA al Hospital Militar.

"Aquí me tienen, más que preso, secuestrado, sin haber cometido yo delito, por protestar con un ayuno", dijo entonces Brito. Rehusó ser tratado por médicos militares y obtuvo que le atendiesen galenos de la Cruz Roja, mientras, a sus 49 años, perdía cada vez más peso y condiciones físicas.

En 2009, Brito expuso en un vídeo, disponible en el portal YouTube, el caso de su establecimiento Iguaraya, de 290 hectáreas en la sudoriental Guayana, cercano a Ciudad Bolívar y a unos 500 kilómetros de Caracas. Según su versión, el problema comenzó cuando en 2000 se manifestó contrario al proyecto de un alcalde de la zona para fumigar plantaciones de ñame (Dioscórea).

Brito habría propuesto sembrar variedades del tubérculo más resistentes a plagas, y el financiamiento del proyecto de la alcaldía se desmoronó. El productor agropecuario y su esposa, Elena Rodríguez, fueron despedidos de las escuelas públicas donde eran docentes.

Posteriormente, algunos cultivadores reivindicaron usar parte de las tierras de Brito y el estatal Instituto Nacional de Tierras (INTI) les adjudicó cartas agrarias.

La carta agraria es una figura del decreto-ley de tierras mediante la cual las familias campesinas son autorizadas a ocupar y cultivar predios cuya propiedad sigue siendo estatal y es administrada por el INTI.

Mediante este plan se ha ocupado 2,9 millones de hectáreas, principalmente grandes posesiones que estaban en manos de particulares que no han podido probar su pertenencia, a juicio del Instituto, una cadena de títulos que demuestren su carácter de propiedad privada desde antes de 1848, cuando se dictó la primera ley agraria en Venezuela.

Decenas de miles de familias han recibido cartas agrarias sobre 1,9 millones de hectáreas, con un sostenido debate sobre su eficacia para la seguridad y soberanía alimentaria en este país que importa entre 60 y 70 por ciento de sus alimentos.

Brito reclamó ante el Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y tribunales agrarios y ordinarios, hasta llegar al el Tribunal Supremo, por la medida que redujo su propiedad y la aisló con cartas agrarias sobre la vía de acceso al establecimiento.

Al paso del tiempo demandó también compensaciones por los daños causados. Como no tuvo éxito, pasó a la protesta mediante huelgas de hambre que ocasionaron a su salud daños ya considerados "irreversibles" por médicos y familiares.

En 2005 hubo un acuerdo parcial del gobierno de Chávez con Brito, y se le reconocieron las deudas salariales como maestro a él y a su esposa. En 2007 un acuerdo más amplio le permitió el uso de todas sus tierras y se le entregaron dinero, un tractor y enseres.

Pero las autoridades rehusaron entregarle a Brito documentos que explicasen las donaciones como compensación o reparación por los daños causados. "Si me los hubiesen entregado habrían reconocido que no resolvieron el problema cuando pudieron y así el presidente (Chávez) quedaría como una mala persona", según el productor.

Brito rechazó entonces el dinero y los bienes que le entregaban "para no hacerme cómplice de algún hecho de corrupción" y regresó a la protesta. El tiempo no ha hecho sino agravar las posiciones.

"Ha pasado tanto tiempo y se nos han cerrado tantas puertas que ya estamos convencidos de que solamente el presidente, con el poder que tiene, es el único que puede resolver el problema", dijo a IPS la esposa del productor.

El INTI declaró que desde 2006 certifica que no existe solapamiento de tierras sobre el fundo Iguaraya, estableció una servidumbre (permiso) de paso en la vía, reparó cercas, deforestó espacios para siembra y "el gobierno bolivariano decidió entregar en forma gratuita una serie de beneficios", como vehículos, enseres e insumos. El ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, ex director del INTI, visitó a Brito este mes para tratar sobre un posible nuevo acuerdo, pero el agravamiento de la salud del productor no permitió hacer avances.

"En respeto a las cosas que me dijo, me voy a abstener de decir lo que conversamos", declaró Loyo, y reiteró que sobre el establecimiento Iguaraya "no existe ninguna ocupación ilícita, expropiación ni ningún tipo de afectación de las que comúnmente muchos medios privados se hacen eco, confiscaciones o cosas por el estilo".

Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea, dijo a IPS que "realmente nunca hubo voluntad política para resolver este caso, que se ha debido manejar desde una mesa de diálogo desde mucho antes de llegar a estos extremos".

"El traslado forzoso de Brito al Hospital Militar violó su derecho a la libertad personal", sostuvo Alvarado, aunque el hábeas corpus que interpuso contra ese internamiento fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Caracas.

Prelados católicos y políticos de oposición han pedido a Chávez que "no deje morir a Franklin Brito" y acceda a revocar las cartas agrarias en manos de vecinos, que solaparon su fundo, y se reconozca que hubo errores al manejar el caso.

Un grupo de organizaciones civiles reunidas en el Foro por los Derechos Humanos y la Democracia pidieron a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, aliada política de Chávez, que intervenga para resolver el caso del productor agropecuario.

El último año la opinión internacional ha sido sacudida por huelgas de hambre para exigir derechos fundamentales, como la del periodista cubano Guillermo Fariñas, quien ayunó en demanda de que presos políticos fueran excarcelados, y la activista saharaui Aminatou Haidar, quien reclamó desde España su derecho de regresar a El Aaiun.

El caso del encarcelado albañil cubano Orlando Zapata Tamayo, quien protestó por las condiciones de detención en Cuba, resultó trágico pues falleció el 23 de febrero de 2010 al cabo de 83 días en huelga de hambre.

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