América Latina debe al juez español Baltasar Garzón, procesado en su país por intento de juzgar crímenes del franquismo, la activación de principios que habilitaron juicios de lesa humanidad en Argentina, Chile, Guatemala, Perú y Uruguay, según abogados de derechos humanos.
Pinochet, quien se recuperaba de una operación al momento de ser detenido, pasó más de 500 días arrestado en la capital británica hasta que ese país decidió devolverlo a Santiago por razones humanitarias, donde fue procesado por violaciones de derechos humanos y malversación de caudales públicos, pero nunca condenado.
Pese a ello, los juicios y condenas por ejecuciones, desapariciones y torturas cometidas en su dictadura se multiplicaron después de 1998.
"El 'efecto Garzón' significa que los jueces de todo el planeta aprendieron que se podía hacer justicia" por crímenes de lesa humanidad y "el 'Efecto Pinochet', que a ningún violador de derechos humanos le conviene viajar", explicó a IPS el jurista Garretón, ex relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para la República Democrática del Congo (1994-2001).
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En otras palabras, se activó la justicia universal, cuyos principios establecen que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescriben, y que si no son perseguidos en el país donde se cometieron pueden serlo en cualquier otro Estado.
Hoy, paradójicamente, Garzón está del lado de los acusados en su país por intentar esclarecer la suerte de las víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939) y de los primeros años de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), crímenes que fueron amnistiados en 1977. Se le imputa el delito de prevaricación: dictar, a sabiendas, una resolución injusta.
"Lo que está haciendo ahora España es una reversión del efecto Garzón", según Garretón.
El "juez estrella" enfrenta además otros dos procesos judiciales por ordenar escuchas telefónicas en un caso de corrupción que afecta al derechista y opositor Partido Popular y por cerrar una investigación contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
"La actuación de Garzón tuvo una importancia extraordinaria para la anulación (en 2003) de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida" en Argentina, dijo a IPS el abogado argentino residente en España, Carlos Slepoy, representante de familiares de víctimas de la última dictadura que soportó ese país sudamericano entre 1976 y 1983.
"Esa anulación, que primero fue en el Congreso (legislativo), ocurrió después de que Garzón pidió la detención y extradición de 46 militares y civiles, muchos de ellos altos oficiales que vivían en la impunidad", recordó.
En respuesta al proceso seguido actualmente contra Garzón en el Tribunal Supremo de España, Slepoy promovió la presentación de una querella por genocidio en la justicia argentina por parte de familiares de dos españoles fusilados por el régimen franquista.
"La actuación de Garzón en la captura de Pinochet, así como en el procesamiento de militares argentinos, dio la pauta para que la Audiencia Nacional de España admitiera el caso de genocidio en Guatemala", planteó a IPS Benito Morales, abogado de la no gubernamental Fundación Rigoberta Menchú.
La justicia española acusó de ese delito al general Efraín Ríos Montt y a otros altos oficiales guatemaltecos, tras una demanda interpuesta en 1999 por la líder indígena y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Hasta ahora, ninguno de los acusados guarda prisión.
Ríos Montt, gobernante de facto entre 1982 y 1983, aplicó la política de "tierra arrasada" en comunidades mayas de Guatemala, con lo que elevó a tope la violación de derechos humanos de la población civil en la guerra interna que vivió ese país (1960-1996) y que dejó más de 200.000 personas asesinadas o desaparecidas.
Según Garretón, la puerta abierta por Garzón también contribuyó a que la justicia chilena concediera en 2007 la extradición a Perú del ex presidente de ese país, Alberto Fujimori (1990-2000), condenado el año pasado a 25 años de prisión como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros cometidos por agentes de inteligencia militar en 1991 y 1992.
Para el abogado chileno, sin el "efecto Garzón", Uruguay tampoco habría extraditado a Chile en 2006 a tres militares uruguayos involucrados en el secuestro del ex agente de la dictadura pinochetista Eugenio Berríos, encontrado muerto en una playa cercana a Montevideo en 1995.
En su opinión, ese fue el paso previo para que Uruguay condenara este año al ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1976) por violar la Constitución y dar un golpe de Estado.
Represores que no escaparon al principio de la justicia universal son el ex fiscal militar chileno Alfonso Podlech y el ex marino argentino Ricardo Cavallo, operador del mayor centro clandestino de detención de Argentina bajo el régimen de facto.
Podlech fue arrestado en 2008 en España y extraditado a Italia donde es juzgado por su responsabilidad en la desaparición del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, mientras Cavallo fue detenido en 2000 en México, extraditado en primer lugar a España y en 2008 desde ese país a Argentina, cuyos tribunales lo están juzgando.
Garretón también comentó el caso del militar retirado uruguayo Manuel Cordero, extraditado en enero desde Brasil a Argentina para ser procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en las décadas del 70 y 80.
Finalmente, está pendiente el proceso en ausencia en París contra 15 militares de la dictadura pinochetista, acusados de la desaparición de cuatro franco-chilenos.
*Con aportes de Marcela Valente (Argentina) y Danilo Valladares (Guatemala).
