Con la advertencia de sus miembros de que no será un órgano decorativo dedicado a «recolectar historias», se instaló este martes en Honduras la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que investigará lo ocurrido antes, durante y después del derrocamiento en junio de 2009 del gobierno de Manuel Zelaya.
"Nuestro trabajo consistirá en llegar al fondo de los hechos que provocaron la crisis política", advirtió el coordinador de la Comisión, el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein (2004-2008).
"Queremos dejar claro que no hemos venido a integrar esta comisión para ser cronistas, pues para ello mejor hubieran contratado a un historiador", añadió. Ese cuerpo dará a conocer su informe dentro de ocho meses, aunque habrá información "sensitiva" que será clasificada y liberada sólo dentro de 10 años.
Stein explicó que el grupo tiene entre sus funciones investigar "todo tipo" de presuntos delitos, incluidos "hechos de corrupción y violación de los derechos humanos antes, durante y posterior a la crisis (institucional)". "Estudiaremos los antecedentes y consecuencias", indicó.
La creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es producto de los compromisos suscritos el 30 de octubre entre delegados de Zelaya, en ese entonces refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, y del usurpador en la Presidencia de Honduras, Roberto Micheletti, con la presión del gobierno estadounidense.
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La Comisión se instala en medio de fuertes críticas de agrupaciones de derechos humanos, de opositores al golpe de Estado y hasta de la derecha que sustentó el gobierno de facto.
Las organizaciones sociales y opositoras al golpe anunciaron el lunes la creación de una "Comisión de la Verdad Alternativa", integrada, entre otros, por la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, ambos premios Nobel de la Paz.
Juan Almendares, impulsor de esa iniciativa dentro de la Plataforma de Acción de Derechos Humanos, dijo a IPS que no creen en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. "Preferimos otra opción que dé seguimiento a los casos de violación a los derechos humanos", sostuvo.
Además de Stein, el grupo investigador oficial está conformado por otras dos figuras internacionales, María Amadilla, ex ministra de Justicia de Perú, y Michael Kergin, ex viceministro de Cooperación Internacional de Canadá, y por los hondureños Julieta Castellanos, rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y el jurista Jorge Omar Casco, ex rector de la misma institución. Su secretario técnico es el también académico Sergio Membreño.
A la ceremonia de instalación de la Comisión no pudo asistir Kergin por compromisos suscritos con anterioridad, según se informó oficialmente. Quien sí lo hizo fue el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, cancilleres de otros países de América Central y diplomáticos acreditados en el país.
Insulza se manifestó confiado en el trabajo de este cuerpo de notables, cuya instalación calificó de paso fundamental para el retorno de Honduras a la OEA, de donde fue suspendida como miembro pleno tras el golpe de Estado del 28 de Junio de 2009, cuando Zelaya fue sacado de madrugada de su casa por un batallón de militares armados y encapuchados y llevado a la fuerza a Costa Rica.
Sin embargo, Insulza fue enfático al indicar que existen otras condiciones a cumplir por el actual gobierno de Honduras, encabezado por el derechista Porfirio Lobo, como son la investigación de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que habría perpetrado el gobierno de facto y el otorgamiento de garantías para el retorno de Zelaya al país.
Aún siguen abierto en tribunales hondureños procesos en contra de Zelaya, que se encuentra en calidad de huésped en República Dominicana, a donde pudo viajar acompañado del presidente de ese país, Leonel Fernández, tras la asunción de Lobo el 27 de enero.
El secretario general de la OEA dijo que, si bien el actual gobierno ha "hecho méritos" para allanar su retorno al foro continental, serán los países miembros los que "tienen la última palabra". "Creo que se va por buen camino, esperemos a ver qué pasa, estamos dialogando para su reintegro", apuntó.
El presidente Lobo, en su discurso de este martes, se dirigió sin nombrarlos a los críticos de la Comisión. "Quiero decirles que no le tengan miedo, ellos están para dar con la verdad y para construir y aportar a la reconciliación del país", señaló.
"Yo les digo a los extremos que no teman. A los que quieren una (asamblea) constituyente, les digo que apoyamos la consulta en el marco de la legalidad, y a los que no quieren que se mueva un pétalo de la Constitución, les digo que es preciso abrir espacios, pero que quede claro que es el pueblo quien tiene la última palabra y no imposiciones foráneas", agregó.
La preparación de una consulta popular sobre si los hondureños querían una reforma a la Constitución fue el pretexto de los golpistas para derrocar a Zelaya.
Para Lobo, del derechista Partido Nacional, con la instalación de la Comisión se cumplió "la parte que nos corresponde como gobierno". "El tiempo para la cicatrización de las heridas ha llegado y ahora solo nos falta construir", acotó.
El gobierno de Honduras espera que su reingreso a la OEA y a los órganos de integración centroamericanos se concrete en junio. Pero esos cálculos no parecen cerrar.
Este martes en Argentina, la reunión de mandatarios de la Unión de Naciones Sudamericana, que reúne a los 12 países de esta región, siguió sin reconocer al gobierno de Lobo y advirtió que peligra la próxima cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, del 18 de mayo en España, si se mantiene la invitación a Honduras.
Al respecto, el presidente hondureño dijo que "el daño no me lo hacen a mí, sino a un pueblo que vive condiciones difíciles y es al final la víctima inocente de las crisis".
