«La quinta vez que intenté llegar a Estados Unidos salí de Guatemala, crucé la frontera mexicana y a bordo de un autobús me asaltaron cinco policías», relató este miércoles el guatemalteco José Donis.
La historia de Donis, quien colabora desde 2008 en un albergue para inmigrantes centroamericanos en el sureño estado mexicano de Oaxaca y que ha tratado infructuosamente de llegar a Estados Unidos para reunirse con su padre, es común entre los indocumentados que atraviesan el territorio de este país con destino hacia el gigante del norte.
Estos abusos, agresiones e incluso asesinatos están expuestos en el informe "Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México", basado en entrevistas con afectados, autoridades y defensores de derechos humanos, que fue presentado este miércoles en la capital mexicana por la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
"Es un panorama escalofriante. Los migrantes pueden sufrir secuestros, extorsiones, detenciones arbitrarias y agresiones de parte de las autoridades en un viaje de terror", destacó el británico Rupert Knox, investigador sobre México de AI.
El secuestro de indocumentados es habitual en el sureste de México. El 20 de este mes, un comando armado sustrajo a 13 guatemaltecos indocumentados que estaban a disposición del Instituto Nacional de Migración en el municipio de Acayucan, estado de Veracruz, a unos 400 kilómetros de la capital mexicana.
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Seis de los 13 fueron apresados el martes por policías federales en el sureño estado de Tlaxcala.
Entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se registraron 9.758 secuestros de inmigrantes, según un informe de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
"Los migrantes irregulares corren un grave riesgo de sufrir abusos generalizados en México. Marginados de la sociedad mexicana en general, son en gran medida invisibles, y sus voces rara vez se escuchan. La experiencia les ha enseñado a no confiar en nadie, especialmente las autoridades", cita el texto de AI.
La publicación del informe coincide con el encendido debate migratorio que tiene lugar en el estado estadounidense de Arizona, fronterizo con México, donde se aprobó la ley SB 1070 (Senate Bill 1070), que criminaliza a los inmigrantes indocumentados y permite detenciones sin orden judicial.
México ha censurado duramente esa legislación, aunque en su territorio proliferan los abusos contra los inmigrantes centroamericanos.
La memoria del mexicano Rubén Figueroa es un cofre lleno de historias con protagonistas con nombres como Norma, Johny y Selvin, procedentes de Honduras.
Figueroa vivió sin permiso entre 1999 y 2005 en el oriental estado estadounidense de Carolina del Norte, donde trabajó en fábricas y jardinería. "El haber experimentado la rabia, el dolor y la humillación me ha dado la oportunidad de entender la situación de los hermanos migrantes", contó a IPS.
Norma fue asaltada y violada, mientras que Johny sufrió la fractura de una rodilla cuando agentes migratorios lo lanzaron de un tren. Sólo Selvin logró su objetivo y ahora vive en el oriental estado estadounidense de Virginia, donde trabaja en una tienda.
Figueroa y su madre ayudan con víveres a los inmigrantes que pasan por el sudoriental estado mexicano de Tabasco en su viaje por ferrocarril hacia el ansiado norte.
"Vivimos una tragedia doble, pues recibimos a los que ya fueron secuestrados y a los que no van a poder cruzar la frontera, porque está totalmente controlada por las bandas criminales", señaló a IPS el sacerdote jesuita Pedro Pantoja, director del refugio "Belén, Posada del Migrante", adscrito a la Diócesis católica de Saltillo, en el norte de la capital mexicana.
Pantoja asistió junto a otros activistas a una audiencia sobre secuestro de inmigrantes celebrada en marzo durante el 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y adscrita a la Organización de los Estados Americanos.
Ante ese órgano continental pidieron apoyo para su labor humanitaria y la concesión de medidas cautelares ante las amenazas recibidas de traficantes y secuestradores de personas. La Comisión avaló las medidas y anunció una próxima visita al albergue de Saltillo, por donde pasan a diario unos 100 indocumentados.
Los secuestradores suelen exigir el pago de entre 1.500 y 5.000 dólares a los familiares de las víctimas, radicados en Estados Unidos o en sus países de origen, según la investigación de la CNDH.
El informe de AI cuestiona el acceso a la justicia y la reparación a los inmigrantes centroamericanos, así como la impunidad en que quedan los ataques. "Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra migrantes", resalta el documento.
Donis, de 24 años de edad, presentó una denuncia ante los tribunales que aún no desemboca en capturas ni sanciones. Pero la mayoría optan por no tramitar quejas.
"¿Cómo es posible que después de todo lo que se ha denunciado las autoridades no hagan nada?", se preguntó en tono lastimero Donis.
En el parlamento mexicano se discuten proyectos de ley migratoria y contra el secuestro, que penalizarían la captura de inmigrantes y que incluiría persecución y sanciones contra los funcionarios involucrados en ese delito.
"No veo un posible impacto de esas leyes, porque el problema reside en cómo se investigan los casos", insistió Knox.
El gobierno del sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, creó una fiscalía para migrantes que atiende hechos como los secuestros. Ese territorio, Oaxaca y Veracruz son los principales escenarios de ese delito.
Entre otras medidas, AI planteó introducir cambios legales que agilicen la presentación y pesquisa de las denuncias, apoyo psicológico a las víctimas y la coordinación de medidas con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, cuna de la mayoría de quienes se aventuran por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.
