Los medios de comunicación de los estados o de la ciudades del interior de México trabajan en un virtual estado de indefensión y han sido los más golpeados por el asesinato de por lo menos ocho periodistas este año.
El último caso fue la ejecución de Hugo Olivera, corresponsal del diario La Voz de Michoacán y de la agencia de noticias Quadratín, y editor del periódico local El Día.
Su cadáver apareció el martes en la localidad de Apatzingán, en el sudoccidental estado de Michoacán, ubicado a unos 350 kilómetros de la capital mexicana.
Olivera, de 27 años, cubría notas policiales en la zona. En febrero denunció amenazas de policías federales y su oficina fue violentada para hurtar varias computadoras con información periodística.
"El patrón es de ataques a periodistas de medios locales. Se va contra una línea editorial. Lo que venimos diciendo es que se necesita algo para prevenir los asesinatos. El compañero había sido amenazado, de ahí parte todo, de la amenaza", dijo a IPS Omar Rábago, coordinador de la campaña "Te hace daño no saber".
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Esta iniciativa es impulsada por la oficina mexicana de la organización británica Artículo 19 y por el no gubernamental Centro Nacional de Comunicación Social para promover la libertad de expresión en este país norteamericano de 107 millones de habitantes.
"Los medios locales son lo que investigan lo que está pasando in situ. Es un actor físico y visible. Los problemas locales se reflejan en los medios locales", analizó ante IPS Armando Prida, presidente de la no gubernamental Fundación para la Libertad de Expresión.
Este año, al menos ocho periodistas han sido ultimados y uno se encuentra desaparecido desde abril: Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán. En 2009 fueron 13 los que perdieron la vida en estas circunstancias.
Desde 2000, han sido asesinados 63 comunicadores y otros 10 están desaparecidos, según organizaciones de periodistas y de derechos humanos.
Estas estadísticas han convertido a México en el lugar más inseguro para la profesión en América Latina.
Ángeles Zalpa es el cuarto periodista asesinado en Michoacán desde 2006. Ese territorio es la base de operaciones de la agrupación narcotraficante La Familia y motivo de disputa con otros carteles de la droga por ser ruta hacia el lucrativo mercado de Estados Unidos.
Juan Rodríguez, corresponsal del diario El Sol de Acapulco, y su esposa la periodista independiente María Hernández fueron asesinados el 28 de junio en una localidad del sureño estado de Guerrero.
Además, este año se han contabilizado seis agresiones contra medios locales.
Sólo en junio hubo tres ataques contra los periódicos El Sol de la Laguna y Zócalo, y la repetidora de la cadena privada Televisa, todos en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, a unos 1.000 kilómetros norte de la capital mexicana.
El 1 de julio una treintena de agentes de la Policía Federal Preventiva allanaron las oficinas de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, con el pretexto de perseguir a unos secuestradores e intentaron detener a un fotógrafo que testimonió esa irrupción.
En México, los periodistas se han convertido en un blanco móvil por la pasividad de las autoridades y el agobio que sufren de parte de los poderes locales y las bandas del crimen organizado.
Desde 2006 opera la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, adscrita a la Procuraduría (fiscalía) General de la República.
Pero desde su nacimiento, esta instancia ha atendido un centenar de expedientes, de los cuales sólo cuatro llegaron al escritorio de un juez. Eso ha llevado a las agrupaciones de defensa de la libertad de expresión a considerar un fracaso la labor de esta entidad.
Ese brazo judicial se llama ahora Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión y tiene nuevas atribuciones, como investigar delitos federales que ya estén en manos del Ministerio Público.
"El fenómeno de la violencia sobrepasa a la fiscalía. Hemos pedido medidas de prevención, la situación amerita medidas urgentes", señaló Rábago.
El asesinato de Olivera ha atraído otra ráfaga de condenas internacionales.
El Comité para la Protección de los Periodistas, basado en la estadounidense ciudad de Nueva York, señaló que el crimen se inscribe en "una ola de violencia criminal que está restringiendo la cobertura de las noticias y crea un ambiente de intimidación que a su vez conduce a una autocensura generalizada".
Mientras, Reporteros Sin Fronteras indicó que "existen buenas razones para pensar que su asesinato está relacionado con su trabajo periodístico".
Esa organización no gubernamental con sede en París ha recibido reportes de varios periodistas que han abandonado el oficio a causa de la violencia en los estados de Michoacán, Durango, Chihuahua y Sonora, severamente afectados por la presencia de los carteles de la droga.
"Hay un problema estructural que va más allá de los asesinatos de periodistas y de la libertad de expresión, y que tiene que ver con la impunidad y la corrupción. Vamos a entrar en una vorágine que va a durar algunos años más", previó Prida.
En agosto visitarán México el guatemalteco Frank La Rue, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, y la colombiana Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos.
Ambos visitarán varios estados del país y escucharán las denuncias de las organizaciones no gubernamentales.
