El régimen autocrático del presidente de Belarús, Aleksandr Lukashenko, montó una campaña de persecución contra opositores y defensores de derechos civiles en un intento por aferrarse al poder, advierten activistas. La Unión Europea (UE) parece tener las manos atadas.
La policía antimotines arremetió contra una manifestación el mes pasado y confiscó propiedades del partido que representa a la minoría polaca, en el marco de una ola represiva que durará hasta que Lukashenko logré mantener una vez más el sistema dictatorial, sostienen activistas.
"La minoría polaca es un tradicional blanco de ataques cuando se acercan las elecciones", señaló Olga Stuzhinskaya, directora de la no gubernamental Oficina para una Belarús Democrática, con sede en Bruselas. "Lukashenko tratará de frenar a la oposición antes de que pueda proponer ideas y obtener réditos políticos", aseguró.
También "la sociedad civil debe esperar presiones hasta las elecciones presidenciales de principios del año que viene", añadió Stuzhinskaya.
La policía allanó la semana pasada las oficinas del sitio de Internet opositor "Charter 97" y del independiente periódico Narodnaya Volya así como los domicilios particulares de tres periodistas vinculados a esos medios. El hecho motivó protestas del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, así como de otras organizaciones de derechos humanos.
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La república ex soviética de Belarús fue condenada por muchos gobiernos y organizaciones defensoras de los derechos humanos desde que Lukashenko llegó al poder en 1994. De hecho, suelen llamarlo el último dictador de Europa.
Líderes de la oposición terminaron en la cárcel, las elecciones presidenciales fueron consideradas fraudulentas por diversos observadores y los disidentes suelen ser reprimidos con violencia.
Varsovia y Minsk hace más de una década que tienen roces por los 400.000 polacos residentes en Belarús.
Lukashenko se molestó por el apoyo de Varsovia a los demócratas de Belarús. Como represalia arremetió contra organizaciones de derechos civiles de la minoría polaca y contra importantes figuras de esa comunidad. Algunas de ellas ocupan cargos clave en los partidos de oposición y en los medios de comunicación.
El presidente también acusó a la Unión de Polacos en Belarús (UPB) de ser la "quinta columna" de las potencias occidentales hostiles que tratan de fomentar una revolución que termine con su régimen.
Varsovia considera a la UPB como la voz oficial de los polacos en Belarús.
Los dirigentes polacos de ese país no se quejan de represión cultural, pese a que la mayoría son demócratas y favorables a Occidente. Pero desde hace años sus libertades civiles están restringidas.
"Lukashenko nunca reprimió a la comunidad polaca por razones nacionalistas ni étnicas y los bielorrusos suelen ser tolerantes hacia las minorías. La persecución obedece a motivos políticos y a su intención de aferrarse al poder", sostuvo Stuzhinskaya.
Las peores represiones y las más conocidas en el ámbito internacional fueron las de 2005, antes de las elecciones presidenciales. El mandatario expulsó a un representante de Varsovia, proscribió un periódico en idioma polaco y creó un grupo opositor de esa comunidad cuyos líderes respaldaban su régimen.
Ahora se teme que haya comenzado una campaña similar a la de hace cinco años. La policía antimotines fue enviada en enero a garantizar la seguridad de un tribunal que dictaminó la confiscación de una propiedad de la UPB.
Las protestas de dirigentes de ese partido derivaron en hostilidades y detenciones. Su líder Andzelika Borys debió esconderse para no ser arrestada. Pero la apresaron en febrero cuando se dirigía a una manifestación con otros 40 miembros de la agrupación.
Al día siguiente, la policía reprimió brutalmente una protesta en solidaridad con los disidentes, los opositores y los miembros de la UPB. Hubo más de 20 personas detenidas.
Varsovia trata de presionar al régimen de Lukashenko para que trate mejor a los polacos de Belarús. También advirtió a Minsk que tendría que hacer frente a sanciones de la Unión Europea (UE) si mantenía la represión.
La comunidad polaca no sólo sufre violaciones de derechos humanos, según algunos analistas, sino que son rehenes de un juego político que Lukashenko lleva adelante con la UE, y que va ganando.
Belarús fue invitada en 2009 a participar en el programa "Asociación Oriental" de la UE, pensado para estrechar vínculos con los países de Europa del este.
La invitación, que incluye asistencia financiera y comercial para atraer a las repúblicas ex soviéticas por miedo a que los años de aislamiento internacional las empujen hacia Rusia, su histórico aliado.
Lukashenko aceptó la oferta porque la economía de su país, uno de los más pobres de Europa, sintió el impacto de la crisis financiera global. Pero la medida enfureció Moscú que liquidó el apoyo político que le había garantizado el Kremlin y se desplomó el comercio entre ambos estados.
Una de las consecuencias esperada tras el acuerdo con la UE era que la situación de los derechos humanos mejorara. Hubo ciertos informes de instituciones extranjeras que trataron de señalar que las organizaciones de derechos civiles bielorrusas gozaban de mayor libertad.
Pero tras los problemas con la UPB, Minsk desestimó por completo las preocupaciones del bloque sobre el trato dispensado a la minoría polaca.
La condena de la UE sobre los últimos acontecimientos no "tienen nada que ver con la situación real", reza un comunicado divulgado por la cancillería bielorrusa a principios de este mes. Además acusa a la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, de tener una visión sesgada sobre la situación.
Las autoridades europeas informaron la semana pasada que en la asamblea parlamentaria del programa de Asociación Oriental no habría representantes de Belarús, aunque sí delegados de organizaciones opositoras y de la sociedad civil de ese país, incluida la UPB.
El hostigamiento contra el partido polaco muestra que Lukashenko está dispuesto a violar los derechos humanos y que no teme a las represalias de la UE, señaló Wojtek Borodzicz-Smolenski, del Centro de Relaciones Internacionales de Varsovia.
"Lukashenko le muestra a la UE que no puede hacer nada en su contra en materia de violaciones de derechos humanos ni actuar con dinamismo. En cambio, él puede exponer el doble discurso en la Asociación Oriental", en caso de ser desafiado, apuntó.
"No pueden excluir a Belarús del acuerdo y obviar a las otras dictaduras, las de Armenia y Azerbaiyán, que también pertenecen a la Asociación Oriental", explicó Borodzicz-Smolenski.
"Es un gran juego político para Lukashenko y va a demostrar que puede obtener lo que quiera de la UE", añadió.
"La vida para las organizaciones independientes será mucho más difícil el próximo año", dijo a IPS Katerina Spacova, directora de la organización Civic Belarús, con sede en Praga.
"A Lukashenko le importa más el poder en su propio país que mejorar las relaciones con la UE. Es una cuestión de prioridades. Es el rey en su Estado y quiere permanecer así y hará todo lo que tenga que hacer para frenar a la oposición antes de las elecciones", indicó.
"Habrá restricciones para las organizaciones no gubernamentales, para los medios de comunicación y para la sociedad civil", remarcó Spacova.
"La UE no tiene nada para presionarlo y él lo sabe", añadió.