Dos proyectos de ley prioritarios para el gobierno de Ecuador, los de Comunicación y Educación Superior, no pudieron ser votados este mes, develando que el presidente Rafael Correa perdió la mayoría parlamentaria de la que gozó desde 2007. Pero tampoco la oposición las tiene todas consigo.
"Era previsible que tarde o temprano Correa perdiese a sus aliados", dijo a IPS el politólogo Jorge León, del no gubernamental Centro para la Investigación y el Desarrollo de los Movimientos Sociales del Ecuador (Cedime). "Ecuador es un país en que tradicionalmente no hay mayorías legislativas", recordó.
Con su movimiento centroizquierdista Alianza País, su capacidad de comunicación y sus promesas de cambio, Correa logró más de 80 por ciento de la votación para convocar la Asamblea Constituyente en abril de 2007, tres meses después de asumir el gobierno. Pero en las elecciones de 2009 sólo obtuvo 53 de los 124 escaños que conforman la unicameral Asamblea Nacional.
A pesar de ello, al bloque legislativo del gobierno se sumaron unos 20 representantes más, con lo cual Correa gobernó hasta mayo sin contratiempos.
Entre sus aliados estaban 12 legisladores miembros de partidos y movimientos provinciales o regionales, cinco del Partido Socialista e incluso, en ciertas votaciones, tres legisladores del Partido Roldosista Ecuatoriano.
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Pero estas alianzas "no eran una garantía, sobre todo visto el personaje", dijo León, en referencia a "la intemperancia y la actitud de iluminado por Dios" del mandatario, como lo calificó.
"Me temo que ni Correa ni los dirigentes de Alianza País se han dado cuenta de que la situación cambió", sostuvo, por su parte, Simón Pachano, profesor de ciencias políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
"Ahora los legisladores de los otros partidos se dan cuenta de su peso, y han empezado a exigir concesiones, a lo que Correa no está acostumbrado", indicó.
En entrevista con IPS, Pachano señaló que "Correa copó todos los poderes a partir de la Constitución", pero que "al tratarse temas más complejos y delicados, en los que la opinión pública empieza a pesar, ya no tiene aliados incondicionales y hasta su propio bloque sufre fracturas".
Las leyes de Comunicación y de Educación Superior, dificultosamente elaboradas a lo largo de 10 meses en comisiones legislativas dominadas por el oficialismo, se presentaron el jueves 8 y el martes 13 para segundo y definitivo debate, levantando discusiones tan agudas e inmanejables, que el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, prefirió clausurar las sesiones.
Ambos proyectos han despertado polémica porque, a pesar de la distinta materia sobre la que legislan, se les critica de ser centralistas, crear organismos controladores dependientes del Poder Ejecutivo y establecer regímenes drásticos de sanciones.
En la oposición a la iniciativa de Comunicación se alinean los medios privados de prensa, radio y televisión, mientras que la de Educación Superior ha concitado el rechazo conjunto de las universidades privadas y estatales.
Pero la balanza no se inclinó hacia los partidos de oposición, que tampoco han logrado aglutinar el mínimo de 63 votos que se requiere para una decisión en contrario. "Una moción previa, presentada el jueves 5 para rechazar el proyecto de ley de Comunicación que contaba con 66 firmas, obtuvo en los hechos sólo 60 votos, frente a 59 del oficialismo".
"El gobierno quiere seguir aplicando la misma lógica de aplanadora de la Constituyente, pero ya no tiene los votos", señaló Pachano.
"Presionados por el voluntarismo del gobierno, el presidente de la Asamblea y los dirigentes del bloque de Alianza País empiezan a hacer trampas, lo que encabrita más a la oposición", opinó.
Los dos proyectos forman parte de los 15 que la Constitución de 2008 ordenó elaborar en 360 días y de los que se han expedido cinco. El plazo se ha ido extendiendo, primero expresa y luego tácitamente.
El bloque oficialista había ganado todas las votaciones legislativas hasta el debate de la ley de Recursos Hídricos en mayo, cuando se dio la primera alerta de la pérdida de control del parlamento por parte del gobierno.
Se considera que la falta de votos para aprobar dicha norma, conocida como la Ley de Aguas, fue la causa para que el presidente de la Asamblea Nacional decidiera someterla a una "consulta prelegislativa con las comunidades indígenas", convocatoria para lo que no se ha dado ningún paso.
"El gobierno tiene que habituarse a gobernar sin mayoría. Y para ello la actitud de Correa debe ser diferente de la actual: tiene que abrirse a las negociaciones y lograr consensos", comentó León.
Pero Pachano advirtió en contra de lo que se conoce como "alianzas fantasmas", en las que en vez de tejer acuerdos transparentes con otros grupos políticos, que se expresan en cargos ministeriales, se llegue a "componendas por debajo de la mesa, ejercitando la corrupción política o económica".
Ya varios legisladores de oposición, como el derechista Enrique Herrería y el izquierdista Jorge Escala, han denunciado que el gobierno se halla en un "mercadillo de ofertas" como dijo el primero, o que ha enviado al "hombre del maletín", forma figurada de referirse a las ofertas de dinero por votos, como dijo el segundo.
