Los gobiernos de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe confían en que a fin de este año surja de la conferencia climática de Cancún un mandato legal concreto para preservar el ambiente.
Con esa perspectiva, ambas regiones se comprometieron a impulsar acciones conjuntas de desarrollo sostenible y en especial estrategias para disminuir las emisiones de gases invernadero, responsables del recalentamiento planetario.
El presidente de México, Felipe Calderón, explicó que una de las vías para cumplir con ese propósito será la próxima puesta en marcha de la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe.
Es "un espacio de diálogo y concertación entre ambas regiones", indicó Calderón, respecto de la iniciativa concertada en la VI Cumbre Europa-América Latina y Caribe, celebrada el martes 18 en Madrid.
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La secretaria de Estado del Cambio Climático de España, Teresa Ribera, dijo a Tierramérica que su país "volcará las lecciones aprendidas en el foro iberoamericano en sus políticas de cooperación internacional en la región a través de varias iniciativas". Entre ellas enumeró el Mecanismo de Desarrollo Limpio, previsto en el Protocolo de Kyoto, el Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), la iniciativa REDD (Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) y la cooperación entre los servicios hidrometeorológicos en materia de climatología".
Respecto de los efectos contaminantes de las operaciones de transnacionales españolas en América Latina, Ribera indicó que "el gobierno ha impulsado una ley que regula la responsabilidad ambiental de esas empresas", aunque "difícilmente puede garantizar por sí mismo el cumplimiento de la legislación de terceros países".
Por eso "en esa tarea resultan capitales otras herramientas, como desde luego los gobiernos locales, pero también la responsabilidad social y la imagen de marca ante la opinión pública y los mercados".
"La ética ambiental es hoy un factor de liderazgo en la actividad empresarial y la valoración de las firmas en los mercados está cada vez más ligada a la presencia o ausencia de riesgos por su comportamiento ambiental", puntualizó.
La funcionaria española añadió que, "si queremos frenar el aumento de las emisiones, tenemos que generalizar las buenas prácticas y las tecnologías que hoy están disponibles, revertir los procesos de deforestación e impulsar la innovación y la congruencia en las decisiones de gobiernos y privados".
Sin embargo, desde la sociedad civil se advierte sobre el carácter mercantilista de los acuerdos.
"La mayoría de los acuerdos entre las dos regiones están determinados por su perfil comercial, que responde a una matriz claramente liberalizadora y desreguladora, y en la que los asuntos ambientales no juegan un papel determinante", dijo a Tierramérica el activista Pablo José Martínez Osés, coordinador de Plataforma 2015 y Más, que agrupa a 14 organizaciones no gubernamentales.
Para Martínez Osés, "los posibles acuerdos conjuntos que se materializarán tanto en la cooperación internacional como en la cumbre de Cancún permanecerán tristemente supeditados a intereses comerciales de rentabilidad de capital de pocos propietarios de un lado y otro".
"Hemos solicitado al gobierno español que contribuya a acabar con la impunidad con que las firmas de este país operan en territorios extranjeros, limitando normas y derechos al máximo", precisó.
El activista opinó que para que haya "una verdadera reducción de emisiones de gases invernadero hay que renovar normas y mecanismos de un sistema irracionalmente depredador".
"Se deben introducir propuestas vinculadas a la soberanía alimentaria, a la economía basada y orientada a los derechos humanos y a la capacidad de los estados para programar y decidir sobre políticas económicas", apuntó.
* Este artículo fue publicado originalmente el 22 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
