Desde hace 26 años Gregoria Aguilar llora a sus muertos, en esta ciudad del departamento de Cusco, donde vive. Perdió a su hijo, su yerno y su sobrino en la mayor masacre perpetrada por el grupo armado maoísta Sendero Luminoso en los Andes de Perú.
"Pienso en ellos siempre. Quisiera recuperar sus restos pero no sé dónde están, ¿dónde estarán?", se preguntó sollozando Aguilar, en duelo desde el 16 de julio de 1984.
Aquel día, un grupo de entre 30 y 40 senderistas asesinó con picos, martillos, piedras y armas de fuego a un centenar de campesinos en varias poblaciones del sur de Ayacucho, en un caso conocido como el "bus de la muerte".
También mataron a un grupo de comerciantes del distrito que es cabecera Sicuani, una ciudad a 1.244 kilómetros al sureste de Lima y centro comercial del departamento de Cusco, al este de Ayacucho.
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La masacre ocurrió al comienzo de la guerra interna que vivió Perú (1980-2000) y que tuvo su epicentro en Ayacucho. Allí se registraron 47 por ciento de las 69.280 muertes del conflicto, determinó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que entre 2001 y 2003 investigó los crímenes de la violencia.
Desde 2005, la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) asumió la investigación antropológico-forense y asesoría legal a las víctimas de Ayacucho y considera esta matanza como la más grave cometida por Sendero, por la cantidad y la crueldad de los asesinatos.
La masacre también dejo desaparecidos, como los familiares de Aguilar. "No creo que estén vivos, los han matado y por eso quiero que aunque sea sus huesitos me den para enterrarlos aquí cerca", aseguró la anciana que pretende que escuche su reclamo la Segunda Fiscalía Provincial de Ayacucho, que mantiene congelada la investigación.
Sicuani está a unos 740 kilómetros al sureste de Huamanga, pero es más de un día de viaje por carretera, porque la primera se sitúa a 3.550 metros de altura y la segunda a 2.746 y cada una en vertientes opuestas de la cordillera.
Los funcionarios fiscales aún no recogieron los testimonios de los sobrevivientes, ni ordenaron la exhumación de los cuerpos, pese a que la Comisedh logró establecer una relación de 99 víctimas, 72 de ellas enterradas en 34 sitios ya registrados. De este grupo, al menos 12 son de Sicuani.
El horror llegó al sur de Ayacucho en un bus que cada lunes recorría la zona andina, procedente de Lima. Los terroristas, vestidos de militares y policías, secuestraron el vehículo y realizaron un macabro recorrido entre las siete de la mañana y medianoche.
En esas 17 horas pararon en cada pueblo donde sus líderes habían rechazado integrar las filas senderistas, aseguraron sobrevivientes a IPS.
En diciembre de 1983, campesinos del área suscribieron en la población de Soras una alianza contra Sendero Luminoso, después que el 26 de noviembre miembros del grupo habían torturado y asesinado públicamente a tres líderes comunitarios.
"Era una venganza porque siempre venían a decirnos que nos uniéramos a ellos, pero nunca les hicimos caso", contó a IPS Lidia Jáuregui, habitante de Soras a la que mataron su esposo, Jorge Meléndez.
En aquellos días, el mando senderista de la zona por donde se desplazó el "bus de la muerte" correspondía a Víctor Quispe Palomino, que actualmente comanda un remante del grupo que opera en el valle entre los ríos Apurímac y Ene, compartido por Ayacucho y Cusco.
Los comerciantes de Sicuani fueron asesinados en Doce Corral, donde se desplazaban por temporadas para la compra-venta de lana de alpaca.
Los senderistas llegaron allí hacia las tres de la tarde, y se dividieron en grupos para interrogar a los pobladores sobre sus acciones contra los terroristas y luego ejecutarlos con picos, martillos y piedras.
"Mi hermano se puso de rodillas diciendo por favor no me maten, tengo tres hijos. Pero lo amarraron, le dieron golpes, le destrozaron su cabeza, así me cuentan los que lo vieron morir", narró a IPS Esteban Sinsaya, hermano de Leonardo Sinsaya, uno de los comerciantes asesinados.
Sólo rescataron de él hasta ahora un chullo (gorro de lana) con rastros de sangre.
La madre de los Sinsaya, Gabina Colque, llora cada vez que le preguntan por su "Nanildo". La familia espera rescatar sus restos "para llevarle flores, es nuestra sangre", dijo el hermano sobreviviente.
"Tanta injusticia ha habido, tanto hemos esperado. Mírenos ya estamos viejos", insistió Esteban Sinsaya, de 53 años y más de media vida en inconcluso duelo.
La familia Sinsaya integra la delegación que viajará a Ayacucho, acompañada de los representantes de la Vicaría de Sicuani, que asesora legalmente a las víctimas de Cusco desde 2003.
La fiscalía de Cusco no ha cumplido la solicitud de la de Ayacucho de tomar declaración a los familiares y a los sobrevivientes. "Por eso estamos haciendo lo posible para acudir ante las mismas autoridades que tienen a su cargo la investigación", señaló a IPS el abogado de la Vicaría, Wilmer Quiroz.
Irene Arunaca y Valentina Aguilar son dos sobrevivientes cusqueñas de la matanza. Fueron encerradas y amarradas en Doce Corral por los senderistas,gracias a que tenían a sus hijos cargados a sus espaldas, y lograron desatarse y huir montaña arriba.
"Nos fuimos sin nada, sin manta, pisando las piedritas para no dejar huellas", contó Arunaca, quien recordó que a medianoche regresó el bus desde Soras, donde ya habían sido asesinados líderes comunitarios y autoridades. Regresaron para ultimar a los posibles sobrevivientes.
"Al día siguiente fuimos a ver los muertos y del miedo volvimos al cerro. Después tuve que regresar a vivir allá con terror, para cobrar las deudas. Vivía mal, algunas noches seguía subiendo a los cerros para dormir o me quedaba donde los animales", narró Aguilar, de 67 años.
Hay algunas mujeres que sobrevivieron, pero con las secuelas físicas de las torturas, como Hilda Condori, de 41 años, que fue golpeada con una comba (un martillo especial) en la cabeza y desde entonces, dice, "su cabeza suena como río a veces".
Ella perdió en la masacre a su cuñada, Bernardina Yucra, la única enterrada en Sicuani, por un arrebato de dolorido amor de su esposo, Prudencio Condori, que se aventuró a traer sus restos días después de la masacre.
"Queremos que el Estado también exista para nosotros", exigió Jacqueline Condori, huérfana de madre desde entonces.
