Los pueblos indígenas de América reclaman en la actualidad el cumplimiento de una serie de derechos que van mucho más allá de la reivindicación de su pasado y del pedido de reconocimiento de culpas por parte de los países que históricamente los ultrajaron.
Así se desprende de lo afirmado por especialistas reunidos en Madrid para presentar el libro "Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacia un mundo intercultural y sostenible".
Uno de los panelistas, el juez Baltasar Garzón, dijo a IPS que el desplazamiento forzado de sus lugares de origen de comunidades indígenas y la depredación de sus territorios pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad y, por tanto, sujetos a la legislación internacional.
En esa línea se pronunció también James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, quien señaló a IPS que los países, además de haber suscripto la Declaración deben cumplirla y aplicarla.
Para lo cual los gobiernos deben tomar " medidas concretas y efectivas que aseguren que los pueblos indígenas gocen de sus derechos a plenitud", apuntó.
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Garzón trajo a colación en el debate realizado la noche del jueves, a cuyo término fue aplaudido con fervor por el millar de asistentes, un informe del Banco Mundial en el cual se admite que en algunos países la situación de los indígenas no ha cambiado y "que tienen derecho a la reparación de las injusticias históricas que sufrieron".
Porque, prosiguió, "la historia no se puede borrar, pero sí reparar". Y para eso considera indispensable que se afronte la situación creada por terratenientes y empresas petrolíferas que, "al igual que los narcotraficantes", han expulsado a comunidades indígenas de sus tierras.
El juez español, conocido internacionalmente desde que ordenó en 1998 la captura en Londres del hoy fallecido ex dictador chileno Augusto Pinochet, se manifiesta "amigo de los pueblos indígenas" y, por lo tal, realiza periódicas visitas a los mismos. Narró que ha apreciado avances, pero que "la situación real dista mucho de ser idónea o aceptable jurídicamente".
Y puso como ejemplo negativo lo ocurrido con los mapuches en Chile, a los que se ha acusado de terroristas bajo la dictadura de Pinochet (1973-1990) y también ya en democracia, y señaló lo positivo que es lo que está ocurriendo en Bolivia y Ecuador.
Un ejemplo de esta situación negativa lo relató en marzo a IPS, en Chile, Antonio Cadin, vocero de la comunidad Juan Paillalef, ubicada a 730 kilómetros al sur de la capital chilena, zona en la que se produjeron reclamos por la usurpación de sus tierras.
Cadin cumple una pena de cinco años y un día, con el beneficio de reclusión sólo nocturna, acusado de atentado contra la autoridad y desórdenes. Señaló entonces que "como comunidad estamos prácticamente todos encarcelados, y el que no lo está sufre alguna medida cautelar con arraigo".
Asimismo, Garzón recordó en la reunión de Madrid la expulsión de comunidades completas en zonas de Brasil y Colombia, así como el maltrato y la marginación que afrontan en Estados Unidos y México y el "genocidio", como lo calificó, perpetrado en el siglo XX en Guatemala.
Anaya, a su vez, sostuvo que la Declaración objeto de debate "no debería existir o, más bien, no tendría porqué existir", ya que se emitió debido a que se perpetraron masivas violaciones de los derechos humanos y se siguen percibiendo los efectos de las mismas.
J. Daniel Oliva Martínez, profesor de derecho internacional público en la Universidad Carlos III, de Madrid, precisó que el reclamo de los pueblos indígenas es el derecho a la autonomía y el reconocimiento de la propiedad de sus tierras.
Pero, entiende el experto, en la actualidad en nombre del desarrollo y la civilización se están perpetrando hechos terribles contra los derechos humanos de esas comunidades aborígenes. Es el caso de Colombia, donde hay 33 pueblos en peligro de extinción, algunos por causa del longevo enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad del Estado, la guerrilla izquierdista y los paramilitares de ultraderecha.
Frente a los problemas creados por el desarrollo impulsado por los países del Norte, los indígenas, dijo, proponen un modelo alternativo, "de autodesarrollo con base en la ayuda mutua, en la reciprocidad, en la idea del buen vivir, con condiciones de vida dignas y en contextos en los que se preserve el medio ambiente".
Varios de los panelistas del encuentro defendieron el derecho indígena a la autodeterminación, sobre lo cual Anaya aportó una importante aclaración, aceptada por los demás.
El relator de la ONU señaló que, más allá del significado subjetivo de que los pueblos indígenas accedan a ese derecho, "existe una tendencia generalizada a interpretar la libre autodeterminación en clave de estatalidad". O sea el derecho a autodeterminar su separación del Estado en el que residen.
Esa autodeterminación reconduce a los valores fundamentales de la libertad y la igualdad, "relevantes para todos los sectores de la humanidad, incluidos los pueblos indígenas, en relación con las condiciones políticas, económicas y sociales en las que viven", añadió.
Aclaró, empero, que "sólo en casos excepcionales esa autodeterminación, entendida en clave de derechos humanos, puede requerir la secesión o el desmembramiento de los estados".
Una posición que los pueblos originarios mantienen en todos los foros internacionales, en los que "descartaron constantemente cualquier intención de obtener Estados independientes al argumentar su derecho de libre determinación", concluyó Anaya.
