La oposición y gran parte de los medios de Portugal no dan muestras de aflojar su fuego cerrado contra el primer ministro socialista, José Sócrates, al que acusan de concebir un plan para controlar la comunicación social.
Hace nueve meses se abrieron las hostilidades y la semana pasada se trasladaron a la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa, luego de un reportaje del semanario Sol que reprodujo en febrero transcripciones de grabaciones telefónicas entre Sócrates y algunos de sus colaboradores cercanos.
Las grabaciones fueron realizadas en el ámbito del proceso judicial conocido como "Face Oculta" (cara oculta), abierto en el verano boreal de 2009 para investigar un supuesto tráfico de influencias, en que se involucra al gobernante Partido Socialista, y que es el escándalo del momento en este país.
El fiscal del caso, João Marques Vidal, sostuvo en junio que era necesario reaccionar rápidamente ante la intención de la estatal Portugal Telecom (PT), la operadora dominante en el sector, de comprar varios medios de comunicación.
Según el reportaje de Sol, titulado "El pulpo", esos medios de comunicación pasarían en ese caso a control del gobierno, mientras la operadora telefónica tendría serios perjuicios económicos por la operación.
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Vidal concluyó que el gobierno pretendía controlar la privada Televisión Independiente (TVI), mayoritaria en audiencia, el Grupo Cofina, propietario de O Correio da Manhã, el diario de mayor circulación del país, y Público, el periódico más influyente de Portugal.
Esas intenciones se traducirían en una interferencia editorial en órganos de comunicación, argumentó.
Entre los indicios acusatorios, consta la eliminación en septiembre del noticiero de los viernes de la TVI, conducido por la ex diputada del derechista Centro Democrático Social (CDS), Manuela Moura Guedes, periodista conocida por imponer sus opiniones durante las noticias, en programas caracterizados por la virulencia de sus ataques al gobierno.
Moura Guedes, esposa del ex director de la TVI, José Eduardo Moniz, renunció al cargo, tal como lo había hecho su marido meses antes, supuestamente presionados desde Madrid por la dirección del Grupo Prisa, accionista mayoritario de la estación televisiva y que tiene como buque insignia el diario español El País.
El fiscal general, Antonio Pinto Monteiro, desautorizó a Vidal, al establecer que estas conversaciones no constituían delito, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Antonio Noronha do Nascimento, determinó la destrucción de las "grabaciones ilegales" hechas a Sócrates.
Sin embargo, todo indica que la orden de Noronha do Nascimento no fue cumplida, las cintas no fueron destruidas y continúan las fugas de información del Poder Judicial hacia la prensa.
Dentro de su estrategia de control a través de la empresa estatal PT, la mayoría de la prensa da por hecho que el gobierno también estudió la posibilidad de adquirir el Grupo Controlinveste, propietario de importantes medios, como Diario de Noticias de Lisboa, Jornal de Noticias de Oporto y la emisora TSF-Radio Jornal.
Esta información es sustentada con transcripciones de conversaciones telefónicas del ex ministro y banquero Armando Vara, uno de los principales investigados en el caso Face Oculta, con el asesor jurídico de PT, Paulo Penedos, y otras figuras cercanas a Sócrates.
Las conversaciones incluyeron a João Carlos Silva, ex presidente de la estatal Radio Televisión Portuguesa, y a Fernando Soares Carneiro y Rui Pedro Soares, ambos ex administradores de Portugal Telecom.
El presidente del Observatorio de la Prensa, Joaquim Vieira, justificó la divulgación de las transcripciones porque el derecho a la información está por encima del derecho a la privacidad y lo que se cuestiona "son conversaciones privadas, pero sobre asuntos públicos".
El escritor y periodista José Carlos de Vasconcelos, director de Jornal das Letras, sin entrar en méritos sobre este caso específico, precisó a IPS que "el periodismo es sobre todo responsabilidad y no poder".
"El periodista tiene el deber de informar con rigor y calidad, muy atento a las posibles graves consecuencias que puede acarrear una información distorsionada", precisó.
Luego de que el opositor Partido Social Demócrata (PSD, conservador pese a su nombre) pidió a la Comisión de Ética analizar los riesgos que el caso podría entrañar para la libertad de expresión, Sócrates negó con vehemencia el plan.
"Nunca el gobierno dio ninguna orientación a PT" y quien diga lo contrario "falta a la verdad", precisó el primer ministro.
Al PSD se han unido el CDS, y pese a sus abismales diferencias ideológicas, también los ex trotskistas del Bloque de Izquierda, el Partido Comunista y los Verdes.
Todos exigen en términos similares una aclaración cabal de si hubo o no intromisión del gobierno a través de PT para comprar la TVI.
Durante los debates, que prometen prolongarse, con frecuencia aparece citado el grupo español Prisa, considerado cercano a los partidos socialistas y socialdemócratas europeos y latinoamericanos, que en 2006 entró con fuerza en el mercado de las comunicaciones de Portugal.
El consorcio empresarial adquirió 40 por ciento de las acciones de Media Capital, propietaria entre otros medios de la TVI.
De esta forma, pasó a controlar el canal televisivo de mayor audiencia en el país, con una programación de muy baja calidad, descrita por los críticos como "tele basura", por sus noticieros escandalosos y poco fiables.
Otros componentes de Media Capital controlados por Prisa son las radioemisoras Comercial, Radio Club Portugués, Nacional Romántica, Mix, Best Rock, Cidade y Cotonete, el proveedor de acceso a Internet IOL y las publicaciones electrónicas Portugal Diario, MaisFutebol y Agencia Financiera.
El periodismo en Portugal ha enfrentado problemas derivados de falta de rigor, divulgación de información exageradamente "colorida" para hacerla "vendible", en muchos casos falsa, con frecuentes desmentidos y procesos judiciales contra los responsables editoriales.
¿Una situación inédita en Portugal hasta hace menos de una década?, consultó IPS al ex presidente (1986-1996) y dos veces primer ministro (1976-1978 y 1983-1985), Mario Soares, que a sus 85 años conserva su influencia en la sociedad lusa.
"La imagen pública de la comunicación social se ha ido degradando debido a su falta de imparcialidad, a la concentración de la prensa escrita, oral y audiovisual en tres o cuatro grupos empresariales fuertes, que han hecho desaparecer paulatinamente a los grandes periodistas independientes", precisó.
Este comportamiento está a la vista "en la campaña contra el primer ministro, de inusual violencia, que está siendo dirigida, nadie sabe bien por quién, pero divulgada hasta la saciedad por la comunicación social", añadió.
Soares subrayó que esta campaña contra Sócrates es seguida por los medios escritos, audiovisuales y digitales "con el pretexto que se suceden las acusaciones, que hasta ahora nada lograron probar".
"A pesar de que eventualmente hay magistrados y agentes judiciales que las alimentan a través de trascendidos ilegales, pero, por lo visto, son inconsistentes", detalló.
El ex presidente opinó que "para sobrevivir, los periodistas independientes tienen pocas opciones, como es sabido".
Mientras, "surgieron comentadores que no son periodistas ni responden a la deontología profesional y que, en general, asienten a las empresas que los convidan, permitiéndose opinar sobre todo", acotó.
La observación de Soares se refiere en especial a la televisión, donde los periodistas han sido desplazados de los espacios de análisis y comentarios por políticos que llegan de la mano de ejecutivos de los grandes medios de comunicación.
En los tres grandes canales de televisión, dos privados y uno estatal, el "momento interpretativo" de los noticieros quedó a cargo de políticos o académicos, al igual que en los principales diarios, donde inundan las páginas de opinión, causando confusión entre los poderes político y mediático.
