En dos semanas, la Suprema Corte de Justicia mexicana dio pasos fundamentales hacia el reconocimiento de los derechos de la comunidad lésbico-gay.
El 5 de agosto, la Corte declaró constitucional la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo que había aprobado en diciembre la Asamblea Legislativa de la capital. La norma, primera de este tipo en América Latina, fue impugnada por la Procuraduría General de la República ante el máximo tribunal del país.
Cinco días después, el 10 de agosto, los magistrados de la Suprema Corte dispusieron que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el Distrito Federal se reconozcan en las otras 31 entidades federativas del país.
Y este lunes 16, la Corte declaró constitucional la reforma del artículo 391 del Código Civil del Distrito Federal que posibilita la adopción a los matrimonios homosexuales por nueve votos a favor y dos en contra.
"Nuestras familias son hoy reconocidas y los argumentos de los ministros han versado en el derecho fundamental de la no discriminación, eso es un triunfo enorme para la democracia y lo veremos reflejado en las generaciones futuras", dijo a IPS la activista Lol-Kin Castañeda.
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Ella y Judith Vázquez, su compañera, forman una de las 320 parejas homosexuales que acudieron al Registro Civil de la capital a contraer matrimonio desde que la ley fue promulgada, el 29 de diciembre de 2009.
La norma es parte de una avanzada de legislaciones progresistas promovidas por el gobierno izquierdista del Distrito Federal, que incluye la despenalización del aborto y se enmarca en movimientos similares en otros países de la región. Argentina fue la primera nación latinoamericana en aprobar una amplia ley de matrimonio homosexual, el mes pasado.
Pero el paquete legislativo de la capital mexicana soporta una importante contraofensiva de la influyente Iglesia Católica y del conservador y gobernante Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Felipe Calderón.
En enero, el procurador general Arturo Chávez impugnó la ley ante la Suprema Corte, argumentando que violaba preceptos constitucionales que protegen a la familia y preservan el interés superior de los menores. A la impugnación se sumaron los gobernadores de los estados de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, y de Jalisco, sobre el océano Pacífico, ambos del PAN.
"Sí es un problema tener un gobierno federal opuesto a la agenda de los derechos humanos, pero afortunadamente la Corte ha sido consecuente en estos temas", dijo a IPS el diputado capitalino David Razu, promotor de la iniciativa del matrimonio homosexual.
De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, quienes se declaran homosexuales o lesbianas constituyen cinco por ciento de una población de más de 107 millones de personas. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales estiman que la proporción real puede duplicar esa cifra.
El magistrado Sergio Valls, encargado de elaborar el proyecto de dictamen de la Suprema Corte, indicó que rechazar la posibilidad de que las personas homosexuales se casen y adopten hijos "sería constitucionalizar la discriminación, cualquiera que sea su tipo u origen, evitando la existencia de familias homoparentales o haciendo que no existen".
Al fijar su postura, nueve de los 11 magistrados del máximo tribunal del país consideraron que el interés superior de niñas y niños está salvaguardado cuando se les proporciona amor, cariño, educación, recursos económicos y atención, y que los homosexuales son tan aptos para ser padres como los heterosexuales.
"Ni siquiera hay elementos que hagan pensar, al menos una duda razonable", de que se ponga en riesgo el interés superior del infante, declaró Valls.
Pero estos avances no son todavía plenamente aplicados.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal documentó seis casos en los que las instituciones de seguridad social del gobierno federal se negaron a prestar servicio a matrimonios de personas del mismo sexo.
"Hemos hecho ya solicitudes a las instancias, y la respuesta, tras cuatro meses de espera, es que no pueden dar el servicio", dijo Castañeda.
Además, distintas encuestas publicadas en medios de comunicación señalan que más de la mitad de los consultados están de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero no con que se les conceda derecho de adopción.
"Los derechos humanos no son materia de popularidad, porque los argumentos que se esgrimen no vulneran el derecho de nadie más", explicó el diputado Razu.
"No se puede consultar a las mayorías un derecho fundamental, y en este caso son muchos los derechos fundamentales involucrados: a la no discriminación, a la libre asociación, a casarse, a la libre expresión, y estos derechos no son materia de plebiscito".
Castañeda comentó que la comunidad de gays y lesbianas tiene confianza en que la decisión de la Suprema Corte permita extender los derechos establecidos en la capital a otros estados.
"Lo que impulsamos es la homologación de derechos con los de las personas heterosexuales. No son derechos nuevos ni una figura de excepción, simplemente es ser tratados como iguales", dijo.
Pero la oposición extrema de la Iglesia no augura un camino sencillo para esa homologación.
Antes de la sesión de la Corte de este lunes, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, segundo en la jerarquía católica mexicana, afirmó que los magistrados recibieron dinero para ratificar la ley de matrimonio homosexual del Distrito Federal.
"No dudo de que (los jueces) estén muy maiceados (corrompidos) por Marcelo Ebrard (el alcalde capitalino). Están muy maiceados por organismos internacionales", dijo el prelado a periodistas.
"Lo de las adopciones es una aberración ¿A ustedes les gustaría que los adopten una pareja de maricones o lesbianas?", lanzó.
