La presión de las farmacéuticas a favor de leyes contra productos falsificados en África oriental comenzó en 2006, cuando la Organización Mundial de Aduanas (OMA) realizó en la capital de Uganda su primer seminario sobre derechos de propiedad intelectual.
Una ley aprobada en Kenia en 2008 fue la primera de una serie de similares iniciativas legislativas nacionales en Malawi, Uganda y Zambia, y a nivel regional en el marco de la Comunidad Africana Oriental.
Activistas señalan que estas normas ponen en riesgo el acceso de la población a los medicamentos genéricos, que son más baratos y salvan muchas vidas, y representan 90 por ciento de los fármacos consumidos en estos países.
El seminario celebrado en octubre de 2006 fue auspiciado por compañías farmacéuticas internacionales como la GlaxoSmithKline, con sede en Gran Bretaña, y la Procter & Gamble, de Estados Unidos, entre otras.
Las empresa Spoor & Fisher, con sede en Sudáfrica, fue contratada para brindar asesoramiento técnico en la reunión.
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El presidente de la OMA para Asia Oriental y Austral, y comisionado Aduanas de Uganda, Peter Malinga, reconoció a IPS que el encuentro de 2006 en Kampala influyó en la redacción de la ley keniata de 2008.
"Varios aspectos señalados en la ley modelo de la OMA son parte de la recientemente aprobada legislación keniata. Pero la ley modelo sólo establece principios guía. Depende de los países individuales implementarlos o no", añadió.
La OMA se autodefine como un "organismo intergubernamental independiente cuya misión es mejorar la administración de las aduanas".
La "ley modelo" es un documento de la OMA que contiene sugerencias para legislaciones nacionales compatibles con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio" (Trips, por sus siglas en inglés).
Algunos señalan que la Ley Contra Falsificación de Kenia y el Proyecto de Ley contra Bienes Adulterados de Uganda son similares al documento de la OMA.
La ley modelo define como "bienes que infringen los derechos de propiedad intelectual" a "cualquier artículo que sea fabricado, reproducido o puesto en circulación rompiendo las leyes de propiedad intelectual sin el consentimiento del propietario de la patente o de una persona debidamente autorizada a hacerlo".
El objetivo de la ley modelo, según el propio documento, es ayudar a los gobiernos a implementar las provisiones del Trips.
Sin embargo, la definición usada para "bienes que infringen los derechos de propiedad intelectual" contradice la Declaración de Doha de la OMC, que aprobó licencias dentro del Trips para que un país pueda fabricar o importar medicamentos sin el permiso del dueño de la patente cuando se trata de atender problemas de salud pública.
Políticos de África oriental han justificado las leyes contra la falsificación señalando que son necesarias para garantizar la calidad de los medicamentos. Pero activistas sostienen que el objetivo en realidad es proteger las patentes.
"Los actores involucrados son autoridades de aduanas y policías, cuyo rol principal no es la regulación de los medicamentos. Las organizaciones quedan de lado", dijo a IPS Sisule Musungu, presidente del grupo IQsensato, con sede en Ginebra.
IQsensato es una plataforma de investigadores del Sur en desarrollo.
Según Musungu, las farmacéuticas pueden influir mejor en la policía y en las autoridades aduaneras "porque si uno va a las agencias reguladoras de medicamentos, éstas sí conocen el tema, y no se puede simplemente decirles qué hacer".
"Pero si uno va a la aduana, una vez que les da una ley, simplemente la ponen en práctica", indicó.
"No están preocupados por los efectos de lo que hacen, mientras que una persona de la salud sabe con qué está tratando, pues conoce la diferencia entre un (medicamento) genérico y un producto falsificado", añadió.
* Con aporte de Christi van der Westhuizen.
