La defensa de la jueza lesbiana Karen Atala, que tramita un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la pérdida de la tuición de sus hijas, acusó al Estado de Chile de «inequívoca» falta de voluntad para implementar las recomendaciones de ese organismo.
El presidente del máximo tribunal del país, Milton Juica, informó este jueves que no se sumará a la mesa de trabajo propuesta por el gobierno para cumplir las sugerencias emitidas en febrero por ese órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington.
"Los tribunales de justicia no hacen discriminación de ninguna especie", dijo Juica al referirse al caso. "No vamos a entrar a una mesa", puntualizó.
El gobierno ha señalado que tiene interés en acoger las recomendaciones de la Comisión, pero las declaraciones de Juica son "una señal inequívoca de la falta de voluntad del Estado de Chile" para seguir lo dispuesto por ese organismo interamericano, dijo el director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales (UDP), Jorge Contesse.
Por decisión de la Corte Suprema, el 31 de mayo de 2004 la jueza Karen Atala perdió la tuición de sus tres hijas por ser lesbiana y convivir con su pareja, la historiadora Emma de Ramón. El máximo tribunal revocó los fallos de primera y segunda instancia que le habían otorgado la custodia de sus hijas, luego de la separación de su marido, otro juez.
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Al no existir más posibilidades de apelación en el país, en noviembre de ese mismo año el Centro de Derechos Humanos de la UDP, la no gubernamental feminista Corporación Humanas y la asociación gremial de abogados Libertades Públicas presentaron una demanda ante la Comisión.
El gobierno chileno y la defensa de Atala iniciaron en marzo de 2006 la negociación de un acuerdo de solución amistosa que no llegó a buen puerto.
En julio de 2008 la Comisión declaró admisible la demanda y a comienzos de este año emitió su informe final, que indica que a Atala le fue negado el acceso efectivo a la justicia.
Esta semana el gobierno del derechista Sebastián Piñera anunció que crearía una mesa de trabajo con representantes de todos los actores involucrados, siguiendo los planteamientos del organismo con sede en Washington. Pero la Corte Suprema no aceptó integrarse.
En las próximas semanas el Estado chileno debe remitir a la Comisión un informe con los pasos a seguir. Después de ello, esta institución decidirá si eleva o no el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
La defensa cree que el caso terminará en la Corte Interamericana de mantenerse la decisión del pleno de la Corte Suprema de no sumarse a la mesa de trabajo que debería proponer políticas públicas y eventuales reformas legislativas para evitar que una situación como la de Atala se repita.
La decisión del máximo tribunal sorprendió a los abogados defensores por la reconocida labor de Juica en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1973-1990) del general Augusto Pinochet (1915-2006).
"Este caso llama la atención por el concepto de derechos humanos" que tiene la Corte Suprema, porque éstos "no sólo tienen que ver con las violaciones masivas y sistemáticas que ocurrieron durante el periodo de la dictadura, sino también" con "las personas que tienen una orientación sexual diversa", dijo Contesse.
Atala "está contenta con el fallo de la Comisión y está expectante para ver cómo se resuelve. Este ha sido un proceso largo y el daño es irreparable", dijo a IPS la abogada de la Corporación Humanas, Helena Olea.
"Chile no ha dado muestras de avanzar en la dirección de promover" recomendaciones a favor de las minorías sexuales, dijo Contesse, considerando, por ejemplo, que el país lleva años discutiendo un proyecto de ley con medidas contra la discriminación.
Según el abogado, el informe de la Comisión es "histórico, sin precedentes. No hay dentro del sistema interamericano (de justicia) una decisión sobre derechos de personas de orientación sexual diversa de esta naturaleza. Es la primera".
La resolución de este caso es "esperada en Estados Unidos, Colombia, Argentina. El caso de Karen Atala está abriendo un espacio que no existía", indicó Contesse a IPS.
El Estado de Chile ya ha sido condenado por la Corte Interamericana en varios casos: en 2001 por violar la libertad de expresión por la censura de la película "La última tentación de Cristo" y en 2005 por la actuación de la justicia militar en casos en los que estaban involucrados civiles.
En 2006 se conocieron otros dos fallos condenatorios: por acceso a la información pública y por la vigencia del decreto ley de amnistía dictado por Pinochet en 1978 y que prescribió crímenes de la dictadura.
