El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004) perdió la primera batalla para evitar su extradición a Estados Unidos. Pero el acusado deberá afrontar primero el juicio que se le sigue en su país por peculado.
Tras una audiencia de casi 12 horas, el Tribunal Quinto de Sentencia aceptó el miércoles 17 el pedido de la justicia estadounidense, que acusa a Portillo de lavado de dinero. Pero indicó que primero debía concluir el juicio guatemalteco contra él.
El presidente de Guatemala, el socialdemócrata Álvaro Colom, había manifestado que cumpliría con la extradición si así lo ordenaban los tribunales.
"Estamos en el inicio de un juicio paradigmático a un personaje que tuvo mucho poder y que representa a grupos de interés que por décadas han ejercido un poder ilimitado en actividades del crimen organizado", dijo a IPS la activista Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.
Ibarra señaló que la decisión de autorizar la extradición no se puede considerar como un éxito, sino apenas una primera etapa que podría prolongarse, pues la defensa del reo apelará.
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"El ex presidente entraña dos cosas: la posibilidad de destapar información que ayude a desmantelar a estos grupos criminales, o bien que grupos afines a él puedan atentar contra los operadores de justicia", afirmó la dirigente del grupo que promueve la transparencia judicial.
Los magistrados que emitieron el fallo recibieron amenazas contra sus familias. En este país centroamericano más de 90 por ciento de los delitos permanecen impunes.
En enero, tribunales de Estados Unidos solicitaron la extradición de Portillo, quien había llegado a la Presidencia postulado por el derechista Frente Republicano Guatemalteco.
En ese país se lo acusa de conspiración para el lavado de hasta 70 millones a través de bancos estadounidenses y europeos, según la acusación de la fiscalía de Manhattan, Nueva York, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Rentas Internas.
Librado el pedido de captura, el ex presidente de 58 años fue detenido por agentes del Ministerio Público (fiscalía) y de la independiente Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el 26 de enero en una playa en el nororiental departamento de Izabal, limítrofe con Belice, cuando se disponía a huir del país.
Pero Portillo era perseguido por la justicia nacional desde hace seis años. En enero de 2004, tras girarse una orden de captura en su contra, el ex presidente huyó a México, de donde la justicia logró su extradición el 7 de octubre de 2008.
El ex mandatario quedó libre tras pagar una fianza cercana a los 120.000 dólares y, aunque el juicio en su contra continuó formalmente, él se movía con libertad y promovía su participación en las elecciones de 2012.
"Es triste que se tenga que juzgar a Portillo en otro país por crímenes cometidos en Guatemala porque nuestro sistema judicial es tan débil", dijo a IPS el abogado penalista José Luis González Dubón.
"Los fondos sólo pasaron en Estados Unidos pero fueron sustraídos en Guatemala. Por eso ejemplarmente Portillo debería ser juzgado aquí", agregó el jurista.
La acusación de peculado es por el desvío, durante su gestión, de 14 millones de dólares provenientes de cuentas del Ministerio de la Defensa y de otros recursos del gobierno de Taiwán. El Código Penal establece para ese delito una pena de tres a 10 años de prisión.
Aunque el ex mandatario deberá afrontar primero el proceso en este país, en opinión de González Dubón se le está dando prioridad al juicio en el extranjero. "Los guatemaltecos deberíamos alegrarnos de que se le juzgue en Guatemala", apuntó.
"Si lo van a acusar a él, que acusen a todos los ladrones. Porque Berger robó, Vinicio robó", dijo María Antonia de Castillo, una residente de la capital guatemalteca, en referencia a los ex mandatarios Óscar Berger (2004-2008), de la conservadora Gran Alianza Nacional, y Vinicio Cerezo (1986-1990), de la Democracia Cristiana.
"Portillo hizo por los pobres, porque nunca le subió los precios de la canasta básica, como lo hicieron todos", aseveró.
El diputado de la gobernante Unidad Nacional de la Esperanza, Mario Taracena, dijo a IPS que el proceso "es un mensaje para todos los gobernantes y políticos de que no se va tolerar la corrupción sin importar de donde venga".
"No ha terminado", dijo Portillo al salir de la audiencia. Su abogado, Telésforo Guerra, anunció que presentaría una apelación a la decisión de los magistrados, por considerar que la extradición no procede y viola la Constitución.
