Crecen los cuestionamientos de expertos y de la oposición en Ecuador al acuerdo crediticio por 1.682 millones de dólares firmado con China para financiar 85 por ciento de la construcción y el equipamiento del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
La obra, que según el gobierno comenzará dentro de tres semanas, estará a cargo de la firma estatal china Sinohydro Corporation, calificada como "la mayor constructora del mundo".
El préstamo del Banco de Importaciones y Exportaciones (Eximbank) de China, a 15 años de plazo y con 6,9 por ciento de interés, fue firmado el 2 de este mes por los ministros Patricio Rivera, de Finanzas, y Jorge Glas, de Coordinación de los Sectores Estratégicos. Este último lo describió como "el mayor monto que China haya prestado en el Pacífico sudamericano".
Ecuador deberá desembolsar en seis meses 300 millones de dólares, 15 por ciento del costo total del proyecto, que bordea los 2.000 millones de dólares, la obra de infraestructura más cara emprendida en este país.
Ambos gobiernos informaron que Eximbank también está interesado en costear el proyecto hidroeléctrico Sopladora, aguas abajo del complejo Paute, en el sudeste de Ecuador, con un nuevo crédito de 600 millones de dólares, que también sería otorgado a una empresa china.
En caso de concretarse esa transferencia, el gigante asiático pasaría a financiar casi 60 por ciento de los proyectos públicos de generación eléctrica en construcción en Ecuador. No hay antecedentes de una inversión tan alta de un país extranjero en ningún ámbito de la economía ecuatoriana.
Aunque los obreros serán ecuatorianos, se prevé la llegada de un contingente de personal técnico chino, y la dotación de turbinas y equipos de fabricación de ese país asiático. La construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair estará finalizado en 2016, cuando proveerá 35 por ciento de las necesidades eléctricas del país, según Glas.
Esta obra permitirá reducir los subsidios al gasóleo y bunker (residuos de la refinación petrolera), que hoy sobrepasan los 1.000 millones de dólares, y eliminar la importación de electricidad desde Colombia y Perú.
Situado en las estribaciones amazónicas de la cordillera de los Andes, a unos 200 kilómetros al este de Quito, el proyecto aprovechará las aguas del río Coca, tributario del Napo y éste del Amazonas, en un inmenso recodo en el que se produce un desnivel superior a 600 metros. De allí el nombre de "codo Sinclair".
El préstamo y la central, que según el gobierno del izquierdista Rafael Correa tendrá una capacidad instalada de 1.500 megavatios (mw), afrontan cuestionamientos técnicos y financieros.
"La capacidad prevista por el gobierno es exagerada y no está sustentada técnicamente" dijo a IPS Jesús Játiva, doctor en ingeniería eléctrica y académico de la Escuela Politécnica Nacional, quien recordó que el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel), que estudió el potencial de la zona, concluyó en 1992 que la capacidad debía ser de 859 mw.
"El estudio de prefactibilidad de la firma italiana Electroconsul, terminado en 2008" y que le sirvió al actual gobierno para justificar el aumento a 1.500 mw, "no se basa en investigaciones hidrológicas", sostuvo Játiva.
Ante las críticas, el gobierno solicitó a la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) un informe sobre el estudio de prefactibilidad italiano. El documento de la esa entidad, entregado en enero, determinó que la potencia óptima de la nueva represa debía ser de 1.200 mw.
Pero el lunes 14, el gobierno hizo público un nuevo documento, titulado "Análisis económico suplementario", en el que la CFE se desdice y vuelve a poner la cifra en los 1.500 mw.
Játiva opina que el método de cálculo es teórico: "para proyectar un ahorro en combustible fósil de 153 millones de dólares entre 2016 y 2020 se sube la capacidad instalada, como si por decreto se pudiera subir el caudal del río Coca".
"Esta diferencia de 36.000 litros por segundo es inventada, pues no existen estudios (que la avalen), y dañarían el caudal ecológico que se requiere para mantener vivo el río", dijo Játiva. "La justificación económica no es técnica ni ambiental", apuntó.
Roque Sevilla, empresario y ambientalista, dijo que es de sentido común diseñar una planta hidroeléctrica con el caudal menor y no con los picos, que se producen en la época de lluvias, pues, de lo contrario, se tendrá mucha capacidad subutilizada.
Ecuador ha venido sufriendo períodos más largos de sequía, lo que ha afectado a otra central situada en los ramales orientales de la cordillera de los Andes, la de Paute, produciendo racionamientos eléctricos, como los sufridos entre noviembre y enero.
"El proyecto Coca es muy necesario, en la potencia calculada por el Inecel", reiteró Játiva, "pero los caudales no son los mismos, tenemos estiajes más largos seguidos de crecidas súbitas de los ríos, lo que no asegura una provisión continua para un proyecto sobredimensionado".
Por otra parte, María de la Paz Vela, economista de la consultora Multiplica, dijo a IPS que para proyectos de infraestructura los organismos multilaterales pueden ofrecer plazos de 20 años y tasas de entre cuatro y cinco por ciento.
Para el ex vicepresidente ecuatoriano León Roldós (1981-1984), el préstamo es ilegal, pues financia una obra "llave en mano", sin que existan estudios definitivos e ingeniería de detalle, lo que está expresamente prohibido por la ley.
Otra contradicción es que, a pesar de ser "a precio fijo", el contrato considera indexación de precios para los materiales y la mano de obra, "con una fórmula más generosa que la vigente en la contratación pública ecuatoriana", dijo Roldós.
La indexación es el mecanismo mediante el cual los precios fijados en un contrato se van ajustando de acuerdo en los cambios del índice general de precios.
En un crítico artículo, titulado sugestivamente "Lleve en mano", publicado el miércoles en el diario El Comercio, el ex vicepresidente asevera que hay "un brutal sobreprecio", pues el monto pactado de 1.979,6 millones de dólares es 400 millones de dólares más alto que el calculado en 2008.
El ministro Glas, en entrevista al diario oficial El Ciudadano, reconoció que el costo del proyecto aumentó debido a la modalidad "llave en mano", pero sostuvo que esto se justificaba por el ahorro de combustible, al reemplazarse generación termoeléctrica.
"Además de cuestionamientos, quisiera escuchar en algún lado que alguien diga que el proyecto entregará 35 por ciento de la demanda de energía de Ecuador y que vamos a dejar de emitir cuatro millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera al año", dijo.
Dicho ahorro representará "probablemente cerca de 100 millones de dólares en certificados de bonos de carbono", concluyó.
