El régimen militar de Birmania le da más argumentos a sus críticos al endurecer sus controles de cara a las próximas elecciones parlamentarias este año. Los partidos políticos no podrán entonar consignas, realizar movilizaciones ni mostrar banderas durante la campaña.
La decisión fue incluida en la última directiva de la Comisión de Elecciones, cuyos fallos no pueden ser apelados. La propia fecha de los comicios todavía no ha sido anunciada.
Reproducida en los medios locales, la directiva demuestra hasta dónde puede llegar la dictadura birmana para mantener su orden autoritario.
En la campaña estarán prohibidos los discursos y la publicación de materiales que "empañen" la imagen de la Junta Militar, de las Fuerzas Armadas o de la Constitución, diseñada por el propio régimen en 2008. A los candidatos se les aconsejó evitar palabras que socaven "la seguridad y la paz comunes".
Además, los 33 partidos registrados hasta ahora tendrán limitaciones cuando organicen reuniones públicas para que sus candidatos le hablen a los estimados 27,2 millones de votantes en todo el país.
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Las fuerzas políticas deberán solicitar la aprobación de la Comisión de Elecciones y de tres autoridades locales diferentes antes de un mitin, especificando el lugar donde se llevará a cabo.
Asimismo, tendrán que informar cuántas personas asistirán y proveer una biografía detallada con fotografía de cada orador, así como indicar el tiempo exacto en que cada uno comenzará y terminará de hablar.
"Es una flagrante interferencia de la Junta para controlar el resultado de las elecciones de este año", afirmó Zin Linn, portavoz de la Coalición Nacional de Gobierno para la Unión de Birmania, el gobierno democráticamente electo en las últimas elecciones de 1990, pero que desde entonces se encuentra en el exilio.
"Algunas de esas restricciones son más severas que las de los comicios de 1990", añadió.
Que las próximas elecciones serán una farsa quedó confirmado por la ilimitada libertad de acción de la que gozará, en cambio, el oficialista Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, señaló Zin Linn.
"Le está permitido romper todos los límites que la Comisión Electoral le impuso a los demás partidos. La Junta también está llamando abiertamente a apoyarlo", agregó.
El partido del gobierno —encabezado por el segundo al mando de la Junta, el primer ministro Thein Sein— es el ala política de la Asociación Unión, Solidaridad y Desarrollo, milicia auspiciada por el régimen con unos 18 millones de miembros en todo el país.
La Asociación ha sido empleada por la Junta para intimidad y hostigar a representantes de la opositora Liga Nacional por la Democracia, liderada por Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz.
La Liga, que ganó las elecciones de 1990 con 82 por ciento de los 485 asientos parlamentarios, fue obligada a disolverse como partido político tras haber anunciado en marzo un boicot contra los próximos comicios.
La Liga tomó esa determinación en solidaridad con los más de 2.200 prisioneros políticos y con la propia Suu Kyi, quien ha pasado 14 de los últimos 20 años bajo arresto domiciliario.
Estas nuevas elecciones se realizarán en momentos en que la dictadura tiene mucho más control sobre el país. Los comicios de 1990 fueron llevados a cabo dos años después de un fuerte movimiento estudiantil pro-democrático que fue brutalmente aplastado.
La atmósfera política en 1990 permitió que las elecciones se realizaran con "un poco más de apertura", opinó Aung Naing Oo, politólogo birmano radicado en Tailandia. "Los partidos políticos tuvieron 17 meses de campaña y, aunque había restricciones, no todas fueron puestas en práctica".
"Hubo mucha intimidación contra la Liga, pero no reglas contra tan restrictivas contra los partidos como las de este año", dijo a IPS. "El acto electoral fue muy, muy libre y justo. El conteo de votos fue transparente", añadió.
En aquellos comicios se presentaron unos 230 partidos, pero sólo 93 compitieron por asientos en el parlamento. Y, aunque los militares alertaron que el número de personas en las reuniones políticas no podía exceder las 50, a los mitines de la Liga a veces concurrían entre 300 y 500.
Esta vez, la Junta parece determinada a evitar otra derrota en las urnas, y esto ha alarmado a organizaciones de derechos humanos.
"Las leyes han sido redactadas con un lenguaje amplio sobre lo que es ilegal y lo que no", señaló el investigador birmano Benjamin Zawacki, de Amnistía Internacional. "Los poderes creados en la Comisión Electoral le dan completa discreción y no hay posibilidad de apelación".
"Existen tres libertades que son fundamentales para un proceso electoral: de expresión, de reunión pacífica y de asociación", subrayó en una entrevista. "Vemos que estas tres libertadas claramente están bajo ataque esta vez".
