Mientras se apagan las escenas de saqueos en algunas de las ciudades más golpeadas por el terremoto y el tsunami que afectaron al centro y sur de Chile el 27 de febrero, cientos de personas se organizan para socorrer voluntariamente a las víctimas.
Según el último reporte de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), las víctimas fatales del sismo grado 8,8 en la escala de Richter y el posterior maremoto del sábado suman 802, además de miles de heridos y dos millones de damnificados.
En el sitio de Internet del Ministerio de Relaciones Exteriores (http://www.minrel.cl) apareció una primera lista de personas fallecidas.
Cuatro días después de la tragedia, aún se descubren localidades arrasadas, especialmente en las costas de las regiones de El Maule y Bío-Bío, entre 200 y 500 kilómetros al sur de la capital, y continúan las labores de búsqueda de desaparecidos.
Lentamente se normalizan los servicios básicos y se amplía la distribución de ayuda, que para las víctimas y las autoridades locales ha sido tardía.
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También se van apagando los casos de pillaje.
Ante los saqueos e incendios a supermercados, tiendas, oficinas públicas y casas particulares, que se cometieron después del sismo, la presidenta Michelle Bachelet movilizó a más de 11.000 efectivos militares y decretó el estado de excepción en El Maule y Bío-Bío.
La radio y la televisión informaron de robos desde comida hasta electrodomésticos y artículos electrónicos, como televisores, especialmente en Concepción, capital del Bío-Bío.
El toque de queda —prohibición de circular por las calles entre determinadas horas—decretado en ciudades como Talca y Concepción parece haber contribuido a que de a poco retorne la calma a los sitios devastados por la catástrofe.
Sin embargo, algunas familias decidieron armarse por su cuenta para repeler eventuales ataques de otros pobladores. También hay denuncias de reventa de productos a precios exorbitantes.
Las imágenes de los militares tomando el control de las ciudades recordaron las peores escenas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Pero el temor ciudadano llegó a tal punto que habitantes de la combativa ciudad de Concepción, cuna de líderes de izquierda que lucharon contra el régimen militar, llegaron a aplaudir la llegada de las Fuerzas Armadas a la zona.
En la capital, sectores comerciales cerraron el martes sus puertas ante rumores de asaltos, por lo que el gobierno llamó a la ciudadanía a la tranquilidad, advirtiendo que la justicia será severa contra quienes delincan aprovechando de la tragedia.
"Estoy impresionada de la ausencia del Estado durante los primeros dos días de la tragedia", dijo a IPS Paulette Dougnac, de 27 años, aún en estado de conmoción tras vivir el terremoto en Concepción, dormir en un cerro soportando las fuertes réplicas y experimentar la desesperación por conseguir agua y comida, tras lo cual se dirigió a Santiago.
"No había nadie que nos diera información, que nos entregara ayuda. Por eso fue el descontrol. Yo tengo familiares a los que todavía no les llega nada", apuntó.
"A las seis de la mañana escuché al intendente de la región (Jaime) Tohá decir que no había riesgo de tsunami y llamaba a la gente a quedarse tranquila en sus casas, cuando ya había ocurrido. No sabía nada. Eso genera desconfianza en las autoridades", criticó Dougnac.
"Uno se sentía abandonada. Uno se pregunta cómo no había un plan para enfrentar estas tragedias, si se sabe que Chile es un país sísmico", cuestionó.
La Armada y la Onemi siguen enfrascadas en una polémica por las responsabilidades respecto a la tardía alerta de tsunami.
"Ha sido increíble el pillaje. No ha sido por necesidad sino por maldad", dijo a IPS Paulina Saavedra, cuya familia vive en Arauco, localidad costera del Bío-Bío que sufrió los embates del terremoto y tsunami.
"El piano de la casa de mis padres salió por la ventana, los muebles de la cocina se trasladaron a otra habitación, quedó todo en el suelo y las calles del pueblo se desnivelaron", relató la joven.
En diversos lugares hay gente que sigue clamando por agua y alimento, mientras los especialistas sanitarios anuncian la llegada de enfermedades infecciosas.
La presidenta Bachelet reconoció este miércoles que la ayuda no ha llegado con la velocidad necesaria por los problemas de comunicación y transporte.
Después de destacar que la magnitud de la tragedia es "enorme", por lo que toda ayuda se hace poca, el sociólogo Alberto Mayol esbozó ante IPS una explicación a los numerosos saqueos.
Además de responder en algunos casos al oportunismo delictivo, el experto cree que "en Chile hay una matriz cultural, una forma de ver la vida política y social, que de alguna manera vincula el hecho de haber sufrido un dolor intenso, una injusticia o una tragedia con la posibilidad de acceder a ciertos derechos".
"Esto proviene un poco de la cultura cristiana, y del modelo económico, que asume que el que está más mal merece más derechos y apoyos del Estado", explicó el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la estatal Universidad de Chile.
"Entonces cuando vienen las tragedias, y prácticamente toda la comunidad se ve afectada, la demanda de ayuda es muy grande, en consonancia con el nivel de dolor existente. Esto genera la legitimidad de poder hacer lo que no se está recibiendo, de tomar la justicia por la propia mano", apuntó.
A su juicio, otro hecho que deberá ser analizado en profundidad cuando pase la emergencia es la participación de las Fuerzas Armadas en la catástrofe y específicamente en "la forma en que se pide su concurrencia".
"Una cosa es que los militares puedan ayudar, que está muy bien, y otra cosa es que sean convocados para el orden público", analizó. Desde su perspectiva, es necesario estudiar "la búsqueda permanente de los militares como fuerza salvadora en tiempos de crisis".
En la otra vereda, se multiplican las iniciativas de socorro de parte de organizaciones sin fines de lucro y humanitarias, como Fundación Un Techo para Chile, Hogar de Cristo, Caritas Chile y Cruz Roja, así como de federaciones universitarias.
Entre el viernes y el sábado, se realizará la Teletón "Chile Ayuda a Chile" de 24 horas para juntar 15.000 millones de pesos (unos 20 millones de dólares) para construir 30.000 viviendas de emergencia para las víctimas.
Esta campaña benéfica liderada por el popular animador de televisión Mario Kreutzberger, conocido como "Don Francisco" y radicado en Estados Unidos, consiste en recolección de dinero entre la población a través de un programa televisivo.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Rafael Guilisasti, quien se reunió con la mandataria y otros dirigentes empresariales este miércoles, manifestó el compromiso del sector privado con la reconstrucción del país.
No hay problemas de abastecimiento, dijo el ministro de Hacienda, Andrés Velasco.
