La Comisión de la Verdad y la Reconciliación que investigará el golpe de Estado que en junio de 2009 desalojó a Manuel Zelaya de la Presidencia de Honduras, iniciará su labor en mayo en medio del escepticismo de organizaciones humanitarias y de sectores de la derecha.
El coordinador de la Comisión será el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein (2004-2008), contará con tres expertos internacionales y dos nacionales y un equipo de apoyo, y tendrá el respaldo técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA), según anunció el gobierno hondureño el martes 13 al completar su conformación.
El presidente Porfirio Lobo precisó que la Comisión se instalará el 4 de mayo e hizo hincapié en su independencia y en que su mandato es el de brindar un informe "objetivo e imparcial" sobre el golpe cívico-militar del 28 de junio y los acontecimientos previos y posteriores a la ruptura institucional.
Pero Stein adelantó ya que no todos los hechos serán porque "habrá información sensitiva que será clasificada, en especial los informes de carácter confidencial que brinden algunas personas durante el proceso investigativo".
Esa información será liberada en un plazo de 10 años, puntualizó.
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El dirigente guatemalteco aseguró, no obstante, que en ocho meses, la población hondureña conocerá el informe y "vamos a ser sumamente escrupulosos en el trabajo".
Las otras dos figuras internacionales que acompañarán a Stein en la Comisión son Michael Kergin, ex viceministro de Cooperación Internacional de Canadá, y María Amadilia, ex ministra de Justicia de Perú.
Los integrantes hondureños son la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, y el ex rector de la misma institución y jurista Jorge Omar Casco. Su secretario técnico será el también académico Sergio Membreño.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación forma parte de los acuerdos suscritos el 30 de octubre entre delegaciones del presidente de facto de Roberto Micheletti y del derrocado Manuel Zelaya, con el aval internacional.
Constituye, además, uno de los requisitos a cumplir por el gobierno ante la comunidad internacional, para su reconocimiento pleno, ya que en la actualidad solo lo han hecho una treintena de países.
Desde que asumió la Presidencia el 27 de enero, Lobo busca un retorno rápido de Honduras a las instancias internacionales, después del aislamiento mayoritario a que fue sometida desde el golpe, en una labor que de hecho comenzó tras su sólido triunfo en las elecciones del 29 de noviembre, al frente del derechista Partido Nacional.
El canciller hondureño, Mario Canahuati, dijo a IPS que escoger a los miembros de la Comisión "no fue fácil, se analizaron hojas de vida de al menos 15 expertos internacionales, y del lado hondureño, se trató de buscar a la gente con alta credibilidad".
Las dificultades de las que habla Canahuati se relacionan con la polarización que dejó como herencia en Honduras el golpe de Estado, que acentúa la desconfianza mutua sobre cada paso que dan sus defensores y detractores.
Los sectores más conservadores vinculados a la Unión Cívica Democrática pujaron por sacar a la rectora de la UNAH de la Comisión, en tanto que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos criticaron la presencia de Casco, a quien asocian con la derecha más radical.
Reina Rivera, integrante de la coalición Plataforma de Derechos Humanos, comentó a IPS que la Comisión de la Verdad llega en "momentos donde hay más escepticismo entre las organizaciones que aceptación a su trabajo".
"Vemos que la integración de los miembros internacionales, fue hecha más por nacionalidades y no tanto por competencia y capacidades. Los representantes de Canadá y Perú, para el caso, no son bien vistos en algunos sectores, de ahí que algunos rechacen a la Comisión y otros la miren con reservas", manifestó.
Rivera precisó que hay un movimiento entre los grupos humanitarios locales e internacionales por conformar una "Comisión de la Verdad Alternativa".
Una de las promotoras de la iniciativa es Amnistía Internacional y el propósito, explicó, es "monitorear el proceso y el comportamiento de quienes conforman esa Comisión".
Desde el lado opuesto, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facussé, destacado defensor del golpe, dijo a IPS que "esa Comisión de la Verdad es una exigencia de la comunidad internacional y ya sabemos sus resultados".
A su juicio, esos resultados "irán orientados a lo que quiera oír el mundo y no a lo que realmente pasó en Honduras, no tengo muchas esperanzas en esa cuestión, no ayudará a la reconciliación, al contrario, va a dividir más".
La Plataforma de Derechos Humanos señaló en un comunicado que el establecimiento de la Comisión "no ha respetado los estándares internacionales aplicables a las Comisiones de la Verdad, no se ha abierto un proceso de consulta", ni tampoco fijó el tipo de violaciones a investigar.
Pero el canciller argumentó que "todo eso ha sido contemplado, la Comisión tiene libertad e independencia, las violaciones humanitarias serán consideradas, no queremos que se oculte nada".
El primer Comisionado de Derechos Humanos que tuvo Honduras, Leo Valladares, consideró que el escepticismo obedece a que existe "una sed de justicia y verdad, es normal que la desconfianza prevalezca".
"La Comisión tiene un enorme desafío porque debe mostrar independencia, credibilidad y, ante todo, ser capaz de generar un cambio de conducta en la clase política hondureña", planteó el ex comisionado (1992-2002).
Valladares cree que "no debemos esperar resultados espectaculares de esa Comisión porque las resistencias son fuertes".
"Pero el Estado está en la obligación de investigar", concluyó.
