Organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente sobre la muerte de un nigeriano que había solicitado asilo en Suiza y que murió al ser deportado. También demandan el cese de todas las operaciones de repatriación.
Según la policía del cantón de Zurich, Uzowulu se negó a abordar y "sólo pudo ser obligado por la fuerza". El nigeriano fue atado de piernas y brazos, y se le colocó un casco. Las autoridades informaron que "de pronto mostró problemas de salud". Fue desatado pero no pudo ser reanimado.
El director de la Oficina Federal para las Migraciones, Alard du Boys-Reymond, quien presenció la deportación, le dijo luego a la Televisión Suiza que la policía había actuado profesionalmente.
Sin embargo, testigos acusan a los agentes de haber actuado con brutalidad y "como animales". Tras la muerte de Uzowulu, la Oficina suspendió nuevos vuelos especiales de repatriación.
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Uzowulu es la primera víctima relacionada con deportaciones forzadas de Suiza en los últimos 11 años. En 1999, un palestino solicitante de asilo murió asfixiado tras ser atado y amordazado con cintas. Dos años después, un nigeriano falleció luego de que policías lo oprimieran contra el suelo.
Una primera autopsia del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Zurich no ofreció claras conclusiones sobre la muerte de Uzowulu. Las autoridades reconocieron que el nigeriano había estado en huelga de hambre en los días previos a su deportación. Sin embargo, sus compañeros de prisión dijeron que el joven se había negado a ingerir alimentos desde hacía más tiempo. Para Du Boys-Reymond, lo importante no era que Uzowulu hubiera estado o no en huelga de hambre, sino que había sido declarado en buenas condiciones de salud el día de su repatriación. En general, añadió, "sólo personas saludables pueden ser deportadas".
Christoph Hugenschmidt, en nombre de la organización defensora de los derechos humanos Augenauf, acusó de hipócrita a Du Boys-Reymond. "Hemos documentado decenas de casos en que personas enfermas o poco saludables han sido repatriadas", señaló.
La policía informó que Uzowulu estaba fichado como narcotraficante, pero Hugenschmidt respondió que el nigeriano nunca había sido condenado por un delito así, y acusó a las autoridades de calumnia y difamación.
Suiza se ha adherido al Acuerdo de Schengen sobre control de fronteras —que forma parte de la legislación de la Unión Europea e incluye a algunos terceros países—, pero no ha adoptado aún sus disposiciones, y por tanto sigue manteniendo detenidos a solicitantes de asilo hasta durante dos años antes de su repatriación.
Cristina Anglet, de la red de solidaridad Solinetz, y quien regularmente visita en el aeropuerto de Zurich a personas detenidas que esperan su deportación, señaló que, tras la muerte de Uzowulu, por lo menos 10 iniciaron huelga de hambre.
"Hice una visita el lunes (22 de este mes). En el cuarto piso, donde había en su mayoría africanos, casi todos rechazaron alimentos. Además, supe de personas que hacían huelga de hambre en el segundo piso", indicó.
Hugenschmidt dijo estar consternado por los esfuerzos de las autoridades suizas para minimizar la situación. "Alguien pudo haber muerto por las consecuencias de una huelga de hambre", señaló.
Varias organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, y partidos de izquierda cantonales exigen una investigación independiente sobre la muerte de Uzowulu.
Balthasar Glättli, secretario general de la organización no gubernamental Solidarité sans frontiers ("Solidaridad sin fronteras"), dijo preferir que la investigación sea hecha por un organismo internacional como el Comité contra la Tortura, de la Organización de las Naciones Unidas.
Como país adherido al Acuerdo de Schengen, Suiza está obligada a implementar la Directiva de Regreso, según la cual debe haber establecido un sistema efectivo de supervisión de repatriaciones para la primavera boreal de 2011.
Amnistía Internacional exige que no se realice ninguna deportación forzada sin una supervisión independiente.
Aun así, Glättli se muestra escéptico. "Supervisar sólo tiene sentido si los observadores comisionados están presentes durante todo el proceso. Preferiría que los deportados estuvieran acompañados por abogados que pudieran representarlos legalmente y defenderlos".
Glättli señaló que, durante las repatriaciones forzadas, los detenidos son por lo general atados. "Las autoridades toleran la muerte de personas", afirmó.
La organización de Glättli lamenta que el derecho de los individuos a su integridad física, y por tanto a su protección ante procedimientos de deportación potencialmente mortales, no es considerado algo más importante que el deseo de Suiza de expulsar a personas indocumentadas de su territorio.
