La estrategia diseñada en Cuba para elevar la producción y reducir las importaciones de alimentos busca desatar nudos burocráticos que entorpecen la labor de los campesinos privados, responsables de 70 por ciento de la comida que llega a las mesas familiares del país.
Pero en el programa anunciado este fin de semana por el gobierno, a implementarse en los próximos cinco años, no se vislumbra una liberalización de las fuerzas productivas en el sector agropecuario, abocado a necesarias transformaciones para responder al desafío de abastecer a una población de 11,2 millones de personas.
El plan, inserto en la proyección económica del país hasta 2015, fue lanzado por el ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, al término del X Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap). El anuncio estuvo matizado con llamados a armonizar los intereses del campesinado con los de toda la sociedad.
La Anap agrupa a cultivadores pertenecientes a las cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y de Créditos y Servicios (CSS), que disponen de 41 por ciento de la superficie agrícola y aportan 70 por ciento del valor de la producción agropecuaria.
El encuentro, que sigue al de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) efectuado en abril, transcurrió este fin de semana a puertas cerradas con delegados de todo el país. Varias de las intervenciones fueron difundidas en espacios diferidos de la televisión estatal cubana.
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Algunos se quejaron de las trabas burocráticas que impiden la compra o contratación directa de insumos y equipamientos necesarios para su producción. Otros hicieron saber sus éxitos y la forma de lograrlo o apoyaron el eventual reajuste de los impuestos al sector por un sistema escalonado según los ingresos.
Pero entre los asuntos más discutidos figuró el de la comercialización de las producciones agropecuarias, que el campesinado debe vender en su mayoría al Estado. Solo con el excedente, de alrededor de 10 por ciento, puede acudir al mercado de libre oferta y demanda.
Sobre el tema, Murillo dijo que habrá que resolver "lo antes posible" el problema de los "intermediarios ilegales" que elevan los precios sin aportar a la sociedad.
"Lo ideal sería que el productor pueda decidir, de acuerdo al comportamiento del mercado y los requerimientos sociales, lo que va a producir y a quién y adónde vender", comentó a IPS una fuente especializada que no quiso ser identificada.
Al respecto, el congreso acordó pedir la revisión del sistema de comercialización centralizado que se experimenta en las provincias habaneras (La Habana y Ciudad Habana), mediante el cual la compra se realiza a través de empresas estatales de "acopio" para luego distribuir la mercadería en la red comercial.
Según documentos del congreso, los delegados se quejaron por la existencia de dos sistemas empresariales con funciones de comercialización parecidas, excesiva manipulación de los productos, pérdidas de cosecha y la no participación de los camiones de las cooperativas en la venta directa a los mercados, entre otros problemas.
El presidente Raúl Castro, quien comenzó en 2006 sus llamados a sacarle más frutos al agro cubano y anunció que con ese objetivo se harían los cambios estructurales y de concepto que fuesen necesarios, asistió a parte de la cita, pero dejó el discurso de cierre en manos de Murillo, también vicepresidente del Consejo de Ministros.
En 2008, Castro firmó un Decreto Ley para la entrega en usufructo de tierras ociosas. Según el titular de Economía y Planificación, al amparo de esa legislación ya fueron cedidas 920.000 hectáreas, aunque alrededor de la mitad permanecen aún ociosas o insuficientemente explotadas.
Para investigadores, ese fenómeno comprueba que la entrega de tierras es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr de forma inmediata incrementos en la producción de alimentos. "Hacen falta medidas de carácter sistémico que permitan que el productor se sienta dueño de sus decisiones y resultados", dijo un experto.
En ese sentido, la fuente consideró que los nuevos productores deberían contar con el financiamiento necesario, asistencia técnica periódica y tener libertad para contratar la fuerza laboral imprescindible, además de disponer de un mercado de insumos, servicios y bienes de producción al cual acudir cuando así lo requieran.
Entre las medidas anunciadas por el ministro Murillo figura justamente la creación en la mayoría de los 169 municipios del país de un mercado en el cual los productores puedan adquirir, de manera directa, los recursos necesarios para sus cultivos, sustituyendo el actual mecanismo de asignación centralizada, a través de la cooperativa.
"Si eso (los mercados) funciona será muy bueno, porque el campo no espera y si yo necesito una manguera o soga, por ejemplo, es para ahora, no para cuando llegue a la cooperativa y me la asignen", dijo Pablo, un campesino de los alrededores de La Habana que acude con sus productos a un mercado capitalino de libre concurrencia.
De acuerdo al plan oficial, el sector agropecuario debe aumentar la producción de alimentos que sustituyan importaciones de arroz, frijoles, maíz, leche, carnes, café y otros, así como desarrollar la base nacional de alimentación animal, también para evitar su compra externa.
Por ese concepto, el gobierno espera el ahorro de unos 800 millones de dólares en importaciones. También se aspira a potenciar los ingresos por exportaciones y las ventas en el mercado interno en divisas, como fuente financiera para respaldar una parte de la producción agroalimentaria.
