«Tal vez no sea el fin. Ni siquiera el principio del fin. Tan solo el fin del principio». La frase de Winston Churchill tras la derrota alemana en África, puede aplicarse a lo sucedido entre el gobierno del presidente Rafael Correa y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
En su asamblea extraordinaria, concluida el 26 de febrero, la Conaie resolvió lanzar una escalada de protestas "permanente y progresiva" contra el gobierno y llamó a trabajadores y estudiantes a unirse para rechazar las políticas "neoliberales y colonialistas" de Correa.
Por su parte, el presidente, quien se precia de haber trabajado como joven voluntario en un pueblo indígena antes de empezar sus estudios universitarios, calificó la decisión de "separatista" y dijo que los indígenas están "siguiendo el juego a la derecha".
En su habitual cadena de radio y televisión, Correa se refirió con lenguaje duro a la dirigencia indígena, descalificando al presidente de la Conaie, Marlon Santi, por su poca preparación.
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Santi "podría ser teniente político, algo, pero no presidente de la Conaie", dijo. Teniente político es la autoridad administrativa en los pueblos pequeños de Ecuador.
Santi replicó en declaraciones al canal privado Ecuavisa, diciendo que "Correa está enfermo de odio y de vanidad". Acusó al mandatario de haber traicionado los principios de la alianza que lo llevó al poder y anticipó que las protestas del movimiento indígena no caerán en la violencia.
Correa tuvo a la Conaie como uno de sus principales aliados en las elecciones de 2006, luego en la Asamblea Nacional Constituyente de 2007, y en los nuevos comicios presidenciales de 2009, pero ya el año pasado comenzaron los desencuentros, en especial acerca de la minería, la explotación petrolera y el manejo del agua.
El gobierno, con esperanzas de obtener inversión extranjera, sobre todo canadiense, para explotar las reservas de cobre y oro, promulgó el año pasado una Ley de Minería que, además de crear la Corporación Estatal Minera, permite concesiones de gran tamaño a compañías ecuatorianas y extranjeras.
Los indígenas, al igual que las organizaciones ambientalistas, se sintieron traicionados, pues creían tener un acuerdo con Correa de que se cerraría la puerta a las grandes explotaciones. En cuanto al agua, la Constitución de 2008 ordenó que el Poder Legislativo aprobara una nueva ley "que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, que incluirá los permisos de uso y aprovechamiento, actuales y futuros, sus plazos, condiciones, mecanismos de revisión y auditoría, para asegurar la formalización y la distribución equitativa de este patrimonio".
A pesar de haberse agotado los plazos establecidos en la carta magna, esa ley no ha sido expedida, y su borrador, que ha recibido duras críticas de la Conaie, se sigue discutiendo.
A su vez, comunidades indígenas y sus organizaciones cantonales y provinciales sostienen constantes controversias con la Secretaría del Agua, creada por el gobierno para administrar las concesiones hídricas para riego.
El petróleo también es una fuente de contiendas desde hace años porque su explotación en la Amazonia causó daños al ambiente de comunidades indígenas ancestrales que la habitan.
A los indígenas, junto a los ecologistas y a algunos estrechos aliados del presidente —como Alberto Acosta, que presidió la Asamblea Nacional Constituyente, y Fander Falconí, ministro de Relaciones Exteriores hasta febrero—, les molesta la política de Correa de continuar explotando el petróleo y abrir la minería a las transnacionales.
Los desencuentros con los indígenas llegaron a un punto crítico en septiembre, cuando falleció por heridas de bala el profesor indígena de la etnia shuar, Bosco Wizuma.
El hecho ocurrió durante una manifestación de protesta de los shuar (antiguamente conocidos como "jíbaros") en la Amazonia, en contra de la política "extractivista" del gobierno, y que fue duramente reprimida por la policía.
Una Comisión de la Verdad formada para establecer el origen de los disparos —que el gobierno sostiene provinieron de los propios manifestantes y la dirigencia indígena achaca a la policía— no ha producido resultados.
Las relaciones con los nativos amazónicos se agriaron más por el proceso que la Superintendencia de Telecomunicaciones siguió a la radioemisora de la Federación Shuar, La Voz de Arútam, cuya frecuencia estuvo a punto de ser suspendida por "incitación a la violencia".
La indignación creciente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) se tradujo en presiones a las otras dos ramas regionales de la Conaie, las de la Sierra y la Costa, para retirarse de las mesas de diálogo que el gobierno estableció después de la muerte de Wizuma.
Para Pedro Saad, analista político y ex miembro de la comisión de asuntos indígenas en el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), la dirigencia de la Conaie no va a obtener respuesta en la población indígena para un levantamiento, "al menos del modo unánime y monolítico al que estaba acostumbrada".
La estrategia de hacerlo progresivo es vista por Saad como una manera de ganar tiempo para trabajar con las bases del movimiento indígena, pues "una gran parte, sobre todo en la Sierra, sigue apoyando a Correa", dijo a IPS.
Saad ve en la decisión de la asamblea, el triunfo "del punto de vista de los amazónicos. Pero la gran mayoría de indígenas viven en la Sierra, por lo que preveo que, en caso de darse movimientos de protesta, estos serán fuertes en la Amazonia, moderados en la Sierra norte y nulos en el centro y sur de la Sierra y en la Costa".
Por su parte, Francisco Muñoz, profesor universitario y editor de la revista La Tendencia, que busca ser expresión de las fuerzas de centro-izquierda, dijo a IPS que el gobierno de Correa está perdiendo la posibilidad de representar a una base social importante.
Peor aún, apuntó Muñoz, el gobierno parece haber tomado la decisión de enfrentar al movimiento indígena y de no negociar con él, tal como antes lo hizo con los ecologistas.
"Temo que el gobierno se encamine por una línea de represión y de fuerza", afirmó, "y si es así, le creará dificultades graves a Correa dentro del propio bloque legislativo que ya muestra fisuras".
