La mayoría de los sindicatos y movimientos sociales de Costa Rica que preparaban protestas para la investidura este sábado 8 de la presidenta Laura Chinchilla, decidieron postergan sus movilizaciones para no dañar la imagen del país, con la advertencia de que no cejarán en sus demandas.
Diversos grupos pretendían aguarle la fiesta a Chinchilla con temas no resueltos durante la administración de su antecesor, Óscar Arias (2006-2010), ambos del Partido Liberación Nacional (PLN), de perfil socialdemócrata, pero que ha mostrado tendencias neoliberales en el último tiempo, según analistas y opositores.
El 29 de abril hubo manifestaciones en distintos puntos del país, que muchos consideraron como un ensayo general para la cita del 8 de este mes.
Ese día la violencia se disparó en la oriental provincia de Limón, en el Caribe, con tres policías heridos de bala.
Funcionarios públicos, ambientalistas y porteadores (taxistas informales) se han ido retirando uno tras otro de la movilización programada para el sábado.
"No nacimos porteadores, pero sí costarricenses", dijo a IPS Germán Lobo, portavoz del movimiento, para quien pesó mucho en la decisión la imagen del país en el exterior.
Este colectivo pretende parar una reforma al Código de Comercio que elimina la figura del "porteo" (transporte de puerta a puerta, sin paradas en la calle). Ellos alegan que ofrecen un transporte privado, a diferencia de los taxis, que consideran públicos.
Los taxistas, por su parte, los consideran competencia desleal, ya que muchos circulan sin los seguros obligatorios para transporte de pasajeros y no están obligados a las revisiones periódicas que sí se les exigen a los taxis "rojos".
El grupo ya demostró su fuerza en anteriores ocasiones al paralizar el tráfico de la capital con marchas de "tortuguismo", la circulación lenta que causa embotellamientos.
Lobo expresó que el gobierno de Arias "nos ha fallado enormemente" y que si no habrá protestas este sábado es porque "no queremos empezar a las patadas". Pero el conflicto sigue vigente.
Lo mismo ocurre con los trabajadores públicos.
El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijo a IPS que no consideran "prudente" salir a la calle el día de la toma de posesión.
"Hay una psicología social, y la mayoría de la población tienden a respetar este acto", dijo Vargas, quien considera que una movilización en el traspaso de mando sería contraproducente para los intereses de la ANEP.
El sindicalista aseguró que esperan acontecimientos "de mayor calibre" y que no quieren quemarse con protestas "que no nos llevarían a ningún lado".
Las luchas de la ANEP tienen que ver, en primer lugar, con la prevista privatización de servicios municipales de agua, basura y limpieza de caños, "que afectaría al personal más humilde", así como las facturas que paga la población.
También cuestionan el proyecto de ley del salario único, que homologa condiciones de empleo y salarios en la administración pública, independientemente de los estudios y méritos de los trabajadores.
Los ambientalistas, que se oponen a la apertura de la mina de oro Crucitas, de la costarricense Industrias Infinito en la norteña provincia de Alajuela, también anunciaron el lunes que se retiraban de la movilización del sábado por el bien de la imagen nacional, pero continuarán con nuevas acciones.
Por el momento mantiene la protesta la ex cúpula de Sintrajap (Sindicato de Trabajadores de la estatal Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica), que reclama su restitución y se opone a la entrega en concesión de los puertos de Limón y Moín.
El gobierno ofreció a los trabajadores indemnizaciones de 137 millones de dólares para que aprobaran la privatización, pero recibió una negativa rotunda de parte del sindicato. En una asamblea, que califican de ilegal, se nombró a una nueva cúpula que aceptó la oferta gubernamental.
"Fue un golpe de Estado", comentó a IPS Ronaldo Blear, ex secretario general del Sintrajap. El dirigente aseguró que por el momento piensan seguir adelante con las protestas previstas para el sábado. "Será una manifestación pacífica en San José", adelantó Blear, quien entiende que la depuesta dirigencia sindical debe mantenerse en su cargo hasta enero del próximo año.
Blear, en todo caso, mostró su esperanza de abrir canales de negociación con Laura Chinchilla.
Por su parte, Chinchilla declaró a IPS que su gobierno hará lo posible por "procurar que los ánimos nacionales se alteren lo mínimo posible".
"Si lo que algunos entienden como negociación es imponer su visión está claro que no avanzaremos", advirtió la mandataria electa, quien insistió en la necesidad de llegar a acuerdos en el marco del diálogo, el respeto mutuo y la legalidad.
Si se dan estas condiciones, estaría "en la mejor disposición" de sentarse a negociar con cualquier grupo, sostuvo Chinchilla.
