Nicaragua dio un portazo a la discusión sobre reponer el aborto terapéutico como práctica médica, pese al reclamo generalizado que recibió en el Examen Periódico Universal que rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra esta semana.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) emitió el miércoles un informe llamando a Nicaragua a reforzar la protección de las mujeres y las niñas ante la violencia doméstica y sexual y a modificar su legislación para que sea más acorde con la normativa internacional. "Se debe permitir acceso efectivo a la justicia para las víctimas de violencia de género, dándoles protección judicial y estableciendo refugios tutelados para las víctimas de acuerdo con la legislación internacional al respecto", señaló.
El mismo día, el gobierno aceptó 68 de las recomendaciones que se le hicieron en el marco del Examen y se comprometió a examinar otras 41 antes de fines de junio de este año, cuando el informe nacional será adoptado formalmente en el marco del Consejo de Derechos Humanos.
Pero el lunes, cuando el gobierno nicaragüense dio a conocer la situación de su país en materia de libertades fundamentales ante los 47 países que conforman el Consejo, descartó reponer el aborto terapéutico (interrupción voluntaria del embarazo por riesgo de salud de la madre).
Ese mismo día, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a la delegación de Nicaragua estudiar la posibilidad de establecer excepciones a la prohibición general del aborto en casos terapéuticos y en embarazos derivados de violación o incesto.
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El organismo de la ONU manifestó al gobierno centroamericano su preocupación, además, por los altos índices de violencia contra la mujer y el acoso a periodistas y a defensores de derechos humanos.
"El Comité contra la Tortura expresó su profunda preocupación por la prohibición general del aborto en el Código Penal, incluso en casos de violación, incesto o embarazos que amenazan la vida de la mujer, que en muchos casos resultaban directamente de crímenes relacionados con la violencia de género", advirtió la oficina de la Alta Comisionada.
Países como Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Suecia, México, Finlandia, Holanda y Francia llamaron al gobierno nicaragüense a considerar la despenalización del aborto en casos en que peligre la vida de la madre y cuando el embarazo sea producto de violación o incesto.
La delegación nicaragüense escuchó todos los señalamientos y dijo "tomar nota de ellos", pero en definitiva descartó restablecer la figura del aborto terapéutico y negó otras acusaciones por medio de la jefa de la misión, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales.
"Las transformaciones legales y las nuevas disposiciones referidas al aborto en Nicaragua son el resultado del ejercicio de la soberanía en nuestro país, no se trata de un asunto de carácter religioso", señaló la ministra Morales.
"La mayoría de los ciudadanos nicaragüenses consideran que es importante el derecho a la vida del no nato, que es también un ser humano con goce del derecho a la vida, que el aborto no es un método apropiado de control de la natalidad", reiteró la funcionaria en el séptimo periodo se sesiones de Examen Periódico Universal, que se extenderá hasta el 19 de este mes.
En octubre de 2006, la Asamblea Nacional legislativa aprobó una ley anulatoria del artículo 165 del Código Penal de 1893, que establecía el aborto terapéutico como figura legal. Desde entonces, quienes incurran en él pueden ser castigados con cuatro a ocho años de prisión.
La decisión se tomó en medio de la campaña electoral para los comicios que ganó el actual presidente izquierdista Daniel Ortega.
En esa coyuntura, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega se alió con sectores de la Iglesia Católica y del segundo mayor partido, el derechista Liberal Constitucionalista, para abolir la figura del aborto terapéutico.
La postura invariable del gobierno en Ginebra provocó reacciones de descontento en organizaciones feministas.
La vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, que viajó a Ginebra, dijo en Managua a IPS deplorar "que el gobierno sandinista llegara a mentir tanto sobre la situación del país".
Fátima Millón, de la centroamericana Red de Mujeres Contra la Violencia, con sede en Managua, dijo a IPS que el gobierno se debería retractar de su informe pues está lleno de "datos y argumentos falsos".
Millón acusó a Managua de manipular y retardar la administración de justicia al posponer por más de tres años los fallos sobre decenas de recursos de de inconstitucionalidad presentados contra la penalización del aborto, que interpusieron más de 12 organizaciones feministas, médicas y de derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia nicaragüense aún no ha emitido dictámenes en ningún caso.
Investigadores de Amnistía Internacional concluyeron que en Nicaragua la prohibición absoluta del aborto afecta sobre todo a niñas y adolescentes víctimas de violación o incesto.
Según un estudio de realizado entre 2005 y 2007, citado por Amnistía, 1.247 niñas fueron violadas o víctimas de incesto en Nicaragua.
De acuerdo a los datos del informe, 198 de estos delitos acabaron en embarazo y la mayoría de las niñas, 172, tenían entre 10 y 14 años.
Según reportes de Human Rights Watch (HRW), en Nicaragua fallecen 170 madres por cada 100.000 niños nacidos vivos al año.
HRW sostuvo que casi 40 por ciento de las defunciones maternas en las zonas rurales se producen entre niñas y adolescentes menores de 19 años, y se registra "un aumento sistemático de los fallecimientos por causas obstétricas indirectas".
Junto a Nicaragua, otros Estados que no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia son Andorra, Chile, El Salvador, Filipinas y Malta.
Otras naciones que se pronunciaron en la sesión que abordó la situación de Nicaragua en Ginebra, como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, México, España y Chile, expresaron preocupación por el aumento de los asesinatos y agresiones contra mujeres e instaron al gobierno a prevenirlos y sancionarlos.
En esta materia, el informe de la Alta Comisionada sostuvo que en 2009 el Comité contra la Tortura estaba preocupado por el aumento de los asesinatos de mujeres en los últimos años.
El equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que en 2009 45 mujeres habían muerto por violencia familiar y delitos comunes.
El Examen Periódico Universal fue instaurado por la Asamblea General de la ONU el 15 de marzo de 2006, cuando creó el Consejo de Derechos Humanos.
Su finalidad es revisar, cada cuatro años, el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de los 192 Estados miembros de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos también demandó a Nicaragua desarrollar programas especializados en las Fuerzas Armadas, mejorar el sistema carcelario, reforzar la seguridad alimentaria, incentivar acciones contra las demostraciones de racismo y velar por los derechos de las minorías étnicas, especialmente los indígenas.
De igual forma, solicitó protección expresa para periodistas y defensores de los derechos humanos.
