Una misión de especialistas en derechos humanos visita esta semana Haití para evaluar la situación humanitaria de esa nación caribeña tras el demoledor terremoto de enero, y proponer nuevas pautas de asistencia internacional para «evitar los errores del pasado».
La delegación ejecutará sus evaluaciones mediante entrevistas y visitas dentro y fuera de Puerto Príncipe, la devastada capital, con especial interés en las ciudades y poblados que han recibido la mayor cantidad de desplazados por el sismo del 12 de enero.
El viaje, que se extenderá desde este martes hasta el viernes, antecede las audiencias que el 23 de este mes celebrará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual varios miembros de esta delegación prestarán testimonio con el fin de alentar la apertura de una investigación sobre los impactos humanitarios de la ayuda posterior al terremoto.
El 31 de este mes se celebrará la Conferencia de Donantes de Haití en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde se prevé un debate sobre el futuro de ese país, el más pobre del continente americano.
Las organizaciones de derechos humanos responsables de la misión de este martes con vasta experiencia de trabajo en Haití—, divulgaron una lista de recomendaciones que hacen énfasis en la necesidad de que la distribución de asistencia se conduzca bajo criterios de derechos humanos, con la intención de influir en esa discusión sobre el futuro haitiano.
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Viajarán a Haití representantes del Centre for Human Rights and Global Justice de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos y especialistas haitianos del Bureau des Avocats Internationaux (BAI), una asociación humanitaria de juristas con sede en Puerto Príncipe, y de Zanmi Lasante (Socios en Salud en lengua creole), un programa comunitario de atención sanitaria.
Estos grupos planifican desarrollar la primera de una serie de evaluaciones que se extenderán hasta el año próximo.
"Nos alienta el nuevo y evidente acento del discurso de la secretaria de Estado (canciller de Estados Unidos) Hillary Rodham Clinton, entre otros", dijo a IPS una de las integrantes de la delegación, Monika Kalra Varma, del centro Kennedy.
"Pero el discurso y la buena voluntad no van muy lejos. Forjar una verdadera asociación con el pueblo haitiano requerirá un cambio total en la cultura de la asistencia a ese país. Si no se consigue ese tipo de alianza, tendremos otros fracasos, como los que hemos visto durante décadas", añadió Varma.
Al subrayar que éste es un requisito no sólo para los países donantes, sino para una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que operan en Haití, Varma añadió que el pueblo "debe tener una voz activa" en cualquier plan para ese país.
"Esto no es sólo un problema de Puerto Príncipe", subrayó. "Un millón de personas dejaron la capital en busca de lugares más seguros, casi siempre con otros familiares. Esa gente también debe ser parte de esa nueva asociación".
La recomendación es "una óptica de derechos humanos Los estados donantes deben actuar con absoluta transparencia y responsabilidad, abrir por completo la información sobre sus programas y trabajar con el gobierno haitiano para establecer mecanismos públicos de supervisión y rendición de cuentas", afirman las organizaciones.
Se propone asimismo crear un fideicomiso para donaciones múltiples que incluya en su consejo de administración a funcionarios haitianos y organizaciones civiles y comunitarias como miembros con derecho a voto.
Y se reclama a los donantes que ayuden a crear las condiciones para que el gobierno haitiano pueda administrar sus propios programas de asistencia.
"Esto requiere que los donantes trabajen directamente con el gobierno para identificar las necesidades y desarrollar, aplicar y supervisar planes para suministrar servicios públicos básicos, como salud y educación, agua y saneamiento", afirman las organizaciones.
Una prioridad clave, señalan, es la capacidad del gobierno haitiano para presupuestar y canalizar los fondos e implementar los proyectos con transparencia.
Proponen asimismo que se cree una "base de datos en la web para informar y seguir las promesas de los donantes, la entrega de fondos, los beneficiarios, los sectores a los que pertenecen y los resultados esperados, bajo la égida del fondo de donantes múltiples".
Hay que "dar prioridad a planes que beneficien a los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños, los discapacitados, los ancianos y los desplazados internos", señalan las recomendaciones.
La rendición de cuentas tiene una presencia protagónica en estas propuestas.
Los especialistas sugieren establecer y financiar un mecanismo "para medir y revisar los resultados de los proyectos de ayuda en las comunidades".
"Todos los resultados deben ser públicos. El gobierno, en asociación con la sociedad civil y los grupos comunitarios, debería conducir este mecanismo y crear espacios para que la gente presente quejas y denuncias sobre los problemas que surjan en la puesta en práctica de los proyectos".
La ayuda internacional a Haití tiene décadas de problemas, antes de que el terremoto de siete grados en la escala Richter derribara la capital, dejando más de 200.000 personas muertas y un millón sin viviendas.
La asistencia a Haití se caracterizó por las frecuentes interrupciones por razones políticas e ideológicas, en especial la dirigida por Estados Unidos.
Dentro de Haití, una corrupción generalizada en el gobierno y el sector privado desvió grandes sumas de financiación y recursos para beneficio de gente que no necesitaba ayuda.
Los expertos en desarrollo afirman que la ayuda a Haití ha sido, en verdad, ayuda a sus elites de piel clara.
