Seis personas muertas, una veintena de heridos y una guerra de desinformación es el saldo parcial del choque entre mineros artesanales en huelga y policías en la sureña región peruana de Arequipa.
Con ese fin iniciaron una huelga nacional en las primeras horas del domingo 4. El epicentro de la protesta fue la provincia de Chala, en Arequipa, donde más de 6.000 manifestantes bloquearon la carretera Panamericana Sur y dos puentes.
En la mañana del domingo, enfrentamientos entre policías y mineros dejaron cinco manifestantes baleados y una viajera asfixiada.
Dirigentes de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), que convocó la protesta, dijeron a IPS que hay además entre 10 y 20 personas desaparecidas.
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También hay unas 20 heridas. De los 28 manifestantes detenidos, 27 fueron liberados el lunes, a cambio del despeje de la Panamericana por dos horas. Un minero es investigado por el cargo de tenencia ilegal de explosivos.
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, señaló el martes que "nada justifica la muerte" en un conflicto evitable, recordó que el bloqueo de carreteras es ilegal y que los policías no deben excederse en el uso de la fuerza.
Lo de Chala es comparable a la violencia en la norteña provincia de Bagua en junio de 2009 cuando murieron 33 personas, entre nativos y policías, en el marco de un conflicto por la derogación de normas que afectaron derechos indígenas.
Perú produce 170 toneladas de oro al año, y 44 toneladas, equivalentes a 1.300 millones de dólares, proceden de la minería ilegal de las regiones de Madre de Dios (sudeste), Piura (extremo noroeste), de la provincia de Nasca (sudoeste) y de Puno (sudeste), estima el Ministerio de Energía y Minas.
En este país de enormes riquezas minerales, cuya explotación es la principal fuente de divisas, se calcula que existen 300.000 pequeños mineros y mineros artesanales dedicados sobre todo al oro, aunque se carece de datos ciertos.
Pero apenas 5.349 constancias acreditan a pequeños mineros y mineros artesanales, informó a IPS el Ministerio. La mayoría de ellos son titulares de varias concesiones y, se presume, son quienes subcontratan a los trabajadores informales.
Estos empresarios suelen quedarse con 10 por ciento de las ganancias de los informales y pueden obtener ingresos de miles de dólares con solo pagar al Estado 300 dólares al año por el derecho de una concesión de 100 hectáreas, dijo a IPS el director de defensa y asuntos legales de la Fenamarpe, Rafael Seminario.
El dirigente reconoció que cerca de 80 por ciento de los afiliados trabajan en la ilegalidad.
La Fenamarpe cuenta con asociaciones en 17 de las 25 regiones del país y unos 60.000 afiliados. La más grande es la de Chala, de 17.000 miembros y la que encabeza las protestas en el sur.
Es allí donde se concentran las empresas comercializadoras de minerales.
El presidente Alan García calificó de "minería salvaje" la actividad informal, que destruye el ambiente y explota a trabajadores.
"El gobierno nos tilda de salvajes, pero nosotros sí queremos formalizarnos para no ser explotados por los titulares de las concesiones", dijo Seminario.
Los informales piden que el gobierno les otorgue concesiones de "tierras ociosas". Pero la mayoría de los terrenos ya fueron concesionados.
García y sus ministros dijeron a la prensa que la principal demanda de los huelguistas era la derogación del decreto de urgencia 012-2010, emitido el 18 de febrero para reordenar la actividad minera en Madre de Dios, donde ya destruyó 18.000 hectáreas de selva.
Sin embargo, los dirigentes mineros explicaron a IPS que su reclamo fundamental es poner fin a otros dos decretos, 1.010 y 1.040, promulgados por el gobierno para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Esas dos normas dieron preferencia a la gran minería, complicando las posibilidades de legalizar la pequeña explotación, según la Fenamarpe.
El decreto 1.010 modificó la ley general de minería para promover la inversión en tierras eriazas y recursos mineros, mientras el 1.040 reformó la ley 27.651 de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal.
Ante las protestas del sector, las autoridades abrieron un diálogo entre fines de mayo y junio de 2009 para elaborar una nueva propuesta de ley que contemplara todos los aspectos vinculados a la legalización de la minería artesanal.
Así se llegó al proyecto de ley 2.306, aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso legislativo y remitido al pleno en junio de 2009.
"El parlamento tuvo más de nueve meses para votar el proyecto pero, como ocurrió en Bagua, legisla cuando ya hay víctimas", dijo la diputada Juana Huancahuari, del opositor Partido Nacionalista Peruano.
El pleno del Congreso iba a discutir la propuesta el martes por la noche, pero el debate se suspendió.
La decisión de paro indefinido de actividades fue tomada por la Fenamarpe el 4 de diciembre, y se ratificó el 3 de marzo.
Cuando se emitió el decreto 012 en febrero, la Fenamarpe también reclamó su derogatoria, a pedido de sus afiliados de Madre de Dios y para prevenir medidas similares en otras regiones.
Esa norma estableció zonas de exclusión para la explotación artesanal de oro en Madre de Dios y suspendió la cesión de nuevas concesiones, aunque no las que están en trámite, explicó a IPS la ambientalista Julia Cuadros, de la organización no gubernamental CooperAcción.
En esa región hay 2.202 solicitudes de concesiones, de las que 604 están en proceso, según la Dirección General de Minería.
El decreto también prohibió el uso de dragas, que destruyen los lechos de de los ríos para extraer de ellos rocas con oro. El gobierno asegura que en Madre de Dios hay 15 dragas, que pueden costar hasta medio millón de dólares cada una, algunas de ellas propiedad de empresarios rusos y brasileños.
Cuadros cree que el decreto es positivo, pero no servirá si el gobierno no demuestra capacidad de fiscalizar y no brinda opciones laborales a comunidades que viven de extraer minerales.
"Fue el Estado el que promovió años atrás la minería artesanal en Madre de Dios", recordó.
Los mineros de esa región suspendieron el paro en la noche del martes, y lo mismo hicieron los de Chala en la madrugada de este miércoles, ante una promesa de negociación que partió del gobierno.
