«Antes trabajaba en la costa sur cortando caña y llegaba hasta Belice a sembrar naranja. Sufrí bastante para poder vivir bien», dijo a IPS Héctor Pan, un indígena q'eqchi que dejó la agricultura para convertirse en guía de rafting en su natal Cahabón, en el norteño departamento guatemalteco de Alta Verapaz.
La vida de Pan, su esposa y sus cinco hijos cambió hace cuatro años cuando junto a otros pobladores decidieron aprovechar los rápidos del río Cahabón que atraviesan Saquijá, su aldea, para echar a andar el proyecto Guaterafting que presta servicios de balsas, guías y equipos para adentrarse en la naturaleza y practicar este deporte de aventura.
De esta forma, el ex agricultor y otros 23 vecinos han logrado mejorar sus ingresos para lograr el sustento diario en este país centroamericano golpeado por la pobreza y la crisis alimentaria.
Pan pertenece a la Asociación de Desarrollo de Turismo Ecológico Saquijá, la cual recibe apoyo del Programa de Desarrollo Rural de las Verapaces (Prodever).
Prodever es financiado por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el gubernamental Fondo Nacional para la Paz.
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Además de ser considerado uno de los países más vulnerables de América Latina, con la mitad de su población viviendo en la pobreza y 17 por ciento en la indigencia, según la Organización de las Naciones Unidas, Guatemala aún sufre las secuelas de las tormentas Agatha y Alex, que dejaron más de 100.000 damnificados y arruinaron las cosechas de granos básicos en mayo y junio.
Según el Ministerio de Agricultura, solo Agatha, la tormenta más poderosa, destruyó alrededor de 296.000 quintales (de 46 kilogramos cada uno) de 69 productos agrícolas. Del total de quintales, 87.400 eran de maíz, el de mayor consumo.
De esta forma, los esfuerzos públicos, no gubernamentales, privados y de la cooperación internacional se han vuelto indispensables para atender la crisis alimentaria.
Enrique Murguía, coordinador para México, Centroamérica y el Caribe del FIDA, dijo a IPS que ese organismo está comprometido con la seguridad alimentaria, con el foco puesto "en el aumento de la producción y la generación de ingresos, pero conectados con el acceso a los mercados".
Un ejemplo de su trabajo es el Prodever, que desde 2001 al 30 de junio de 2010 ha invertido unos 16,3 millones de dólares en los norteños departamentos de Alta y Baja Verapaz de Guatemala para incrementar la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, entre otros proyectos.
En América Central la inversión del FIDA alcanza a 700 millones de dólares, lo que sumado a los aportes de los gobiernos asciende a 1.300 millones de dólares, según Murguía.
Al igual que este fondo internacional, innumerables organizaciones están promoviendo acciones para mejorar la seguridad alimentaria en Guatemala. Es el caso, por ejemplo, de la no gubernamental humanitaria Acción Contra el Hambre.
"La primera ayuda que recibimos fue el pago por arreglar cunetas en las calles. Después nos dieron semillas de maíz y gracias a Dios ya casi estamos cosechando", dijo a IPS Francisco Pérez, agricultor del municipio de San Pedro Pinula, en el suroriental departamento de Jalapa, beneficiario de dicha entidad.
La ayuda recibida por este municipio, ubicado en el llamado Corredor Seco, región que se caracteriza por la aridez de su suelo y que abarca el norte y este del país, es trascendental si se considera que en 2009 al menos 54 niñas y niños murieron en el país por desnutrición, la mayoría en Jalapa, según la Dirección General de Epidemiología.
"El grupo está contento porque con ese apoyo nos vamos ayudando un poco. También nos ayudaron con alimentación a niños con bajo peso y ahora esperamos que nos den semilla de frijol", agregó Pérez.
Según José Luis Vivero, coordinador regional para América Central de Acción contra el Hambre, el trabajo de esa organización se divide en cuatro ejes: tratamiento y vigilancia de la desnutrición aguda, el programa "Mano de Obra Intensiva", que proporciona ingresos a las familias más afectadas, la distribución de semillas resistentes y el monitoreo y alerta temprana de la seguridad alimentaria.
Si bien se considera fundamental el apoyo recibido por estas organizaciones, activistas guatemaltecos creen que faltan esfuerzos estatales.
Nadia Sandoval, de la Comisión Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, una entidad privada sin fines de lucro, dijo a IPS que si bien el país cuenta con una legislación avanzada sobre seguridad alimentaria, "ésta no garantiza que las instituciones actúen de la mejor forma".
"El papel del Consejo de Seguridad Alimentaria, creado por la ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en 2005, evidenció durante la sequía que afectó al país en 2009 que aunque es un ente de coordinación y toma de decisiones, no funcionó", criticó.
Para Sandoval además se debe vigilar el cumplimiento del salario mínimo de 241 dólares mensuales, "el cual, vale decirlo, es inferior al costo de la canasta básica alimentaria (de 250 dólares mensuales)".
Facilitar el acceso a la tierra, evitar los desalojos forzosos y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, atascada en el Poder Legislativo, son también parte de la agenda pendiente en la lucha contra el hambre, indicó.
Lisandro Guevara, secretario técnico de la Mesa Nacional Alimentaria, una organización multisectorial que promovió la legislación de 2005, dijo a IPS que el Consejo de Seguridad Alimentaria debe tener un papel más activo y debe aumentarse el presupuesto para combatir el hambre en el país.
