Un fallo de la Corte Suprema de Canadá, que ordenó a las empresas mineras de ese país presentar estudios de impacto ambiental exhaustivos, abrió expectativas de organizaciones ecologistas de Guatemala de auditar proyectos canadienses en operación y trámite.
La sentencia concluyó que una evaluación ambiental del proyecto minero Red Chris, que procesaría 30.000 toneladas métricas de minerales al día en una zona prístina de la occidental provincia canadiense de Columbia Británica, había sido fragmentada ilegalmente, lo cual impidió conocer el verdadero impacto de la obra.
"Los grandes proyectos mineros están obligados a tener una evaluación de impacto ambiental exhaustiva, sin fragmentarlos, y garantizar la participación pública", resolvió el máximo organismo de justicia canadiense el 21 de enero.
La resolución fue recibida con mucha expectativa por organizaciones ecologistas en Guatemala, donde operan dos mineras de capital canadiense, ya que ven en ella un precedente para mejorar los controles ambientales de la minería y tomar en consideración la participación comunitaria.
"El fallo constituye una especie de presión para que las empresas canadienses cumplan con el ordenamiento jurídico y no traten de ocultar los impactos reales de sus actividades en el ambiente", dijo a IPS Uriel Miranda, asesor legal de la Comisión Pastoral de Paz y Ecología, y miembro de la Mesa de Diálogo sobre Minería.
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En medio de una fuerte oposición comunitaria, Montana Exploradora, de propiedad de la canadiense Goldcorp, comenzó en diciembre de 2005 la extracción de oro y plata a cielo abierto en la mina Marlin, ubicada en el suroccidental departamento de San Marcos, fronterizo con México.
Mientras que Entre Mares, otra filial de la corporación canadiense, se alista para iniciar la extracción de metales preciosos en el departamento de Jutiapa, limítrofe con El Salvador en el sudeste, lo cual ya ha generado rechazo en varios sectores del vecino país.
Miranda explicó que Goldcorp debe cumplir la sentencia puesto "que ellos mismos hablan de responsabilidad social empresarial, entonces esperamos que, como mínimo, al solicitar la aprobación de un estudio de impacto ambiental, lo hagan con los mismos parámetros que ha ordenado la resolución", reclamó.
El fallo ha alertado a los ambientalistas al punto que sus asesores jurídicos están analizando sus alcances, así como la posibilidad de denunciar ante la justicia canadiense las irregularidades en que pudieran incurrir sus empresas en otros países.
"Estamos analizando si hay jurisdicción para demandar deficiencias en los estudios de impacto ambiental que pueda solicitar Goldcorp porque tiene dos proyectos en operaciones, pero además tiene otras licencias de exploración vigentes", dijo Miranda.
La directora de la organización ecologista Savia, Magalí Rey Rosa, dijo a IPS que la sentencia canadiense podría sentar jurisprudencia.
"Se podría ir a una corte canadiense para reclamar que las empresas de ese país no están haciendo lo que ordenó" el tribunal supremo, señaló.
La activista fue más allá puesto que la resolución canadiense, según ella, puede ser el punto de partida para indagar sobre los informes de impacto ambiental y procedimientos de otras compañías mineras, como la Compañía Guatemalteca de Níquel, también de capitales canadienses.
Para Rey Rosa, el daño que ha dejado hasta ahora la minería en este país no se puede cuantificar. "Nos ha dejado serios conflictos sociales, nacimientos de agua que se han secado, casas rajadas (fisuradas) y unos míseros centavos", se quejó.
Según la Ley de Minería, las empresas deben pagar al Estado uno por ciento de las regalías del producto comercializado, del cual 50 por ciento se debe entregar a la municipalidad propietaria de los terrenos donde opera la mina.
Mientras Goldcorp reportó en 2008 unos 258 millones de dólares en ingresos y 100 millones de dólares en utilidades, solo por la mina Marlin, San Miguel Ixtahuacán, el municipio donde está ubicado el yacimiento, recibió en el mismo año alrededor de un millón de dólares.
El despegue que ha tenido la industria minera en este país centroamericano ha sido vertiginoso.
En 2009 permanecían vigentes 259 licencias de explotación, de las cuales más de la mitad (141) correspondían a minerales metálicos, mientras que otras 383 licencias, entre recursos metálicos y no metálicos, estaban en trámite, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
El fallo canadiense es considerado clave para mejorar los controles de la industria minera no solo en Guatemala, sino en todo el mundo.
"Esperamos que se tenga en cuenta la sentencia en todos los proyectos mineros canadienses que se desarrollan en el hemisferio, pues establece un nuevo estándar de operaciones que debe ser acatado y que concuerda con la legislación y los estándares internacionales", dijo a IPS el abogado Jacob Kopas, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
Goldcorp tiene gran presencia en América Latina, con proyectos en operación y desarrollo en Argentina, Honduras, México y República Dominicana.
A ella se suman varias corporaciones canadienses como Meridian Gold, Glencairn Gold y Barrick Gold, propietaria de la controvertida mina Pascua Lama en la frontera de Chile y Argentina, además de otros yacimientos en Perú, resistidos por ambientalistas y comunidades locales.
Kopas destacó que si bien para efectos legales la sentencia no es directamente aplicable a empresas que operan fuera de Canadá, debe tenerse en consideración por todas las empresas mineras, especialmente las oriundas de ese país norteamericano.
En el parlamento canadiense está en discusión el proyecto de ley de Responsabilidad Corporativa de Corporaciones Mineras, Petroleras y de Hidrocarburos en Países en Vías de Desarrollo, el cual pretende regular la minería canadiense fuera de ese país según estándares ambientales internacionales y de derechos humanos, señaló el abogado.
El asesor del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, Rafael Maldonado, dijo a IPS que el fallo canadiense es de vital importancia no solo para mejorar los estudios de impacto ambiental, sino para obligar a la intervención directa de las comunidades aledañas a los yacimientos.
En la otra vereda, la empresa Montana Exploradora sostiene que existe manipulación de la información derivada del fallo.
"Vemos con preocupación la forma en que grupos opositores manipulan la información sobre ese caso, donde la Corte Suprema canadiense se pronuncia sobre la capacidad de una autoridad federal para determinar el tipo de proceso de evaluación ambiental a seguir", dijo su portavoz, Maritza Ruiz.
Mientras, los líderes comunitarios siguen alzando la voz contra los efectos nocivos de la minería. "No es una rebeldía. No nos estamos oponiendo a la actividad minera sino a las consecuencias que está provocando, comenzando por los conflictos sociales que han dejado a nuestras familias divididas", dijo a IPS la líder Maudilia Cardona, del municipio de San Miguel Ixtahuacán, donde opera la mina Marlin.
