La propuesta peruana de reducir el gasto militar en América Latina se debilita a medida que avanza la discusión en la 40 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sepultada por la suspicacia de algunos gobiernos e intereses nacionalistas, según expertos.
"Estamos en un clima muy agitado, en la que no hay confianza entre los países vecinos. Se imponen algunos intereses y la personalidad de algunos presidentes", señaló a IPS el general retirado Roberto Chiabra.
Durante la inauguración de la reunión de la OEA, la noche del domingo, el presidente de Perú, Alan García, señaló que "la paz del equilibro de las armas" no vale porque es "una paz forzada, es una violencia latente".
Chiabra, quien fue ministro de Defensa del gobierno peruano de Alejandro Toledo (2001-2006), consideró que la iniciativa de su país es idealista en una región convulsa debido a que los países tienen problemas "pendientes".
"Venezuela, Ecuador y Colombia viven en un clima bélico desde 2008 por problemas relacionados con las FARC (las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)", recordó.
"Tampoco Chile y Perú han resuelto su diferendo marítimo y, aunque han acudido a una instancia internacional (la Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya), Santiago sigue adquiriendo armamento".
"No hay confianza entre los vecinos", añadió el militar, autor del libro "Seguridad Nacional en el siglo XXI".
Si bien los representantes de los países reafirmaron su vocación de paz en las primeras sesiones de este lunes de la asamblea de la OEA en Lima, para los analistas está cada vez más lejos la posibilidad de que se asuman compromisos concretos en la declaración final que se firmará este martes.
Precisamente el proyecto de declaración sobre paz, seguridad y cooperación en las Américas, aprobado el 1 de junio por el Consejo Permanente de la OEA, pone en evidencia el espíritu retórico de estas sesiones, según los expertos.
En 12 puntos, los países expresan su compromiso con temas y acciones de cooperación para enfrentar la pobreza extrema, la desigualdad y la exclusión, pero a la vez colocan excepciones.
El punto cinco, por ejemplo, señala la importancia de promover "un ambiente propicio para el control de armamentos, la limitación de armas convencionales y la no proliferación de armas de destrucción en masa" para dedicar más recursos para el desarrollo económico y social.
Pero seguidamente se indica que esto estará supeditado a "compromisos internacionales" y "legítimas necesidades de defensa y seguridad".
Según el Balance Militar de América del Sur 2008, del Centro de Estudios Nueva Mayoría, con sede en Buenos Aires, el gasto en armamento en la región fue de 39.143 millones de dólares en 2007 y de 51.110 millones de dólares al año siguiente.
En un informe de fines de 2009, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz (Sipri), con sede en Estocolmo, señaló que las compras de material bélico en América del Sur crecieron 150 por ciento desde 2005, respecto del quinquenio precedente.
"Es lamentable que la región no tenga la suficiente capacidad política para tener una agenda común", insistió Chiabra.
"Llama la atención que dentro de esa soberanía haya una percepción de amenaza entre los países y que existan compras con carácter ofensivo antes que defensivo", apuntó.
Brasil destinó en los últimos cinco años 26.100 millones de dólares a la compra de armamento, Colombia 10.000 millones de dólares, México 5.490 millones, Chile 5.000 millones y Venezuela 3.254 millones, según el informe de Sipri.
En el caso de Colombia, el aumento se asocia con la añeja guerra civil que afronta ese país. Lo mismo sucede con México y su lucha contra el narcotráfico.
"Hay una amenaza instalada en las mentes antes que en los territorios. El continente no ha madurado en este tema aún y por eso la propuesta peruana pasará a ser más una cuestión simbólica", dijo a IPS Alberto Bolívar, especialista en temas de seguridad internacional.
Bolívar advirtió que en algunos países hay armamentos que no se renuevan desde los años 80. Pero Chiabra aseguró que no se debe "disfrazar" la modernización de equipos con una carrera armamentista.
Durante las sesiones de este lunes, el canciller de Argentina, Jorge Taiana, aseguró que no se debe caer en "visiones unilaterales de armamentismo".
Su par colombiano, Jaime Bermúdez, indicó que la reflexión de fondo es poner sobre la mesa el tema de las "armas versus la política social" e invitó a discutir el tema del tráfico de material bélico de manera seria.
En el marco de las discusiones, el canciller chileno Alfredo Moreno se mostró abierto a la idea de iniciar con Perú un proceso de homologación de gastos militares similar al que su país realiza con Argentina.
También llamó a cumplir la Convención Interamericana sobre Transparencia en la Adquisición de Armas Convencionales. Precisamente, el punto ocho del proyecto de declaración final invita a los estados a suscribir y ratificar ese instrumento internacional.
El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, pidió el sábado, en conferencia de prensa, mayor transparencia en la compra de armas y señaló que en promedio sólo 41 por ciento de los países reportan esas adquisiciones.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, señaló que la reducción del gasto militar es complicada porque hay países de América del Sur que son fabricantes de armas como Brasil y, en menor medida, Chile.
Estados Unidos también juega un rol clave como principal productor de armas. La secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, habló durante las sesiones de la posibilidad de "contemplar" la reducción del gasto en esta materia.
