El poder de veto que impusieron de hecho los militares en Honduras con el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, hace justo un año, traba cualquier reforma política y electoral que se proponga, según expertos.
Así quedó expuesto con la contramarcha pública dada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, luego de haber señalado que ese cuerpo analizaba quitar a los militares la potestad de vigilar y transportar las urnas y su papel de garantes de la democracia.
Matamoros había sostenido primero que esa facultad dada por la Constitución aprobada en 1982 obedecía a que el país se enrumbaba entonces a la democracia tras años de dictaduras. "Ahora creemos que ya no es necesario y, como en otros países, debe ser una potestad del TSE, y por ello es parte de las reformas que proponemos".
Pero todo cambió tras la reunión de todos los magistrados del TSE con los jefes de las Fuerzas Armadas y el propio ministro de Defensa, Marlon Pascua, del gobernante y derechista Partido Nacional. Matamoros se retractó y dijo que había sido un error de "interpretación" de sus declaraciones.
La nueva versión sostiene que el TSE buscará "ampliar" funciones a los militares, e incluso auscultar la posibilidad de que ejerzan el sufragio cada cuatro años, algo que les es prohibido, al igual que a los policías, por mandato constitucional.
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Tanto Matamoros como Pascua halagaron el rol de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral que culminó en noviembre con el triunfo del nacionalista Porfirio Lobo, quien asumió a fines de enero el gobierno de Honduras.
Según expertos consultados por IPS, ese papel castrense en la esfera pública es una de las consecuencias más dolorosas dejadas por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que impuso en la Presidencia a Roberto Micheletti tras desalojar del cargo a Zelaya, quien fue sacado en pijamas de su casa por comandos militares y llevado en avión a Costa Rica.
Leticia Salomón, experta en temas militares, declaró a IPS que por efecto del golpe de Estado ahora "tenemos fuerzas de seguridad altamente politizadas, y, en el caso militar, su cúpula se ha vuelto un ente altamente deliberante, lo cual no es correcto".
Los militares habían logrado en los últimos 15 años reubicarse en la sociedad hasta alcanzar cierto grado de legitimidad. Pero eso "se vino al suelo con el golpe de Estado", apuntó.
"Ellos tiraron por la borda lo construido y han confundido los objetivos propios de la defensa, con los objetivos políticos de un país", sostuvo Salomón.
Su preocupación coincide con la de analistas nacionales y del exterior que participaron la semana pasada de un foro académico promovido por la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras y activistas de la sociedad civil para analizar el futuro del país.
Para el politólogo chileno Francisco Rojas Aravena, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la revisión del rol militar en las democracias es urgente, porque "la débil gobernabilidad y la falta de políticas públicas orientadas a reducir la inequidad y la pobreza provocan, en alguna medida, los golpes de Estado".
Es preciso formar a la ciudadanía en temas de defensa, apostar por más y mejor democracia, pues "de nada sirve reformar la Constitución, o tener una nueva, si no hay una política de Estado" encaminada a reforzar la democratización, dijo.
"Mantener artículos pétreos (inamovibles) constitucionales es un preámbulo de crisis recurrentes", indicó Rojas Aravena.
La Constitución de este país tiene al menos siete artículos inamovibles que se refieren a la forma de gobierno y a aspectos de seguridad, que impiden la reelección presidencial y convocar consultas populares para elegir una asamblea constituyente. Precisamente, este último aspecto fue el argumentado para deponer a Zelaya.
Un año después de recurrir a los militares para concretar el golpe contra la democracia, tanto el gobernante Partido Naciona, como el Liberal, opositor de centroderecha y del que formaba parte el mandatario derrocado, se ven obligados a consultarlos y evitan hablar de reformas a las Fuerzas Armadas, admitió ante IPS un legislador que pidió el anonimato.
Por su parte, el sociólogo Eugenio Sosa dijo a IPS que el rol de los militares en los procesos de construcción democrática amerita "profundizarse para que no continúen teniendo la posibilidad de veto y ser árbitros en este país".
Honduras entró entre 1994 y 1998 en un proceso de desmilitarización de la mano del entonces presidente Carlos Roberto Reina (1926-2003), estrategia que le valió al menos tres atentados atribuidos a sectores castrenses reacios a los cambios.
Reina, según la experta Salomón, fue el único presidente que se impuso a los militares. "El resto comenzó a cederles espacios y poder, incluyendo al propio Zelaya". "Las formas fueron desde pago de favores y aumentos salariales hasta otros mecanismos para tenerlos contentos", detalló.
A ello se suma el problema de la inseguridad, producto de la violencia ciudadana y el narcotráfico, que permitió reflotar el protagonismo militar y policial. "Hoy estamos pagando caro esas políticas", agregó.
Para Salomón, las Fuerzas Armadas deben achicarse de acuerdo a las necesidades reales del país y para ello hay que quitarles el poder de veto.
