Rodeados de una creciente sensación de fracaso en la lucha contra el narcotráfico, funcionarios de los gobiernos de México y de Estados Unidos se encontrarán este martes para replantear la estrategia común contra las mafias.
El llamado Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos contra la delincuencia transnacional organizada y el tráfico de drogas buscará superar las fricciones últimas en torno a un tema que ha copado la agenda bilateral, desplazando a otros como las migraciones y la cooperación económica, y en el cual ambas partes comparten algún grado de responsabilidad.
"Lo que se plantea es ajustar la estrategia. Puesto que la represión no soluciona inmediatamente el problema, hay que buscar opciones de largo plazo, como la construcción institucional y la inversión social", dijo a IPS Eric Olson, asesor del no gubernamental Woodrow Wilson International for Scholars (Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson), de Estados Unidos.
Encabezada por la secretaria de Estado (canciller), Hillary Rodham Clinton, una delegación estadounidense se entrevistará en la capital de México con sus pares anfitriones, en la repetición del encuentro que se escenificó por vez primera en diciembre de 2008.
A más violencia crece la sensación en México de que la estrategia militar no ha reducido el tráfico de drogas ilícitas y de que el gobierno del conservador Felipe Calderón se ha metido en un callejón sin salida.
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Para los estadounidenses, el punto de inflexión fue el asesinato el 20 de este mes de tres personas vinculadas a su consulado en la norteña mexicana Ciudad Juárez, cometido presuntamente por una pandilla ligada al Cartel de Juárez, una de las agrupaciones que se disputa esa región limítrofe con la potencia del Norte.
"No veo a Estados Unidos involucrándose a fondo. Puede haber más apoyo y una cooperación más eficaz para establecer una estrategia" sobre una variedad de temas, declaró a IPS Pedro de la Cruz, experto en seguridad pública de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
Luego de asumir el gobierno en diciembre de 2006, Calderón mandó literalmente a la batalla a miles de soldados y policías contra los narcotraficantes. Más de tres años después, unas 18.000 personas han muerto en sucesos vinculados con esos delitos, una marea roja que no se detiene.
Mientras el gobierno mexicano reclama a sus pares estadounidenses no combatir el tráfico de armas que nutre a las bandas criminales, el vecino del norte le señala la aplicación de una estrategia militar fallida.
En México, la venta de drogas ilegales hacia Estados Unidos genera unos 25.000 millones de dólares al año, dinero que se legaliza y aceita la economía local.
"No se puede comprender por completo la parálisis institucional que vive México si no se reconoce y analiza la pobre gobernabilidad política y económica reflejada en la expansión de la corrupción en los sectores públicos y privados del país", escribió el experto Edgardo Buscaglia, en la última edición mexicana de la revista Esquire.
Por su parte, el analista Raymundo Riva sostuvo desde el portal mexicano Eje Central, que Calderón "perdió la guerra contra el narcotráfico desde antes incluso que soñara embarcarse en una cruzada sin punto de retorno ni destino". "Regiones enteras del país llevan hasta tres décadas bajo el control de los carteles", añadió.
Paradójicamente, los niveles de violencia existentes imposibilitan la viabilidad de un debate público sobre la legalización de las drogas que eliminaría el incentivo económico de las bandas para comercializar los estupefacientes.
Pero hay voces que plantean esa alternativa. La más reciente es la del empresario Ricardo Salinas, el segundo hombre más rico de México, quien abogó por la despenalización de esas sustancias, según reportó el diario español El Mundo.
"No hay condiciones políticas ni en Estados Unidos ni en México para ese debate, no veo eso como opción política", señaló por su parte Olson.
En la última década, las mafias mexicanas se apoderaron del comercio de la cocaína producida en Colombia, acentuaron su hegemonía en la siembra y distribución de marihuana e incrementaron su capacidad para fabricar drogas sintéticas, lo cual en conjunto sumó a sus ganancias y a su consecuente poder económico y de fuego.
Los colectivos criminales mexicanos intervienen en 21 prácticas delictivas diferentes, entre ellas el tráfico de drogas y de personas, la extorsión y el secuestro. La primera aporta entre 45 y 48 por ciento de los ingresos, según investigaciones efectuadas por Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas.
El encuentro de este martes busca reposicionar la llamada Iniciativa Mérida, un programa de apoyo de tres años, a partir de 2008, de 1.400 millones de dólares para México y América Central, aprobado en la gestión del presidente George W. Bush (2001-2009), del hoy opositor Partido Republicano.
Para la ejecución presupuestaria de 2010, el gobierno de Barack Obama, del Partido Demócrata, solicitó al Congreso legislativo una asignación de más de 300 millones de dólares para el plan, dirigidos más a la entrega de apoyo institucional que a la dotación de tecnología anticrimen como helicópteros o radares especiales.
"El presupuesto para asistencia sugiere que el Departamento de Estado está cambiando su enfoque de cooperación con México, yendo más allá con un fuerte énfasis en el ejército mexicano y a una reforma estructural", indicó a IPS Maureen Meyer, coordinadora del Programa sobre México y la región centroamericana de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés).
La percepción pública de la reunión no es muy optimista. Cuatro de cada diez personas consultadas piensan que el encuentro puede dejar un saldo positivo para México, pero cinco descartan acuerdos relevantes en la lucha antinarcótica, según un sondeo levantado por la encuestadora mexicana María de las Heras para el diario español El País.
"El replanteamiento es un giro de la estrategia. Las delegaciones van a ver si pueden realmente construir una relación de confianza para posibilitar el intercambio de información", apuntó Olson.
"Estados Unidos va a mostrar un grado de mayor exigencia en cuanto a resultados visibles", refirió de la Cruz.
De no tomar acciones integrales, como el combate al lavado de dinero, "la historia nos indica que esta pesadilla de violencia y desintegración social continuará en México y se expandirá para seguir desestabilizando a sociedades y a estados de nuestra región", anticipó Buscaglia.
