La legisladora Keiko Fujimori deberá demostrar ante la Fiscalía de la Nación de Perú que desconocía el origen ilícito de los fondos que habría usado su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori, para financiar sus estudios universitarios entre 1993 y 1997 en Estados Unidos.
Según el mandato de investigación formulado por la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, documento al que tuvo acceso IPS, el ex mandatario peruano entre 1990 y 2000 habría sacado de las arcas públicas dinero para pagar las carreras universitarias de sus cuatro hijos en Estados Unidos, Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi.
La actual legisladora estudió administración de empresas en la Universidad de Boston.
La resolución de Echaíz fue dada a conocer por la propia candidata a la presidencia el miércoles en el Congreso legislativo. Se trata de un "complot político para dañar el firme avance del 'fujimorismo' hacia la presidencia de la República", acusó. Según encuestas recientes, Keiko lidera las preferencias electorales de cara a los comicios presidenciales de abril de 2011.
La legisladora también denunció que el caso había sido desestimado y archivado por la Fiscalía de la Nación.
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El primer ministro Javier Velásquez se sumó a las críticas contra la Fiscalía. "Me parece un exceso que después de 10 años se reabra la investigación", dijo Velásquez, declaraciones que fueron calificadas de "interferencia política" por Echaíz.
Asimismo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa, cuyo hijo trabajó en el estudio del abogado defensor de Alberto Fujimori, señaló el jueves que el inicio de la investigación es parte "de una campaña de desprestigio".
"(Velásquez) ha llamado inoportuna, excesiva (la investigación) sin saber que los hijos (del ex presidente Alberto Fujimori) eran mayores de edad (cuando recibieron el dinero de su padre)", señaló este viernes Echaíz a la emisora Radioprogramas del Perú. "Habrá que ver si sabían o no cómo estaban siendo educados. Por eso se ha abierto investigación", apuntó.
Respecto de los dichos de la legisladora, Echaíz preguntó: "¿cuál es el temor (de Keiko)?".
También aclaró que nada impide que un candidato sea investigado en plena campaña: "Si se quiere que en una etapa electoral los órganos de justicia no trabajen o no investiguen políticos, que se modifique la Constitución y las leyes. Y que se diga que hay un grupo de ciudadanos que tiene privilegios o un tipo de garantía especial no acorde con un sistema de derecho". A Keiko y sus hermanos se les atribuye haber actuado como cómplices del delito de enriquecimiento ilícito que habría cometido su padre.
Fuentes de la Fiscalía informaron a IPS que el caso no había sido desestimado y archivado, como sostiene la legisladora. "Por el contrario, recién la fiscal ha mandado a investigar de dónde sacó el dinero Fujimori para cubrir los gastos universitarios de sus hijos, lo que nunca antes se había hecho".
La candidata presidencial "fujimorista" argumenta que el delito de enriquecimiento ilícito fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia de Chile cuando concedió la extradición del ex mandatario en 2007 para ser juzgado en Perú.
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato del asesinato de 25 personas, crímenes perpetrados en noviembre de 1991 y julio de 1992 por un comando especial del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que ejecutaba órdenes del asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
También afronta una sentencia de seis años de cárcel por haber autorizado espionaje telefónico, sobornado a legisladores de la oposición y comprado la línea editorial de medios de comunicación para que apoyaran su reelección.
"Lo cierto es que el Congreso acusó constitucionalmente a (Alberto) Fujimori por enriquecimiento ilícito y la Fiscalía de la Nación procedió a acusarlo por dicho delito. Es más, el juicio contra Fujimori está pendiente de resolución", dijeron las fuentes.
Echaíz sostiene que está acreditado que Alberto Fujimori cometió el delito de enriquecimiento ilícito porque un peritaje contable detectó un desbalance patrimonial.
Una copia del reporte de los peritos, a la que tuvo acceso IPS, indica que durante sus 10 años de gobierno Fujimori no cobró el sueldo mensual que le correspondía por ejercer el cargo, lo que sumó un total de 80.000 dólares. Pese a ello, pudo pagar los estudios de sus hijos, que costaron cerca de 354.000 dólares, según la proyección de los expertos judiciales, sin haber declarado otro tipo de ingresos.
Una de las evidencias contra Keiko Fujimori es una declaración testimonial prestada por ella el 17 de septiembre del 2001. Interrogada por una comisión investigadora parlamentaria, afirmó que su padre le entregaba el dinero en efectivo en el Palacio de Gobierno, según una copia de la transcripción de sus respuestas que consiguió IPS.
Incluso Vladimiro Montesinos declaró ante la propia Echaíz el 19 de julio del 2001 que el ex mandatario se agenció de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para pagar los estudios de sus cuatro hijos en Estados Unidos.
Pero para la familia del ex presidente la acusación es una maniobra más para desacreditarlos.
"Al ordenar la apertura de una investigación fiscal contra Keiko, la fiscal de la Nación ha tomado una decisión absolutamente antijurídica. Se trata de un abuso más de la justicia peruana a la que ya nos tiene acostumbrada. Alberto Fujimori ya demostró que pagó los estudios con la venta de inmueble", dijo a IPS Santiago Fujimori, congresista y hermano del ex mandatario.
"Es una aberración jurídica", enfatizó.
La Fiscalía de la Nación señala que los 669.000 dólares que obtuvo Fujimori en 1998 por la venta de un inmueble de su propiedad no se destinó al pago de los estudios de sus hijos.
El vocero de la bancada nacionalista en el Congreso, Daniel Abugattás, saludó la decisión de la Fiscalía de la Nación de investigar a Keiko, pero dijo que las autoridades judiciales deben estar alertas ante las presiones del gobierno que ha manifestado su simpatía por la candidata.
"Hay que estar vigilantes porque el primer ministro Javier Velásquez, en lugar de respaldar el mandato de la fiscal de la Nación, la cuestiona por investigar a Keiko Fujimori", dijo Abugattás a IPS. "Con ese acto, el gobierno demuestra que no está en contra de la impunidad sino a favor de la corrupción", concluyó.
