El postulante presidencial oficialista Juan Manuel Santos, favorito según las encuestas, es acosado por sus rivales a raíz de su responsabilidad en la matanza de civiles para hacerlos pasar como bajas de guerra, mientras era ministro de Defensa.
La acusación fue pronunciada a inicios de marzo por el candidato presidencial del opositor Partido Liberal, Rafael Pardo. Uribe gobierna desde agosto de 2002, y Santos estuvo al frente de la cartera de Defensa entre julio de 2006 y mayo de 2009.
La magnitud de los asesinatos fuera de combate, por militares en plan de reclamar beneficios, ha sido tal que más de 62 fiscales están a cargo de 1.273 procesos por la muerte de 2.077 colombianos, 59 de ellos menores de edad y 122 mujeres.
La guerra colombiana se libra desde 1964 entre guerrillas izquierdistas y la fuerza pública, En los años 80, se sumaron milicias paramilitares de ultraderecha.
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La historia de los "falsos positivos" comenzó a figurar en los medios de comunicación en septiembre de 2008, cuando un funcionario de derechos humanos de Soacha, municipio situado al sur de Bogotá, denunció el hecho.
Jóvenes trabajadores que habían desaparecido en el mes de enero de ese año aparecieron muertos en las vecindades de Ocaña, en el nororiente del país.
Un hombre moreno, de corta estatura, robusto y con cabellos recortados al estilo militar, los había convocado para "hacer vueltas que les dejarían plata".
Esa fue la descripción de uno de los reclutadores que, en distintas partes del país, se dieron a la tarea de convencer a jóvenes de entre 17 y 32 años de que abandonaran sus trabajos. Otros eran desempleados, uno de ellos trabajaba en la fundición de campanas, y otros estudiantes.
El examen forense de los cadáveres reveló que habían muerto entre 24 y 48 horas después de salir de su población.
Sin embargo, los reportes del ejército los mostraban como miembros de la guerrilla o de grupos paramilitares, muertos en acciones armadas.
"Esos muchachos murieron en combate, y la tropa llegó a ellos sustentada en procedimientos de inteligencia", aseveró el general Paulino Coronado, comandante en el nororiental departamento Norte de Santander.
Fue una explicación poco convincente para los fiscales, porque parecía imposible que en ese breve lapso los jóvenes hubieran viajado, dispuesto para el combate y entrado en la lucha armada.
Tan ilógica fue la explicación como la que se dio ante uno de los cadáveres exhumados: una muchacha que vestía shorts y zapatos deportivos. La mostraron como muerta en combate.
El argumento del escaso tiempo entre la salida de Soacha y la muerte creó las primeras dudas sobre la versión militar. El número inicial de víctimas encontradas pasó de 11 a 19 una semana después.
Al mismo tiempo, investigaciones periodísticas revelaron que en la fiscalía "existían 400 procesos que comprometían a centenares de militares activos y retirados de la fuerza pública, en homicidios fuera de combate", según publicó el diario El Tiempo el 27 de septiembre de 2008.
Un hecho criminal de esa magnitud fue el que Santos, entonces ministro de Defensa, dijo desconocer.
Pasaba una semana de descubiertos los cuerpos de las víctimas, cuando en una ceremonia de ascenso de oficiales del ejército dijo: "Yo me resisto a creer que sea cierto". "Preferimos un desmovilizado a un capturado, y un capturado a un muerto". "Habrá tolerancia cero para con esta clase de acciones".
Un año después, 27 militares, entre ellos cuatro generales, habían sido destituidos y la fiscalía se disponía a acusar a dos coroneles, un mayor y 43 soldados de homicidio agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada y falsedad.
Pero las muertes no cesaron.
Cuando en marzo de este año el presidente Uribe dijo que "ese tipo de asesinatos ya no se están presentando en Colombia", el jesuita Centro de Investigación y Educación Popular informó que entre noviembre de 2008 y diciembre de 2009 aparecieron nueve casos de "falsos positivos": siete ejecuciones extrajudiciales y dos detenciones arbitrarias.
Acusado y acosado por sus adversarios políticos, Santos tendrá que explicar la aplicación de la directiva 024 de 2005 que estableció recompensas para premiar a los oficiales por los "positivos" (bajas) que logren en la guerra contra la subversión.
Tardíamente, el ministro ordenó al entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, visitar las divisiones militares para advertir que el "body count" (cada muerto un positivo) "no vale en la guerra que libra el Estado colombiano contra los armados ilegales".
En medio del escándalo, Montoya renunció en noviembre de 2008.
El estímulo, mantenido a raíz de la directiva de 2005, no había sido utilizado por los predecesores de Santos en el ministerio.
La ex ministra de Defensa y ex precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez (2002-2003) salió al paso de Santos que intentaba mostrar esos estímulos como práctica antigua: "Cuando fui ministra, por expresa intención mía, se eliminó el indicador de muertos en combate".
A su vez, el candidato liberal Pardo, que también fue ministro de Defensa, afirmó: "Santos tiene que asumir su responsabilidad, pues le pasó eso bajo las narices y no tiene explicación de por qué no lo controló, de por qué siguió ocurriendo, de por qué fue un procedimiento sistemático. Tiene que ser investigado por eso".
Pero inclusive el actual jefe de la campaña de Santos, Rodrigo Rivera, había dicho hace un año: "La responsabilidad política no puede quedarse solamente en los militares, es decir, hay que responsabilizar al ministro de Defensa, de modo que sepa que su permanencia en el cargo está empeñada en que esos episodios no sucedan".
La tensión generada por estas acusaciones movió al presidente Uribe a intentar una coartada, según relató el columnista opositor Ramiro Bejarano en la edición de El Espectador del 28 de marzo.
"Extraña la versión de Uribe según la cual, un testigo con el que se reunió en la sede de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) le informó que los autores de los falsos positivos fueron narcotraficantes infiltrados en la brigada móvil 15 de Ocaña", sostuvo Bejarano.
"Para ser más exacto, Uribe se atrevió a decir que delincuentes mataban inocentes para aparentar que perseguían narcotraficantes", añadió.
El presidente defiende a su ex ministro como su candidato. Los asesinatos, eufemísticamente llamados "falsos positivos", pueden afectar gravemente las pretensiones presidenciales de Santos.
