La reanudación de las adopciones internacionales el próximo mes en Guatemala no sólo podría significar mejores posibilidades de vida para niñas y niños desamparados, sino también el retorno de la corrupción, el fraude y el robo de menores, advirtieron organizaciones de derechos humanos.
El alerta surgió luego de que en marzo el Consejo Nacional de Adopciones, máximo ente regulador de esta materia en el país, anunció que en junio pondrá en marcha un plan piloto para reactivar las adopciones al extranjero bajo nuevas medidas de supervisión y control.
Según el Consejo, la situación fue analizada por expertos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, que en 1993 aprobó el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.
No obstante, las voces de rechazo no se hicieron esperar.
"Estamos contra la reapertura de las adopciones internacionales ahora porque persiste la misma estructura del crimen organizado que generó todo un mercado internacional a donde el país exportó entre 5.000 y 6.000 niños al año", dijo a IPS la directora de la no gubernamental Fundación Sobrevivientes, Norma Cruz.
En 2008, el Consejo Nacional de Adopciones suspendió las entregas de niños a extranjeros, principalmente a parejas estadounidenses, con el objetivo de poner fin a un negocio que dejaba millonarias ganancias a jueces, abogados, médicos y a toda una mafia especializada.
La medida cumplió con la Ley de Adopciones que rige desde 2007. Esta creó al mentado Consejo y prohibió "la obtención de beneficios indebidos, materiales o de otra clase para las personas, instituciones y autoridades involucradas en el proceso de adopción".
Además, priorizó la entrega de niños y niñas a familias guatemaltecas y estableció que "la situación de pobreza o extrema pobreza de los padres no constituye motivo suficiente para dar en adopción a un niño".
La mitad de la población de este país centroamericano de 13 millones de habitantes se encuentra en situación de pobreza, mientras 17 por ciento viven en la indigencia, según la Organización de las Naciones Unidas.
Para confiar en el nuevo proceso, "el Estado tendría que dar muestras de buena voluntad para desarticular las redes de trata de niños", dijo Cruz, para quien "esa estructura sigue intacta".
La activista recordó el caso de la abogada Alma Valle Flores, quien salió en libertad bajo fianza el 23 de abril, tras haber sido deportada de Estados Unidos y detenida en Guatemala por su presunta participación en adopciones ilegales.
"Ahí podemos ver cómo dejaron a la señora (Valle) con medida sustitutiva de 150.000 quetzales (unos 18.000 dólares). Ella solo en un trimestre de 2008 negoció 150 niños. Pero como es esposa de un coronel del ejército y está vinculada al partido oficial logró salir", denunció Cruz.
Según el Consejo Nacional de Adopciones, 214 niños y niñas, algunos con discapacidades y otros mayores de siete años, están en condiciones de ser adoptados actualmente.
Parejas de Austria, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Israel, Noruega, Suecia y Suiza manifestaron desde noviembre su interés por acoger niños guatemaltecos.
Para el director ejecutivo del no gubernamental Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala, Felipe García, el país no debe "correr" para restablecer las adopciones al extranjero. Antes debe ofrecer una vida digna a los niños y niñas en su territorio, dijo a IPS.
A su juicio, aún no se le está dando prioridad a la adopción nacional, ni se han atendido los casos de más de 27.000 niños y niñas que fueron sacados del país irregularmente antes de 2008, quienes merecen un resarcimiento.
"El Estado de Guatemala debería demostrar voluntad para buscar los mecanismos necesarios para que los niños se queden en territorio guatemalteco y no tengan que ser adoptados por extranjeros", enfatizó.
García también señaló que el Estado sigue "capturado" por bandas dedicadas a las adopciones, mientras muchas madres reclaman que les devuelvan a sus hijas e hijos arrebatados.
Antes de la entrada en vigor de la nueva ley, el negocio ilegal de las adopciones generaba anualmente unos 200 millones de dólares por la entrega de entre 4.000 y 5.000 niños guatemaltecos a familias del exterior.
Cada una de ellas pagaba entre 25.000 y 50.000 dólares por el trámite, según organismos de derechos humanos.
Para Byron Alvarado, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, con representación del Estado y la sociedad civil, el Consejo Nacional de Adopciones debería consolidarse antes de reanudar el proceso, puesto que "apenas tiene dos años de funcionar".
Desde su perspectiva, el Estado debería dejar la adopción internacional como último recurso. Hasta ahora "la población ni siquiera sabe cuál es el papel del Consejo", dijo a IPS.
Por el contrario, Nidia Aguilar, defensora de la Niñez y la Juventud de la Procuraduría de Derechos Humanos, dijo a IPS que la adopción internacional debe restablecerse porque hay cientos de niños en los centros de protección que están esperando integrarse a una familia.
Según la defensora, ahora existen mayores dificultades para que ocurran adopciones ilegales y, si llegan a ocurrir, deben presentarse las denuncias respectivas ante los organismos de justicia.
