Justo después de informar al mundo del exitoso hallazgo de tres nuevas especies de rana, la no gubernamental ambientalista venezolana, Fundación Andígena, cerró este mes sus puertas por falta de apoyo financiero.
"Faltan soportes, recursos y comunicación para con las organizaciones ecologistas en un país megadiverso y que atraviesa una coyuntura de déficit de agua y energía eléctrica para su población, asociada a cuestiones ambientales", dijo a IPS el antropólogo César Barrio, director ejecutivo de Fundación Andígena.
Poco antes de su despedida, esta entidad anunció el hallazgo, en el piedemonte de las cordilleras del occidente del país, de tres nuevas especies de rana, una de las cuales, que no alcanza siquiera los dos centímetros de altura en edad adulta, fue bautizada Allobates algorei, en homenaje al ex vicepresidente estadounidense Al Gore (1993-2001).
Este político del Partido Demócrata ganó el premio Nobel de la Paz en 2007 como reconocimiento a su contribución a la reflexión y acción frente al cambio climático.
Las otras diminutas ranas, la Pristimantis lassoalcalai y la Pristimantis rivasi, fueron bautizadas así en honor a científicos venezolanos.
Andígena, cuyo nombre alude a un género de tucanes azules que habitan los bosques nublados de los Andes del norte, "surgió en 1999 como iniciativa de jóvenes estudiantes y profesionales motivados por promover la biodiversidad venezolana, en particular la andina (sudoeste)", recordó a IPS otro de sus responsables, Denis Torres.
La entidad comenzó con estudios sobre especies de fauna amenazadas de extinción, como el oso andino (Tremarctos ornatos), los sapitos arlequín (Atelopus), el pato de torrentes (Merganetta armata) y la danta (Tapirus terrestris), y consiguieron respaldo de algunos zoológicos y organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales.
"Eran aportes pequeños, de 2.000 a 5.000 dólares anuales, y algunos proyectos recibieron financiación durante años consecutivos, lo que permitió la continuidad. Pero desde el año 2006 muchas instituciones, especialmente de América del Norte, dejaron de apoyarnos invocando la situación socio-política del país", dijo Torres.
Venezuela es gobernada desde 1999 por Hugo Chávez, quien fue reelegido en 2006 y desde entonces ha pisado el acelerador a un proyecto político que denomina "socialismo del siglo XXI", basado en un programa de estatización de empresas, fortalecimiento del poder presidencial y enfrentamiento político y diplomático con Estados Unidos.
"Recibimos muy poco apoyo de organizaciones nacionales, y de parte del Estado sólo el Instituto Nacional de Parques (adscrito al Ministerio de Ambiente) ocasionalmente nos dio apoyo logístico. Con las comunidades campesinas sí teníamos vínculos, cuando requerían nuestra presencia para labores de educación ambiental", expuso Torres.
Según Barrio, en Venezuela "hay un marco legal importante para el ambiente —más de la mitad del territorio tiene algún régimen de protección especial—, pero no se cumple a cabalidad. Si se aplicaran las leyes, los problemas ambientales no absorberían tanta atención y recursos por parte de las ONG".
"Hemos sido testigos de la destrucción de vastas zonas forestales que contenían una extraordinaria biodiversidad, incluyendo especies en peligro de extinción. La política oficial ha sustituido en algunos casos la sustitución del ecosistema natural por prácticas agrícolas no sustentables que causan daños irreversibles", denunció.
Además de la merma de los patrocinios, influyeron en el cierre de Andígena los costos crecientes asociados a la inflación, que en el último quinquenio ha promediado 27 por ciento interanual.
La decisión coincidió con varios problemas ambientales que afectan al país, como una fuerte sequía causada por el fenómeno climático oceánico de El Niño, que llevó a racionar el suministro de agua en Caracas y otras ciudades, y a disminuir el consumo hidroeléctrico, con cortes abruptos y limitación de energía en toda la provincia.
"Mantener a flote una ONG ambientalista en la Venezuela actual es difícil por las condiciones del país, con empresas privadas que tienen muchas obligaciones en otros campos y no colocan la inversión en cuestiones del entorno dentro de sus prioridades", señaló a IPS el director de la organización ecologista Vitalis, Diego Díaz.
En tanto, María Eugenia Gil, de la también ambientalista Aguaclara, dijo a IPS que "desde hace unos cinco años hay una política, cada vez más explícita, de instituciones del Estado hacia las ONG, en el sentido de que no son bien vistas o, como dicen algunos responsables gubernamentales, 'hay unas y otras ONG'".
"Pero ¿cómo las separan? Creo que pagamos justos por pecadores", dijo Gil, tras recordar que el gobierno combatió el financiamiento exterior a estos organismos de la sociedad civil que defendían derechos políticos y ciudadanos, y que se alinearon con la oposición en años recientes.
Entre los resultados de esta política, "está la falta de información oficial que necesitan las ONG como insumo y la aplicación de normas para que se necesite el acuerdo del gobierno antes de que una empresa o institución pueda financiar éste o aquel proyecto", criticó.
En su opinión, "esa es la razón por la cual organizaciones internacionales soslayan a Venezuela en sus programas de apoyo. Por eso se marchó del país Conservación Internacional (Conservation International, con sede en Washington) el año pasado".
Para Gil, "problemas como éstos existen en muchos países, y quizá lo particular de Venezuela es la exacerbación de una mirada miope hacia el ambiente, el bien más público que poseemos".
